Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, avanzó que el Ejecutivo estudia prohibir los despidos por razones vinculadas al encarecimiento energético como parte de un decreto anticrisis que podría aprobarse la próxima semana en el Consejo de Ministros. La dirigente de Sumar vinculó la iniciativa a la urgencia de contener el impacto de la guerra en Irán sobre la inflación y el precio de los carburantes. Moncloa, sin embargo, matizó que no existe un calendario cerrado y que aún se está trabajando en el alcance de las medidas.

En una entrevista en el programa La hora de la 1, Díaz adelantó la voluntad del Ejecutivo de presentar respuestas «calmadas y exhaustivas» de forma casi diaria y apuntó a la posibilidad de que algunas medidas se adopten en la reunión del Gobierno prevista para el próximo martes. Fuentes del Palacio de la Moncloa coinciden en que se procura actuar cuanto antes, pero subrayan que primero debe cerrarse el paquete normativo que proteja mejor a hogares y empresas. El anuncio se produjo en medio de una creciente preocupación por la transmisión del conflicto en Oriente Medio a los precios internos.

El Gobierno convoó para este jueves a los agentes sociales con el fin de perfilar una reacción coordinada a la crisis inflacionista; el encuentro está encabezado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y cuenta con la presencia de la titular de Trabajo. También participaron la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que había mantenido una ronda exprés de contactos con los grupos parlamentarios para recabar propuestas.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

La prohibición de despidos por causas energéticas figura entre las propuestas más probables que maneja el Ejecutivo, según Díaz, que recordó el precedente aplicado durante la pandemia cuando se restringieron los despidos objetivos relacionados con la caída de actividad. El objetivo es favorecer el uso de instrumentos laborales como los ERTE y el Mecanismo RED para evitar la destrucción de empleo. El gabinete prevé que las medidas, una vez aprobadas, entren en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Medida busca proteger empleo ante crisis energética

La vicepresidenta lanzó además un llamamiento directo a empresas y autónomos para que no recurran a despidos y apuesten por fórmulas de protección del empleo ya vigentes. Señaló que las herramientas laborales actuales están activas y que el propósito es impedir que la subida de costes energéticos se traduzca en pérdida de puestos de trabajo. La medida pretende, en palabras de la ministra, dar certidumbre a las familias y evitar respuestas empresariales que agraven el desempleo en un escenario de alta incertidumbre internacional.

Desde Moncloa, fuentes gubernamentales insistieron en la necesidad de «estudiar la situación» y diseñar un paquete eficaz, recordando que aún se analizan impactos y mecanismos de compensación. El Ejecutivo buscará compatibilizar la protección del empleo con la viabilidad de empresas afectadas por la subida de la energía, por lo que no se descarta que el texto final incluya medidas de contención y apoyos a sectores especialmente expuestos. El proceso continuará con el diálogo social y con la recepción de propuestas de los grupos parlamentarios.

El recurso a la prohibición de despidos remite a experiencias recientes y plantea también interrogantes jurídicos y prácticos sobre su aplicación y duración. Durante la pandemia, la restricción a los despidos objetivos se combinó con incentivos y programas de apoyo que evitaron oleadas de desempleo, un esquema que el Gobierno evalúa reproducir adaptado al nuevo contexto. Sindicatos y patronal serán actores clave en la definición y en la ejecución de las medidas que se acuerden en las próximas horas.

En los próximos días, el Ejecutivo espera cerrar una batería de medidas que atiendan tanto al alza de los carburantes como a la subida generalizada de precios, priorizando la protección de los hogares más vulnerables y la estabilidad del mercado laboral. La hoja de ruta pasará por el Consejo de Ministros, el diálogo con agentes sociales y el análisis parlamentario de las aportaciones recibidas. Mientras tanto, Díaz defendió la necesidad de respuestas rápidas y coordinadas para minimizar el impacto económico y social de la crisis desencadenada por el conflicto en Oriente Medio.