El Juzgado de Montoro ha dado un plazo de tres días al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla para que comunique quiénes serán los peritos encargados de elaborar el informe técnico sobre el accidente ferroviario de Adamuz. La providencia, notificada el 9 de marzo de 2026, exige además que los técnicos propuestos confirmen su disposición por escrito y que aporten una previsión de costes y tiempos para la pericial. La medida busca agilizar la tramitación de una prueba pericial que el tribunal considera esencial para esclarecer las causas del siniestro.

Según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada que instruye la causa ha pedido al Colegio que traslade a los especialistas las condiciones de la encomienda y que éstos manifiesten, por correo electrónico, su aceptación en el plazo fijado. Solo después de esa aceptación se procederá al nombramiento formal de los peritos, una salvedad que el tribunal ha subrayado para garantizar la disponibilidad y la independencia técnica del equipo. Fuentes judiciales consultadas señalan que, de cumplirse los plazos, la designación podría cerrarse en la segunda parte de la semana.

Una vez designados, los peritos deberán remitir al juzgado y a la delegación competente un presupuesto detallado de la prueba pericial. Ese documento incluirá el tiempo estimado para la realización del informe, el coste por hora de los expertos, los medios e instrumentos necesarios para las labores de inspección y laboratorio y cualquier otro gasto asociado. La aprobación previa de ese presupuesto por la delegación es condición indispensable antes de que se inicien los trabajos de campo y el análisis técnico.

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El accidente de Adamuz, que afectó a un tren de la compañía Iryo y provocó el descarrilamiento de varios vagones, continúa bajo investigación judicial y administrativa. La elaboración de un informe pericial independiente y técnicamente exhaustivo es, según el tribunal, una pieza clave para determinar responsabilidades y las causas materiales del siniestro. Los técnicos designados tendrán, además, la misión de aportar conclusiones que puedan servir de base tanto para la instrucción penal como para las reclamaciones civiles y administrativas que se deriven.

El procedimiento seguido por el Juzgado de Montoro sigue la práctica habitual en investigaciones de siniestros ferroviarios, en las que la colaboración de colegios profesionales especializados resulta decisiva para garantizar la solvencia técnica de los dictámenes. El Colegio de Ingenieros tendrá que equilibrar la urgencia de la petición con la necesidad de elegir peritos que no presenten conflictos de interés y que dispongan de la capacidad científica para analizar la estructura del material siniestrado y la infraestructura ferroviaria afectada. En esa elección pesa también la disponibilidad de laboratorios y equipos de ensayo necesarios para reproducir o simular condiciones del accidente.

Desde el entorno del juzgado subrayan que la rapidez en la designación no debe comprometer la calidad del trabajo pericial, y recuerdan que los plazos procesales se miden a la luz de la complejidad técnica que implican este tipo de peritajes. La diligencia exige expresamente que se detallen los medios e instrumentos a emplear, un requisito que responde a la necesidad de prever la logística y los costes antes de autorizar la práctica de la prueba. El coste estimado será, a su vez, sometido a control por la delegación que debe autorizar la partida presupuestaria.

Fuentes del sector ferroviario y pericial consultadas indican que los informes técnicos en accidentes de tren suelen tardar semanas o meses en completarse, dependiendo de la gravedad de los daños y de la posibilidad de realizar ensayos complementarios. La instructora busca con la orden garantizar que el encargo se adjudique con celeridad para avanzar en la investigación, pero también con garantías de objetividad. La prueba pericial, añaden las mismas fuentes, marcará la hoja de ruta del procedimiento judicial y condicionará las futuras diligencias de reconstrucción y responsabilidades.

El desarrollo de los acontecimientos en las próximas 72 horas será determinante para conocer quién asumirá la redacción del informe y qué calendario económico y temporal propondrán los peritos. Mientras tanto, la investigación en Montoro sigue abierta y el tribunal mantiene bajo secreto algunas actuaciones para preservar el rumbo de las pesquisas. La sociedad y las administraciones implicadas aguardan ahora la designación oficial y el presupuesto que permitirá iniciar los trabajos técnicos sobre los vagones y la vía afectados en Adamuz.