Alberto Núñez Feijóo presentó este domingo en Tordesillas un paquete de medidas para atajar el encarecimiento de la energía derivado de la nueva crisis internacional, y su equipo, encabezado por el vicesecretario de Hacienda, amplió los detalles este lunes en Madrid. La propuesta clave es reducir el IVA de la energía al 10% para todos los consumidores, junto con la supresión del impuesto a la generación eléctrica y cambios en el IRPF que, según el PP, aliviarían la carga de las familias. Feijóo justificó la iniciativa como respuesta urgente a la perturbación de los mercados por la guerra en Irán y reclamó al Gobierno que actúe de forma inmediata.

El borrador presentado por el equipo de Juan Bravo plantea, además de la rebaja del IVA, una reforma fiscal que elevaría los mínimos personales para doblar la protección fiscal de quienes tienen hijos a cargo, lo que el PP cuantifica como una inyección adicional de 200 euros por hogar con descendientes. Según los cálculos facilitados por la dirección popular, una unidad familiar tipo, con dos adultos y dos menores, podría ahorrar hasta 900 euros al año. El PP promete llevar estas medidas al Congreso en cuanto se reanude la actividad parlamentaria tras las elecciones autonómicas en Castilla y León.

La presentación tuvo lugar en plena tensión internacional: los ministros de Finanzas del G7 se reunieron de urgencia para valorar respuestas a la crisis energética y no descartaron la liberación de reservas estratégicas de petróleo, una medida excepcional que ya se aplicó tras la invasión rusa de Ucrania. Ese contexto es el que, según Feijóo, exige adoptar soluciones inmediatas que mitiguen el impacto en los bolsillos de los ciudadanos antes de que la espiral inflacionista se arraigue. El líder del PP ha insistido en que hay herramientas de aplicación rápida por parte del Ejecutivo central.

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En su intervención pública en El Burgo de Osma y en el acto de Tordesillas, Feijóo acusó al Gobierno de no moverse con la suficiente celeridad y reclamó que el Consejo de Ministros baje ya el IVA al sector energético. Su discurso se apoyó en la idea de que una política fiscal expansiva y orientada al consumo doméstico es el remedio más eficaz a corto plazo para una subida de precios vinculada a un choque de oferta internacional. El presidente popular vincula la propuesta a su experiencia como líder de la oposición desde 2022 y a las lecciones que, en su opinión, dejó la gestión de la crisis anterior.

Fuentes del PP señalan que la medida sería de aplicación inmediata y afectarí­a tanto a electricidad como a gas y combustibles que estén sujetas a IVA, sin discriminación por tramos de consumo. No obstante, el diseño final exigirá un análisis técnico sobre su coste para las cuentas públicas y sobre cómo se coordinaría con otras actuaciones en marcha, como los mecanismos de apoyo a empresas electrointensivas o los subsidios a sectores vulnerables. La formación conservadora sostiene que el retorno social de estas rebajas justificará su impacto presupuestario en un contexto de emergencia.

Desde el Gobierno no ha habido, por el momento, una respuesta formal a la demanda del PP y fuentes del Ejecutivo recuerdan la necesidad de evaluar el efecto de cualquier rebaja fiscal en los ingresos y en la competencia impositiva dentro de la UE. Otros partidos y analistas advierten de que las reducciones de IVA tienen un efecto limitado si no van acompañadas de medidas estructurales que mejoren la oferta energética y la eficiencia. También se señalan riesgos de que parte del ahorro no llegue íntegramente a los consumidores finales.

Para las comunidades como Galicia, donde la factura energética acapara parte creciente del gasto doméstico y empresarial, las propuestas del PP abren un debate sobre alternativas regionales y la coordinación con políticas autonómicas. Organizaciones de consumidores y asociaciones empresariales demandan claridad sobre el alcance real del ahorro prometido y sobre el calendario de implantación. En el plano político, la iniciativa sitúa al PP en el centro del debate económico a pocas semanas de que la actividad legislativa se reactive.

El anuncio remarca, en cualquier caso, la estrategia del PP de convertir la política fiscal en su herramienta principal frente a crisis externas, replicando fórmulas ya empleadas tras el estallido del conflicto en Ucrania. Queda por ver si ese argumento convence a la mayoría parlamentaria necesaria o si la respuesta del Ejecutivo opta por combinaciones distintas, como medidas temporales dirigidas o pactos internacionales para garantizar suministro. En los próximos días se dará la batalla política sobre la urgencia y la orientación de la respuesta económica.