Una semana después del fracaso de la investidura en la Asamblea de Extremadura, el líder de Vox en la comunidad ha dicho este viernes en Cáceres que las conversaciones con el Partido Popular avanzan y que el pacto de gobierno podría cerrarse en breve, ante la presión del calendario político. La comparecencia se produjo dos días antes de las elecciones autonómicas en Castilla y León y, según el dirigente, la intención es evitar una repetición electoral en la región. El portavoz destacó que el actual escenario de contactos, más discreto y directo, facilita el entendimiento entre las formaciones. Además, anunció medidas prácticas para garantizar el funcionamiento de la administración mientras no hay un Ejecutivo plenamente constituido.

En su intervención, Óscar Fernández Calle subrayó que las negociaciones con el PP se han intensificado y que el clima ha cambiado respecto a las semanas anteriores, cuando la investidura de la candidata popular quedó bloqueada. El dirigente regional señaló que, cuando las conversaciones se desarrollan sin filtraciones y con interlocutores cara a cara, los acuerdos se alcanzan con mayor facilidad. Fernández Calle insistió en que Vox mantiene sus reclamaciones sobre la mesa desde enero y que ahora se busca cerrar un documento de gobierno que permita poner en marcha políticas estables para la comunidad.

El anuncio llega tras el intento fallido de investir a la candidata del PP, María Guardiola, que la semana pasada no consiguió sumar los votos necesarios para ser presidenta. Ese revés abrió un plazo de dos meses durante el cual los grupos pueden intentar desbloquear la situación antes de que se convoquen nuevas elecciones autonómicas. Fuentes de Vox describen el momento como crítico pero negociable, y recalcan que la formación no persigue la convocatoria anticipada de urnas como solución.

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Según Fernández Calle, el objetivo inmediato es cerrar un acuerdo que evite la incertidumbre institucional y permita a la Junta retomar proyectos y convocatorias paralizadas. Para ello, el portavoz defendió un método de diálogo personal y directo entre representantes de ambos partidos, con intercambio de información necesario para perfilar compromisos programáticos. La estrategia, a su juicio, se diferencia de la etapa previa en la que los intercambios públicos y las tensiones amenazaron con enquistar la negociación.

El dirigente regional también puso el acento en la responsabilidad ante los ciudadanos: aseguró que Vox no desea ni favorecer ni alargar unas nuevas elecciones, y que su prioridad es que Extremadura cuente con un gobierno cuanto antes. Admitió, no obstante, que persisten discrepancias en asuntos clave que deben resolverse para firmar un pacto estable. En su valoración política, el calendario autonómico y el resultado de comicios en otras comunidades pueden influir en las posiciones de las partes en las próximas jornadas.

Fuentes parlamentarias consultadas explican que la negociación se desarrolla en un nuevo marco de discreción que incluye reuniones bilaterales y un intercambio de propuestas concreto, lejos del formato de la campaña pública que tensionó las posturas. Ese cambio de tono, según los interlocutores, ha propiciado un acercamiento que hace pensar a Vox que la firma del acuerdo es cada vez más factible. Aun así, las conversaciones mantienen puntos abiertos que exigirán concesiones mutuas para cerrar un pacto estable.

Paralelamente a las conversaciones políticas, Vox y la Junta de Extremadura han pactado la aprobación de un decreto ley destinado a garantizar el funcionamiento ordinario de la administración regional durante el periodo de interinidad. La reforma normativa modifica la Ley 4/2015 para permitir que la Administración continúe tramitando subvenciones y otros procedimientos administrativos sin paralizaciones que perjudiquen a los ciudadanos.

La medida busca evitar que la ausencia de un gobierno plenamente constituido afecte a pagos, ayudas y trámites esenciales, y ha sido presentada como un gesto de responsabilidad institucional por parte de los implicados. Mientras persisten las negociaciones para conformar un Ejecutivo regional, la Junta y Vox apuestan por mantener operativa la Administración y minimizar el impacto sobre la población, en un escenario donde la presión política y los plazos legales marcan el ritmo de las conversaciones.