Los padres acusados de mantener encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años se sientan en el banquillo los próximos 10 y 11 de marzo en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, en una vista que se celebrará a puerta cerrada para proteger a las víctimas. La Fiscalía reclama penas que suman en total veinticinco años y cuatro meses de prisión por los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal. El auto judicial que acuerda el carácter reservado del juicio subraya el riesgo de perjuicios para los menores, todos ellos menores de edad, si la vista fuera pública. El caso, conocido en los medios como la «casa de los horrores» de Oviedo, conmocionó a la ciudad cuando se conocieron las circunstancias del presunto secuestro doméstico.

Según el escrito de la acusación, los hechos se prolongaron entre diciembre de 2021 y abril de 2025, periodos en los que, siempre según la Fiscalía, los progenitores impidieron a los niños el contacto con el exterior por un temor infundado a que contrajeran enfermedades. Los tres menores —dos gemelos de ocho años y otro niño de diez— habrían vivido recluidos en el domicilio familiar sin relación con otros adultos ni con familiares, y sin salir al exterior ni siquiera al jardín. La instrucción apunta a que los responsables inculcaron ese miedo como medida de protección extrema y constante, que acabó afectando de forma grave las necesidades básicas y educativas de los niños.

El matrimonio, formado por un hombre alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense, fue detenido tras una denuncia vecinal y ambos ingresaron en prisión preventiva el 28 de abril de 2025, dos días después de su arresto. La Fiscalía imputa a cada uno de los acusados delitos que, por separado, alcanzan penas que suman la cifra total reclamada. El Ministerio Público sostiene que, además de la detención ilegal, existió violencia psíquica habitual al privar a los menores de atención sanitaria, escolarización y relaciones sociales normales.

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El tribunal ha aceptado la petición del fiscal de celebrar la vista a puerta cerrada y ha fundamentado la decisión en la necesidad de evitar un daño que calificó de “del todo desfavorable” para los niños. La resolución judicial pone en la balanza la garantía constitucional de publicidad de las actuaciones con el interés superior del menor, optando por restringir el acceso público en este caso concreto. El auto también contempla medidas para preservar la identidad y la intimidad de las víctimas durante el desarrollo del proceso.

Cuando los servicios sociales y sanitarios tuvieron acceso a los menores tras la denuncia, los gemelos no sabían leer ni escribir, y los tres carecían de seguimiento médico regular, según consta en el procedimiento. La Fiscalía detalla que los progenitores incumplieron sus deberes de guarda y custodia al negarles escolarización y atención sanitaria, así como vínculos familiares y sociales fuera del núcleo doméstico. Esos extremos constituyen parte esencial del relato acusatorio que se someterá a prueba en la Audiencia Provincial.

El caso fue descubierto a raíz de una comunicación de vecinos que alertaron de una situación anómala en la vivienda en las afueras de Oviedo, lo que motivó la intervención policial y la posterior investigación. Desde entonces, el procedimiento ha avanzado con diligencias destinadas a recabar los partes médicos, los informes de servicios sociales y las declaraciones que permitan reconstruir el modo y la duración del presunto cautiverio. Las defensas de los acusados han planteado diferentes líneas argumentales en la fase de instrucción, si bien la Fiscalía mantiene su petición penal.

Juristas consultados en el proceso subrayan que la celebración de un juicio a puerta cerrada no resta legitimidad al procedimiento, aunque sí modifica la práctica habitual de publicidad en la Administración de Justicia por razones de protección a menores y respeto a su intimidad. En casos con víctimas infantiles se repiten los debates sobre la conveniencia de medidas que preserven su bienestar psicológico frente al principio de transparencia judicial. Los letrados implicados tendrán la oportunidad de exponer sus pruebas y alegaciones en una vista que se prevé breve pero intensa.

Las dos sesiones programadas para los días 10 y 11 de marzo deberán concretar la valoración de pruebas y la eventual fijación de responsabilidad penal, que si prospera conduciría a las penas solicitadas por la Fiscalía. Tras la vista, el tribunal dictará sentencia, y las partes tendrán la posibilidad de recurrirla ante instancias superiores. Mientras tanto, los servicios de protección infantil continuarán con las actuaciones encaminadas a la recuperación y seguimiento de los menores afectados por lo que los profesionales califican como un caso de grave desprotección.