El Consejo General del Poder Judicial ha comenzado a preparar una comunicación formal para elevar al Ministerio de Justicia las disfunciones que, según sus informes, ha provocado la entrada en vigor el 2 de enero de la reorganización de los juzgados en tribunales de instancia. La queja central se concentra en la falta de estabilización de plantillas, la existencia de equipos de funcionarios «flotantes» y sedes judiciales dispersas que impiden compartir servicios con normalidad. El equipo interno del órgano de gobierno de los jueces pretende exponer a la Comisión Permanente los problemas territoriales que empiezan a provocar retrasos y dificultades operativas.

La reforma impulsada por el Gobierno agrupa a varios magistrados en tribunales de instancia que comparten servicios comunes, una estructura diferente al modelo tradicional de juzgado unipersonal. Su implantación ha sido desigual por provincias, pero en muchas demarcaciones ha transformado de raíz la organización del trabajo cotidiano, desde la instrucción hasta las guardias. Fuentes judiciales consultadas sostienen que los cambios requieren una coordinación administrativa y técnica que aún no se ha concretado. Esa falta de adaptación está en la base de las quejas que ha recopilado el Consejo.

Entre las principales incidencias que el órgano judicial quiere trasladar figuran los denominados «equipos flotantes» de funcionarios, la existencia de sedes dispersas que impiden la prestación homogénea de servicios y problemas informáticos que dificultan trámites diarios. Según el diagnóstico interno, estas circunstancias están provocando demoras en resoluciones procesales y en la notificación a las partes, con el consiguiente perjuicio para la celeridad procesal que la norma buscaba mejorar. También se apunta a un impacto negativo en las guardias y en la calidad de la instrucción de los asuntos más complejos. Abogados y jueces han empezado a manifestar estas quejas públicamente en redes, lo que ha elevado la percepción de alarma.

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El equipo del Consejo ha recibido aportaciones de presidentes de tribunales superiores de justicia, decanos de órganos unipersonales y distintos colegios de abogados, que han trasladado problemas semejantes en distintas comunidades. Las fuentes aclaran que, en fases anteriores del plan —las dos primeras etapas de la Ley de Eficiencia Procesal— ya se registraron quejas que el propio Consejo comunicó al Ministerio. En esta ocasión, sin embargo, los incidentes afectan a un alcance más amplio y se multiplican en todo el territorio, lo que obliga a una respuesta coordinada a mayor escala. La documentación que se está elaborando pretende ser exhaustiva para facilitar el diálogo con el Ejecutivo.

Un ejemplo de la dimensión de los problemas lo ofrecen los datos de vacantes: en la ciudad de Barcelona, según los informes recabados, las plazas sin cubrir y la falta de personal especializado superan el 34 por ciento, una cifra que señala tensiones severas en la prestación del servicio judicial. Los presidentes territoriales relatan «acoplamientos» provisionales de funcionarios que no cierran, rotaciones constantes y coberturas lentas que impiden consolidar equipos estables. Todo ello, sostienen, repercute en la capacidad de los tribunales para tramitar asuntos con la diligencia deseable y en la protección de los derechos procesales. Además, las carencias afectan por igual a jurisdicciones penal, civil y contencioso.

La reforma que impulsa el ministro Félix Bolaños busca incrementar la eficiencia y reducir la fragmentación administrativa en la justicia, pero la interpretación y aplicación práctica del nuevo modelo está chocando con la realidad de la plantilla y la infraestructura. El Consejo pretende, por tanto, que la comunicación a la que está dando forma sirva para solicitar medidas concretas, desde refuerzos de personal y procesos de estabilización hasta soluciones sobre sedes y sistemas informáticos. Fuentes judiciales añaden que la rapidez en la respuesta del Ministerio será clave para evitar que los problemas se cronifiquen.

Los operadores jurídicos alertan además de que la tensión organizativa puede traducirse en un deterioro de la atención ciudadana: retrasos en notificaciones, dificultades para el acceso a servicios compartidos y sobrecarga de guardias que, en algunos casos, obliga a aplazar actuaciones. Los colegios de abogados han venido reclamando claridad sobre la asignación de recursos y la distribución de sedes, y piden protocolos que garanticen la estabilidad de los equipos. En paralelo, la comunidad judicial insiste en la necesidad de mejoras en las herramientas digitales que soportan la nueva estructura para que no se conviertan en un obstáculo adicional.

El escrito que prepara el Consejo, según las fuentes consultadas, llegará a la próxima Comisión Permanente y, desde ahí, será remitido al Ministerio de Justicia con un diagnóstico pormenorizado y propuestas de corrección. El objetivo declarado es abrir una mesa de trabajo que permita ajustar plazos, reforzar plantillas y homogeneizar criterios de implantación para que la reforma no merme el acceso a la justicia. A la espera de la reacción del Ejecutivo, los tribunales y los colegios profesionales seguirán documentando las dificultades para evitar que la transición suponga una pérdida de garantías para los ciudadanos.