El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha centrado en Castilla y León una campaña diseñada para afianzar la presencia del partido y tratar de captar hasta el 20% del electorado en las elecciones autonómicas de marzo de 2026. Desde la precampaña hasta el cierre, Abascal ha permanecido en la comunidad, multiplicando los actos y subrayando su rechazo al acuerdo de Mercosur como eje para conectar con el mundo rural. La estrategia persigue que Vox sea imprescindible para que el Partido Popular mantenga la Junta, un feudo conservador que gobierna desde 1987.

En los últimos días el líder de la formación ha recorrido comarcas y municipios, y visitó localidades como Treviño, en la provincia de Burgos, acompañado por el candidato regional Carlos Pollán. La presencia constante en el territorio, según la dirección de campaña, busca trasladar la idea de que Vox es la alternativa fiable en las zonas donde el sector primario sigue marcando la vida social y económica. La táctica replica actuaciones anteriores en Extremadura y Aragón, donde la repetición y la visibilidad local dieron réditos electorales.

El antecedente más cercano es el resultado de 2022, cuando Vox obtuvo alrededor del 17% en Castilla y León y facilitó la entrada en el Gobierno regional de Juan García-Gallardo como primer vicepresidente autonómico de la formación. Esa posición institucional marcó un hito en la expansión de Vox y hoy la dirección del partido considera que hay margen para crecer otros puntos y aspirar al 20%, una cota que convertiría a la formación en actor decisivo en cualquier configuración futura de la Junta.

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La oposición rotunda al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur es uno de los caballos de batalla que Abascal ha utilizado para conectar con el electorado rural, preocupado por la competencia agrícola y ganadera. En este asunto, Vox acusa al PP de excesiva «tibieza» y reclama medidas más contundentes; desde Génova, sin embargo, se ha intentado matizar el apoyo y subrayar la existencia de cláusulas de salvaguarda que, dicen, protegen al sector. Esa disputa sobre el terreno agrario se ha convertido en un elemento central de la batalla por los votos en el medio rural.

El líder de Vox ha desarrollado una campaña de pegada intensa: actos dobles o triples diarios, entrevistas y desplazamientos continuos para fijar su relato. La apuesta por la presencia física se entiende como necesaria para contrarrestar la percepción de que la formación es meramente nacional; en Castilla y León han querido subrayar la cercanía con los problemas locales, desde los precios de la energía hasta la despoblación. Esa inmersión territorial también pretende neutralizar el desgaste que puede provocar la convivencia con el PP en otras comunidades.

Un factor que puede condicionar la aspiración al 20% es la competencia por la derecha. En Aragón, el pasado 8 de febrero, la plataforma Se Acabó la Fiesta (SALF), ligada al agitador Alvise Pérez y que obtuvo casi el 3% de los votos, restó apoyos a Vox; esa misma plataforma concurre ahora en Castilla y León, con lo que existe el riesgo de fragmentación del electorado de corte identitario. Alvise Pérez, eurodiputado desde 2024, no se presentó en diciembre en Extremadura, pero sí figura en las candidaturas para estas autonómicas, lo que complica las estimaciones.

Además de la competencia interna en la derecha, el contexto internacional también se cita en la campaña: la coincidencia temporal con el retorno de figuras como Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se interpreta por algunos analistas como un viento a favor de los mensajes de Vox en clave de seguridad y orden. No obstante, los expertos electorales recuerdan que la traducción de tendencias globales en votos locales no es automática y que la distribución del electorado por provincias será determinante.

La dirección del PP observa con atención la evolución del voto y ha adaptado su discurso, enfatizando las salvaguardias europeas y evitando concesiones explícitas que puedan reforzar a Vox en la percepción de los votantes moderados. En ese marco, la posible entrada de Vox en una posición de fuerza obligaría a pactos de gobierno o acuerdos puntuales que condicionen la acción de la Junta. A falta de las urnas, la campaña en Castilla y León se presenta como un examen de la capacidad de Vox para transformar la movilización territorial en apoyos electorales decisivos.