En la conmemoración del 8 de marzo, el abogado y columnista Xoán Antón Pérez-Lema situó el feminismo en el centro de un debate jurídico y político que, a su juicio, define la salud de la democracia. En una tribuna publicada el 10 de marzo de 2026 en El Correo Gallego, advirtió de los riesgos de un formalismo que deja la igualdad como mera declaración y reclamó medidas concretas en la educación, la justicia y las políticas públicas. El autor sostiene que sin una perspectiva de género operativa en los tribunales y en las instituciones no se podrá combatir la violencia machista ni reparar las desigualdades estructurales. El mensaje apunta tanto a la necesidad de reformas legales como a un cambio cultural que atraviese la vida cotidiana y las esferas de poder.

Pérez-Lema reclama una estrategia integral contra la violencia de género que comience en las escuelas y en las familias, y que no se limite a enunciar valores sino a desmontar los símbolos y roles que sustentan la dominación. En su análisis destaca que el verdadero examen de la credibilidad del Estado de Derecho reside en la respuesta judicial: para que la justicia sea justa debe incorporar la perspectiva de género como criterio de interpretación, sin vulnerar principios procesales como la presunción de inocencia. El columnista apela al cumplimiento del deber de diligencia exigido por instrumentos internacionales, situando el debate en el marco de obligaciones asumidas por España.

En su texto, el letrado advierte que una justicia que ignore las relaciones asimétricas de poder —tanto en delitos como en procesos de familia— corre el riesgo de revictimizar a las mujeres mediante estereotipos patriarcales aún presentes en algunos ámbitos del estamento judicial. Esa «ceguera», escribe, no es neutral: reproduce resultados injustos que perpetúan la vulneración de derechos. Frente a ello, propone una formación judicial específica, protocolos actualizados y una mirada hermenéutica que reconozca las dinámicas de poder como elemento constitutivo de muchos conflictos jurídicos.

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Pérez-Lema no elude la responsabilidad masculina en este contexto y reclama un ejercicio autocrítico de los hombres sobre su papel en la reproducción de las desigualdades. Subraya la persistente asimetría en la gestión del trabajo doméstico y del cuidado, una externalización de costes que recae de forma desproporcionada sobre las mujeres y deteriora su tiempo, salud y oportunidades profesionales. Para el autor, esa falta de corresponsabilidad no es un asunto privado sino una cuestión de justicia distributiva que exige respuesta desde las políticas públicas, con medidas que faciliten la conciliación y redistribuyan cargas.

Otro eje de la reflexión se centra en la presencia insuficiente de mujeres en las áreas STEM, en la alta dirección empresarial y en los espacios decisorios de la política. Pérez-Lema describe un teito de cristal reforzado por inercias conservadoras y mecanismos informales de cooptación masculina que penalizan el talento femenino. Reconoce, sin embargo, el crecimiento de redes de mujeres profesionales y emprendedoras que intentan contrarrestar esos circuitos cerrados, pero considera insuficiente su efecto frente a estructuras que siguen reproduciendo desigualdad.

La columna pone además el foco en colectivos que habitan las periferias del sistema, en particular las mujeres migrantes que sostienen buena parte del actual modelo de bienestar. El autor reclama la dignificación jurídica y laboral de las empleadas del hogar a través de la efectividad del Convenio de la OIT sobre empleo doméstico y la mejora de condiciones para las trabajadoras de los Servicios de Axuda no Fogar (SAF) de titularidad municipal. Denuncia que mientras las primeras esperan la plena aplicación de normas internacionales, las segundas sufren precariedad derivada del infrafinanciamento de servicios esenciales.

Pérez-Lema atribuye la situación de las trabajadoras de los servicios domiciliarios a la responsabilidad tanto de la Xunta como del Goberno del Estado por no dotar con recursos suficientes los programas municipales. Esa insuficiencia, alerta, no solo precariza empleos sino que pone en riesgo la cobertura de un sistema de cuidados que, sin esas manos, sería inviable. En este punto la propuesta vuelve a la necesidad de políticas públicas decididas que combinen reconocimiento laboral, financiación estable y mecanismos de control efectivos.

La pieza concluye con una llamada a entender el feminismo no como una reivindicación parcial sino como fundamento de resistencia frente a la involución autoritaria y la barbarie, en palabras del columnista. Para Pérez-Lema, la igualdad efectiva es condición de legitimidad democrática y requiere cambios jurídicos, educativos y sociales simultáneos. Su diagnóstico y sus propuestas cruzan el debate público en Galicia y España en un momento en que las movilizaciones del 8-M vuelven a poner en la agenda la urgencia de transformar normas y prácticas.

En el cierre, el autor insiste en que la transformación exige responsabilidad compartida: de los poderes públicos, de los operadores jurídicos y de la ciudadanía. Solo así, sostiene, será posible avanzar hacia una justicia que reconozca y corrija las desigualdades estructurales, proteja a las víctimas y garantice la participación plena de las mujeres en todos los planos de la vida social y económica.