La Xunta de Galicia, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y representantes del sector mar-industria se reunieron este martes en Santiago para articular una respuesta conjunta frente a la reforma del Reglamento de Costas que el Gobierno ha sometido a información pública. Las instituciones gallegas denuncian que las nuevas reglas, según su interpretación, reducirían el número y la duración de las concesiones en el litoral, creando inseguridad jurídica y poniendo en riesgo inversiones ya planificadas. El encuentro busca coordinar actuaciones para influir en el trámite y defender los intereses económicos y sociales de la comunidad autónoma.

La cita, prevista con antelación a la publicación del texto, sirvió para poner en común las primeras impresiones y preparar alegaciones. Fuentes de la Xunta explicaron que, aunque la convocatoria no respondía exclusivamente a la difusión del borrador, sí aceleró la necesidad de que las empresas y la administración autonómica hablen con una sola voz. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto ahora el plazo de consulta pública de una norma que pretende, según el Ejecutivo central, adaptar la normativa estatal a exigencias comunitarias.

La conselleira de Medio Ambiente advirtió de las consecuencias económicas y sociales que, a su juicio, tendría la reforma en Galicia. Ángeles Vázquez señaló que limitar la vigencia de las concesiones y impedir prórrogas automáticas podría frenar proyectos, reducir la actividad en sectores vinculados al litoral y desincentivar nuevas inversiones. La conselleira se comprometió a trabajar de la mano del tejido empresarial para revertir lo que considera un planteamiento excesivamente restrictivo.

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Desde la patronal, la preocupación fue similar. Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, avanzó la intención de coordinar medidas con la Xunta para evitar interpretaciones que, en su opinión, restringirían la posibilidad de desarrollar actividades económicas en el litoral. La CEG teme que cambios en los requisitos administrativos o en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre compliquen la continuidad de concesiones vinculadas a puertos, marinas, acuicultura y servicios de playa.

El texto remitido al trámite de información pública incluye, entre otras medidas, la prohibición de otorgar concesiones por más de 75 años y la eliminación de prórrogas automáticas, una respuesta que el Gobierno justifica en la necesidad de corregir irregularidades señaladas por la Comisión Europea. El Ejecutivo central sostiene que la modificación busca armonizar la normativa española con las exigencias comunitarias y cerrar un posible procedimiento sancionador sobre la gestión de concesiones.

En Galicia, sin embargo, los sectores afectados alertan de que la limitación temporal y el endurecimiento de requisitos pueden traducirse en pérdida de valor de activos y en dificultades para financiar proyectos a largo plazo. Empresarios del mar y del turismo costero consideran que la incertidumbre normativa incrementa el riesgo financiero y puede frenar modernizaciones necesarias en instalaciones portuarias, infraestructuras pesqueras y negocios turísticos en primera línea de costa.

La estrategia de la Xunta y la patronal es, por ahora, la de presentar alegaciones conjuntas y reclamar un diálogo más profundo con el Ministerio antes de que la reforma avance. En el encuentro se acordó también que el sector remitirá estudios técnicos y propuestas concretas para matizar el alcance de las restricciones planteadas y evitar efectos no deseados sobre la economía local. La administración autonómica prevé, además, monitorizar el proceso y explorar todas las vías administrativas para defender los intereses gallegos.

El debate de fondo, que trasciende a Galicia, enfrenta dos objetivos: por un lado la protección del dominio público y el cumplimiento de obligaciones europeas; por otro, la necesidad de garantizar seguridad jurídica y condiciones estables para la inversión costeña. La tensión entre ambos planteamientos se ha manifestado ya en otras comunidades y promete convertirse en asunto central durante el periodo de exposición pública del reglamento.

La Xunta y la CEG anunciaron que seguirán de cerca el calendario del Ministerio y que harán públicas sus propuestas antes de que concluya el plazo de consulta. Mientras tanto, los actores del litoral esperan que el proceso permita incorporar matices técnicos que compatibilicen la preservación del litoral con la continuidad de actividades económicas que dependen de concesiones administrativas históricas.