El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, informó en comisión parlamentaria el 13 de marzo de 2026 que el 61,3% de las solicitudes de ayudas dirigidas a explotaciones agrarias, ganaderas y apícolas afectadas por los incendios de la ola de agosto están ya en trámite. De las 1.550 peticiones registradas en Galicia, 950 se hallan en tramitación para evaluar daños y fijar indemnizaciones, una medida destinada a paliar pérdidas de animales, maquinaria y alimentación. La mayor parte de las solicitudes proceden de la provincia de Ourense, epicentro de la ola de fuegos, aunque la convocatoria abarca a explotaciones de toda la comunidad. El anuncio tuvo lugar en respuesta a preguntas de la diputada del PSdeG.

Según el balance facilitado por la Consellería, los expedientes que están en tramitación suman una previsión de pago de 3,69 millones de euros, mientras que hay otros setenta expedientes que están listos para ser aprobados por un importe estimado de 0,5 millones. El conselleiro detalló además que 297 solicitudes han sido aprobadas por una cuantía aproximada de 1,19 millones de euros y que, hasta la fecha, se han abonado 233 expedientes por un total de 1.844.906 euros. Balseiros reiteró el compromiso de la Xunta de tramitar y pagar todas las indemnizaciones que cumplan los requisitos administrativos y técnicos establecidos.

La distribución provincial de las solicitudes refleja la intensidad del impacto: 1.358 registros corresponden a Ourense, 158 a Lugo, 23 a Pontevedra y 11 a la provincia de A Coruña, según los datos aportados en la comisión. El responsable autonómico explicó que muchas solicitudes incluyen más de una línea de ayuda —por ejemplo, reposición de maquinaria junto con indemnización por animales muertos o por pérdida de alimentación— y que en numerosos casos las peticiones abarcan explotaciones situadas en varios concellos. Esa complejidad multiplica las actuaciones necesarias para verificar cada daño y complica la secuencia administrativa.

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En la comparecencia, Balseiros detalló las principales causas de la lentitud en la tramitación: la presentación mayoritaria de solicitudes en soporte papel, lo que obliga a su digitalización y encarece los tiempos, y la necesidad de requerir documentación adicional en la práctica totalidad de los expedientes. Asimismo, subrayó que en muchos casos es preciso realizar inspecciones de campo en dos momentos distintos, primero para constatar que la parcela o instalación sufrió incendio y después para verificar la reposición de bienes, como la adquisición de maquinaria dañada. Ese doble control, dijo, explica por qué el proceso no puede acelerarse sin vulnerar las normas.

La diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta advirtió en el pleno del Parlamento de una situación «muy complicada» para agricultores y ganaderos ante la espera de las ayudas, enfatizando que la alimentación del ganado es una necesidad diaria y que los retrasos agravan las pérdidas. Ante esas críticas, el director xeral defendió la actuación de la Xunta: aseguró que fue la primera administración en publicar la orden de ayudas para paliar los daños y subrayó que, pese a la urgencia, las actuaciones deben respetar la legalidad vigente. También atribuyó parte del retraso a la tardanza en las aportaciones y coordinación del Gobierno central, así como a la gestión de otras emergencias climáticas.

Para ilustrar la dimensión del trabajo de comprobación, Balseiros señaló que ya se han revisado 18.577 parcelas en el marco de estas ayudas. «Parece fácil, pero son 18.577 parcelas», dijo para remarcar la magnitud de las actuaciones de inspección y valoración que exige cada expediente. Ese esfuerzo técnico, añadió, es necesario para evitar pagos indebidos y garantizar que las indemnizaciones cubran los daños efectivamente causados por el fuego.

En cuanto a las aprobaciones por provincias, la Consellería detalló que hay 15 expedientes aprobados en A Coruña por unos 48.000 euros, 18 en Lugo por alrededor de 832.000 euros, 24 en Pontevedra por unos 115.000 euros y 336 en Ourense por cerca de 848.000 euros. También se mencionó que ya hay pagos efectuados en 47 concellos, entre los que destacó Quiroga en la provincia de Lugo como uno de los municipios con expedientes abonados. Esas cifras, según el departamento autonómico, reflejan que la ejecución de las ayudas progresa aunque de forma desigual entre territorios.

La Consellería insiste en que continuará agilizando la tramitación dentro del marco legal y administrativo, y que mantiene un objetivo claro: resolver los expedientes cuanto antes para aliviar la situación de las explotaciones afectadas. Los ganaderos y agricultores afectados reclaman, sin embargo, una mayor celeridad para hacer frente a necesidades inmediatas como la compra de pienso o la reposición de maquinaria esencial. La evolución de los pagos y aprobaciones en las próximas semanas será clave para medir hasta qué punto las medidas aprobadas logran mitigar el impacto económico de los incendios.