El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, exigió este sábado 14 de marzo de 2026 al Partido Popular que acelere las negociaciones para formalizar un pacto de gobierno en la comunidad. La petición llega tras la aprobación por parte del Ejecutivo en funciones de un decreto‑ley, consensuado con Vox, para garantizar el funcionamiento de la Administración autonómica durante el periodo interino. El objetivo declarado es evitar la paralización de servicios públicos y sortear el riesgo de una repetición electoral que, según ambas formaciones, generaría incertidumbre.

El Consejo de Gobierno extraordinario aprobó el decreto‑ley con el fin concreto de adaptar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, a las necesidades de un gobierno en funciones, según fuentes de la Junta. La medida permite mantener la operatividad de los servicios esenciales y evitar que los ciudadanos vean perjudicada la atención pública en la fase de transición política. Desde Vox se ha presentado la norma como una solución temporal y práctica mientras se negocia una coalición.

La portavoz de la Junta en funciones y consejera de Hacienda, Elena Manzano, defendió el recurso al decreto‑ley como una actuación responsable que prioriza la prestación de servicios y el crecimiento de Extremadura. Manzano subrayó que la norma cuenta con los informes favorables de la Abogacía de la Junta y con todas las garantías jurídicas necesarias para su aplicación. Para la representante del Ejecutivo, la aprobación también evidencia una «predisposición total» del gobierno autonómico a avanzar en acuerdos con Vox.

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Desde la bancada de Vox, Óscar Fernández insistió en que su formación desea cerrar cuanto antes un acuerdo que permita constituir un Ejecutivo estable y ejecutar políticas concretas. «Si es mañana, mucho mejor que pasado», afirmó en declaraciones públicas, al tiempo que remarcó que para su partido lo prioritario es definir el contenido programático y los calendarios de aplicación antes que el reparto de cargos. La petición llega apenas una semana después de la fallida investidura de la candidata popular.

La propuesta de Vox se enmarca además en un calendario político con comicios en otras comunidades que pueden condicionar las negociaciones nacionales y autonómicas. Con las votaciones en Castilla y León en el horizonte y las andaluzas aún por convocar, PP y Vox intentan evitar una nueva cita electoral que complicaría la gobernabilidad regional. Ambas formaciones, según los interlocutores consultados, han decidido trabajar de forma discreta, intercambiando documentos y puntos de vista lejos del foco mediático.

El decreto aprobado modifica puntos puntuales de la normativa autonómica para que la Administración en funciones pueda adoptar decisiones imprescindibles sin vulnerar las restricciones legales propias de un Ejecutivo interino. Los portavoces insistieron en que las medidas son temporales y no pretenden suplantar la obligación de formar un gobierno legítimo mediante un acuerdo parlamentario. La Junta defendió además que la vía elegida evita vacíos administrativos que afectarían a servicios básicos.

En el plano político, la presión de Vox pone al PP ante una encrucijada: cerrar rápidamente un pacto con la extrema derecha para garantizar estabilidad o alargar las conversaciones con el riesgo de frustrar la investidura y provocar nuevas elecciones. La referencia del portavoz de Vox a los pasos a seguir —primero el qué, después el cómo y el cuándo, y por último el quién— aludía también a las prioridades marcadas por la dirección nacional de su formación, en las que ha intervenido públicamente Santiago Abascal.

Por ahora, Vox no ha fijado un plazo formal para rubricar el acuerdo y el PP regional mantiene una estrategia de negociación que procura no dejarse arrinconar. Fuentes de ambos partidos señalan que la interlocución continuará en los próximos días con el objetivo de concretar medidas y calendarios que permitan la gobernabilidad de Extremadura sin generar más incertidumbre social ni administrativa. Si las conversaciones fracasan, la opción de repetir elecciones sigue sobre la mesa con consecuencias difíciles de prever para el mapa político regional.