La dirección de ZF Vigo y el comité de empresa están a punto de cerrar un nuevo convenio colectivo que, de consumarse, tendría una vigencia de dos años. Tras 11 reuniones y conversaciones que se prolongan desde abril del pasado año, la propuesta recoge una moderada mejora salarial y una ligera reducción de la jornada, pero deja sobre la mesa la pregunta que más inquieta a la plantilla: qué pasará cuando la división Lifetec —oficialmente en venta— encuentre comprador o siga reduciendo su carga de trabajo.

Negociación al filo de la venta

El acuerdo que está encima de la mesa contempla, para los aproximadamente 435 trabajadores de la planta del polígono de O Caramuxo, una reducción de la jornada anual de 1.752 a 1.744 horas ya para este año y subidas salariales escalonadas: un incremento del 4,25% para las categorías 5 y 6 —mano de obra directa, servicios técnicos y laboratorio— y del 3% para el resto de categorías superiores. Asimismo, el complemento fuera de convenio de 2.800 euros pasaría a prorratearse en 12 pagas e incorporarse al salario base, con un complemento adicional del 1,25% previsto para 2026.

Los representantes de la plantilla —liderados por Eduardo Ruanova, del sindicato CIG— reconocen avances, pero mantienen reservas. «Falta un empujón más por parte de la empresa», señaló Ruanova, que reclama claridad sobre la carga de trabajo y garantías industriales antes de que la firma definitiva pase por las asambleas de trabajadores.

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«Falta un empujón más por parte de la empresa»

Hay cierto cansancio en las conversaciones: once reuniones, algún episodio de tensión y movilizaciones en la fábrica explican por qué la oferta se entiende en la factoría como un acuerdo de transición. Desde la dirección, fuentes sindicales apuntan a la necesidad de contener costes ante la incertidumbre que genera la venta de la división a la que pertenece la planta; para la plantilla, sin embargo, la prioridad es que cualquier pacto esté ligado a compromisos de producción que eviten desajustes en los turnos y en los contratos de proveedores locales.

Un pasado reciente que condiciona el presente

La situación de ZF en Vigo no se entiende sin repasar los últimos movimientos del grupo alemán. ZF Friedrichshafen AG está inmersa en una estrategia de desinversiones para reducir una deuda neta que ronda los 10.200 millones de euros, una realidad que ha motivado ventas y cesiones en distintas áreas de negocio. Lifetec, la división que agrupa las instalaciones viguesas, figura en la lista de activos en busca de comprador; en paralelo, la firma vendió recientemente su negocio de sistemas de asistencia al conductor (ADAS) y escindió su división de energía eólica.

Ese reajuste a nivel corporativo tiene consecuencias directas en Vigo. La planta de Lifetec produce principalmente las cubiertas de airbag y depende de clientes como Stellantis —incluido el negocio vinculado a las furgonetas K9—, además de suministrar a marcas como Nissan o Volvo. La pérdida parcial de un pedido asociado a la plataforma STLA Small y al modelo P1X dejó a la fábrica con menos carga de trabajo, un golpe reciente que explica la prudencia de la plantilla y la urgencia por blindar condiciones laborales mínimas mientras llega una definición sobre el activo.

No conviene olvidar que, además de las instalaciones de O Caramuxo, el grupo mantiene en Vigo y su área metropolitana otros centros —como el de O Porriño donde se fabrican insertos de magnesio—, lo que multiplica el efecto que cualquier decisión de inversión o desinversión tiene sobre la comarca y su tejido de subcontratación.

Repercusiones y próximos pasos

El posible convenio de dos años se interpreta en la ciudad como una solución pragmática: ofrece certidumbre salarial y mejora de condiciones inmediatas, pero no ata el futuro productivo. Para que la fábrica recupere impulso es preciso que un comprador de Lifetec asuma compromisos de volumen o que ZF negocie con los grandes clientes nuevos contratos que reubiquen producción. A falta de confirmación oficial sobre ofertas concretas de compra, sindicatos y empleadores coinciden en la necesidad de garantías.

En la órbita política, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Vigo ya han mostrado en ocasiones anteriores su disposición a mediar en conflictos industriales; ahora la presión local podría orientarse a exigir al posible adquirente planes de inversión y mantenimiento de empleo. No es la primera vez que la comarca viguesa se enfrenta a tensiones en el sector de la automoción: la historia reciente acumula ejemplos de reindustrialización y de reconversión, desde los grandes cambios en las factorías de Stellantis hasta episodios de relocalización de cadenas de montaje en Europa.

Desde la fábrica se esperan las próximas reuniones para rematar el texto definitivo del convenio y someterlo a referéndum entre la plantilla. Si el pacto se aprueba, la dirección y los sindicatos tendrán por delante la tarea no menor de convertir esa estabilidad temporal en un marco más amplio que aclare el futuro industrial. En caso contrario, las movilizaciones podrían reaparecer con la venta de la división como telón de fondo.

Vigo ha visto crecer su entorno industrial alrededor de la automoción durante décadas: la ciudad y su área metropolitana dependen de la actividad de grandes proveedores y de los astilleros que, aun en crisis puntuales, suelen encontrar maneras de acostumbrarse a los vaivenes del mercado. Hoy, al borde de un acuerdo laboral que se lee como parche y como colchón, la pregunta que queda flotando en O Caramuxo no es técnica: es una pregunta de supervivencia económica y de compromiso industrial. El reloj sigue corriendo y, mientras tanto, los trabajadores miran a sus nóminas y a los responsables de una empresa que prepara su reordenación global; la prometida estabilidad tendrá que traducirse pronto en certezas que vayan más allá de las tablas salariales.