La compañía catalana de cargadores para vehículos eléctricos Wallbox ha comunicado esta semana la apertura de un preconcurso de acreedores ante el juzgado mercantil de Barcelona para ganar tiempo en la renegociación de su deuda y proteger sus cuentas frente a los acreedores. El trámite, presentado tras meses de pérdidas y dificultades para cerrar acuerdos definitivos con la banca, llega cuando la empresa atraviesa una situación financiera delicada que obliga a buscar una solución ordenada a corto plazo. La decisión se ha hecho efectiva en los últimos días y pretende blindar la actividad mientras se negocian plazos y quitas con las entidades financieras.

Según fuentes judiciales y financieras consultadas por la prensa, Wallbox ha registrado la «comunicación formal de apertura de negociaciones con los acreedores» ante el juzgado mercantil número 9 de Barcelona, paso que en la práctica equivale a la entrada en preconcurso. La sociedad arrastra un pasivo importante con distintas entidades y, según la información disponible, adeuda alrededor de 170 millones de euros a bancos y organismos que incluyen tanto entidades españolas como internacionales.

La compañía, fundada en Cataluña y centrada en soluciones de carga para el vehículo eléctrico, mantiene desde hace meses que la medida pretende ordenar la negociación con su red de acreedores y preservar puestos de trabajo y suministros. El consejo de administración, que está liderado por Enric Asunción, ha considerado que el preconcurso ofrece un marco legal para canalizar acuerdos y evitar ejecuciones singulares que puedan poner en riesgo la continuidad. Fuentes cercanas a la dirección subrayan que la intención es reestructurar el pasivo y lograr una viabilidad a medio plazo.

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En paralelo, representantes de los trabajadores han trasladado su sorpresa por la presentación del preconcurso, al asegurar que la dirección no les comunicó previamente la medida. La tensión interna se ha visto incrementada por los cambios en la cúpula: en los últimos meses se han producido salidas relevantes del consejo de administración, con varias dimisiones que han generado inquietud entre la plantilla y los proveedores. El mutismo oficial de la compañía en algunos momentos ha complicado la coordinación con los empleados y los delegados sindicales.

Las cuentas muestran una caída de ingresos y una reducción de pérdidas que, sin embargo, no han sido suficientes para devolver la confianza plena a los acreedores. Los ingresos se redujeron de 163 millones en 2024 a 145 millones en 2025, mientras que las pérdidas se moderaron desde 59,9 millones hasta 29,5 millones en el mismo periodo. Pese a esa mejora relativa, las fuentes financieras advierten de que la compañía sigue con un ritmo de consumo de efectivo que exige ajustes profundos en su estructura financiera y operativa.

En las negociaciones con la banca, Wallbox ha topado con resistencias especialmente notables por parte de algunos acreedores internacionales, según han explicado interlocutores cercanos al proceso. Entre las entidades a las que la empresa debe dinero figuran grandes bancos nacionales y organismos como el Instituto de Crédito Oficial o el Institut Català de Finances, además de entidades privadas que han mostrado posturas distintas a la hora de aceptar prórrogas o reprogramaciones. Un acuerdo parcial con varios bancos fue anunciado el pasado diciembre, pero no bastó para cerrar la totalidad del pasivo.

El declive en la valoración de Wallbox contrasta con el apogeo que vivió hace unos años, cuando llegó a figurar entre los unicornios más destacados del ecosistema tecnológico catalán, con una valoración superior a los tres mil millones de euros. La desaceleración en la adopción del vehículo eléctrico en algunos mercados y las dificultades globales de la cadena de suministro han castigado a todo el sector, pero la compañía ha destacado por su exposición a esos riesgos y por la necesidad de financiación adicional para sostener su crecimiento internacional.

El preconcurso abre ahora un periodo de negociaciones que puede desembocar en distintas soluciones: una reestructuración acordada con los acreedores, la entrada de nuevo capital o, si no se alcanzan entendimientos, la solicitud de concurso de acreedores. Analistas del sector recuerdan que la medida busca evitar el escenario más traumático y permitir tiempo para una reordenación pactada, aunque advierten de que la resolución dependerá del grado de flexibilidad que muestren los prestamistas. De momento, la compañía no ha ofrecido un comunicado detallado sobre el plan de viabilidad ni sobre el impacto que esta situación tendrá en su red comercial y en eventuales actividades en Galicia.