La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) han hecho público un estudio que concluye que la inversión en infraestructuras en España retrocedió en 2025 hasta niveles equivalentes a los de 1995, una caída que los autores vinculan a la contención del gasto público y a la creciente necesidad de reforzar la resiliencia ante el aumento de desastres naturales por el cambio climático. El informe, presentado este martes, alerta de que la reducción del esfuerzo inversor complica la conservación y la adaptación de las redes y equipamientos de uso público. La conclusión sitúa el debate sobre infraestructuras en el centro de las prioridades fiscales y medioambientales del país.

En cifras, la inversión destinada a infraestructuras se situó en 2025 en 16.114 millones de euros, lo que representó el 38% del total de inversión pública, según el estudio. Los autores subrayan que esta proporción ha permanecido en torno a ese nivel desde la pandemia, lejos de las cotas de la primera década del siglo. El informe compara estos datos con el pasado inmediato y señala una pérdida de peso sostenida de las partidas destinadas a capital fijo público.

El trabajo repasa la evolución en las últimas décadas: entre 1995 y 2007 se acumuló un crecimiento notable de la formación bruta de capital fijo, que se vino abajo durante la Gran Recesión entre 2008 y 2013. Posteriormente hubo un repunte entre 2014 y 2019, que fue interrumpido por el impacto de la pandemia. Desde entonces, el esfuerzo inversor se ha mantenido en torno a un 20% del total, por debajo del promedio elevado de la primera década del siglo, que osciló entre el 26% y el 30%.

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La caída afecta a todos los ámbitos, pero las infraestructuras ferroviarias figuran como las más golpeadas: desde 2009 su inversión se ha desplomado un 66%, hasta situarse en 4.589 millones de euros. El gasto en carreteras alcanzó en 2025 los 4.962 millones de euros, una cifra similar a la de 2024 pero ya un 41% inferior a la de los años de mayor inversión. El informe advierte de un retroceso generalizado que también se aprecia en otros capítulos, aunque no con la misma intensidad.

Los autores insisten en la importancia de mantener las dotaciones de capital para cubrir la depreciación ordinaria y, sobre todo, para reponer los daños extraordinarios derivados de episodios climáticos extremos. Según el estudio, la mayor frecuencia e intensidad de inundaciones, temporales y otros fenómenos vinculados al calentamiento planetario exigen no solo más inversión, sino cambios en la prioridad y diseño de las obras. De no corregirse la tendencia a la baja, señalan, aumentará el déficit de mantenimiento y la vulnerabilidad de las infraestructuras públicas.

Para comunidades como Galicia, con una fuerte dependencia de la red viaria, ferroviaria y portuaria para el transporte de mercancías y la movilidad diaria, la erosión del presupuesto en infraestructuras plantea riesgos directos para la competitividad y la cohesión territorial. Empresas, sectores logísticos y usuarios encuentran creciente dificultad para planificar inversiones privadas cuando la oferta pública de mantenimiento y renovación se muestra inestable. En el caso del ferrocarril, la caída sostenida de la inversión complica la modernización de líneas y el incremento de la capacidad que reclaman los corredores del noroeste.

El informe plantea además que las decisiones presupuestarias deben incorporar el criterio de resiliencia climática y priorizar actuaciones que reduzcan costes futuros asociados a la reparación de daños. Entre las recomendaciones figura incrementar el gasto público en infraestructuras, orientar las inversiones hacia soluciones adaptativas y mejorar la contabilidad del capital público para reflejar la pérdida de valor por desastres. Los autores advierten que la inversión en adaptación puede resultar más eficaz y menos costosa a medio plazo que la reparación tras episodios extremos.

El diagnóstico publicado en Madrid este martes abre un nuevo frente en la discusión sobre prioridades presupuestarias y planificación a largo plazo. Con las cuentas públicas aún marcadas por la salida de la crisis y las restricciones fiscales, el informe sitúa la recuperación del impulso inversor como una pieza clave para garantizar la seguridad, la movilidad y la resistencia de las infraestructuras frente al cambio climático, un reto que incumbe tanto al Estado como a las administraciones autonómicas y locales.