La Xunta advierte de que el programa de auxiliares de conversación que funciona en A Coruña desde el curso 2009-10 está en riesgo de desaparecer si el Gobierno central no garantiza su continuidad, después de que las inspecciones del Ministerio de Trabajo hayan puesto en cuestión el encuadre laboral de estos estudiantes nativos que colaboran en las aulas. La amenaza, trasladada en los últimos días por el conselleiro, complica la presencia de estos refuerzos lingüísticos en colegios e institutos de la ciudad en el inicio del curso próximo. El conflicto enfrenta a la administración autonómica, que defiende la legalidad del modelo en Galicia, con la intervención del Estado que reclama contratos y cotizaciones. En el centro del debate están los efectos sobre el alumnado y la plantilla docente, que utilizan a estos auxiliares para completar la enseñanza de idiomas.

El programa, diseñado a nivel estatal y vigente en A Coruña desde 2009-10, ha crecido hasta integrar a decenas de auxiliares por toda Galicia, pero ahora pende de un hilo por las actuaciones de Trabajo. Según la Xunta, la comunidad cuenta en la actualidad con 690 auxiliares repartidos en 791 centros y procedentes de diecinueve nacionalidades distintas, una cifra que multiplica por diez la del inicio del proyecto. En la ciudad herculina hay 49 auxiliares, la segunda cifra más alta de la comunidad solo por detrás de Vigo, y su presencia se considera crucial para complementar la enseñanza del inglés y otras lenguas. La eventual retirada del programa supondría reducir horas de conversación y actividades prácticas que muchas escuelas ya han incorporado a sus prácticas habituales.

La polémica se inició cuando el Ministerio de Trabajo abrió inspecciones y sancionó a varias comunidades autónomas al considerar que muchos de estos jóvenes desempeñan funciones que exceden la figura de una beca y carecen de contrato laboral y cotización social, lo que serían “falsos becarios”. La ministra responsable del departamento, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de ajustar la situación a la normativa laboral vigente y evitar irregularidades que perjudiquen a los trabajadores. La actuación estatal ha generado, sin embargo, alarma entre las administraciones educativas y los centros, que temen la pérdida de recursos humanos que ya están integrados en la dinámica escolar. Las sanciones iniciadas a otras comunidades sirven como advertencia y han acelerado las conversaciones entre ministerios y autonomías.

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En respuesta a esas inspecciones, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, advirtió que Galicia se vería obligada a abandonar la iniciativa si el Gobierno central no aporta “garantías” y si los ministerios de Educación y Trabajo no alcanzan una solución inmediata. La Xunta defiende que el modelo gallego se ajusta a la realidad de sus centros y reclama una clarificación normativa que permita mantener estas figuras sin vulnerar la legislación laboral. Mientras se negocia una salida, la incertidumbre se ha instalado en equipos directivos y claustros que ya planifican actividades contando con esos auxiliares. Para las familias y el alumnado, la amenaza se traduce en miedo a perder horas de práctica oral en inglés y otros idiomas.

En A Coruña la mayoría de los auxiliares en Galicia son estadounidenses —444 en toda la comunidad— y también hay procedencias británicas, indias, filipinas o francesas entre otras. Su labor habitual consiste en impartir conversación, diseñar actividades lúdicas, preparar presentaciones y fomentar el uso oral de la lengua extranjera en contextos menos formales que la clase magistral. En muchos centros estos refuerzos se han convertido en referentes para el alumnado a la hora de normalizar la escucha y la expresión en lenguas extranjeras, especialmente en primaria y en los primeros cursos de la ESO. La pérdida de estas figuras supondría además una menor exposición directa a hablantes nativos, que es uno de los argumentos que esgrimen docentes y equipos directivos para defender el programa.

Una de las auxiliares que trabaja en A Coruña desde el curso 2013-14 en el CEIP Víctor López Seoane es Kristina Medlock, cuya presencia ejemplifica la contribución cotidiana de estos profesionales. Medlock y otros auxiliares realizan sesiones de conversación, colaboran en la preparación de materiales y dinamizan grupos reducidos para practicar la oralidad, funciones que los centros valoran por su impacto inmediato en la competencia comunicativa del alumnado. Sus supervisores denuncian que convertir esa labor en algo jurídicamente ambiguo desincentiva la incorporación de nativos y complica la programación docente. En claustros y AMPAs existe preocupación por cómo se cubrirían estas necesidades si el programa se interrumpe.

El Ministerio de Educación, encabezado en el texto por Milagros Tolón, figura como responsable del diseño del programa a escala estatal, pero la coordinación con Trabajo es ahora imprescindible para resolver el encaje administrativo. Las diferencias de criterio entre departamentos han puesto en evidencia la necesidad de un marco claro que combine garantías laborales con fórmulas de apoyo educativo. Algunas propuestas incluyen la formalización de contratos específicos o la búsqueda de convocatorias que permitan compatibilizar la estancia formativa con la protección social, aunque cualquier cambio exigiría plazos y recursos que no todas las partes aseguran tener. La solución que se adopte marcará el modelo de auxiliares en el conjunto de España.

En A Coruña sindicatos, federaciones de AMPAs y representantes escolares han salido a la calle en defensa de la educación pública y de estos refuerzos, reclamando recursos y seguridad jurídica para mantenerlos. Las movilizaciones ponen sobre la mesa la demanda de una respuesta rápida antes de que se configure el próximo calendario escolar, cuando la incertidumbre sobre las plazas y la financiación complica la planificación. Mientras tanto, la Xunta mantiene la presión sobre el Ejecutivo central para que ofrezca garantías que permitan la continuidad del programa en Galicia. Sin una solución coordinada, los centros coruñeses se enfrentan a la posibilidad de perder un apoyo que, según sus responsables, ya forma parte del tejido educativo local.