El Parlamento gallego rechazó este martes la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre el proyecto de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo), tras la votación en la que el grupo mayoritario del PPdeG vetó la iniciativa impulsada por el BNG y respaldada por el PSdeG. La oposición reclamaba aclarar supuestas irregularidades en la tramitación y la desclasificación del acuerdo entre la Xunta y la empresa, mientras el Ejecutivo autonómico sostiene que el expediente está archivado y que parte de la documentación es confidencial.

La propuesta, registrada por el Bloque Nacionalista Galego y apoyada por los socialistas, pretendía «conocer toda la verdad» sobre la operación y desenmarañar posibles vicios en la concesión y el tratamiento administrativo. Sin embargo, los votos del PPdeG hicieron imposible adelante la comisión durante el pleno, donde se dirimió el choque entre la petición de transparencia y la defensa de la actuación del Gobierno autonómico.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, respondió que la oposición debe agotar la vía judicial, recordando que el recurso presentado por el BNG fue admitido a trámite por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pazos sostuvo que, si la justicia determina que la documentación puede hacerse pública, quedarán acreditadas las denuncias; hasta entonces, defendió la actuación de la Xunta y tildó las acusaciones de «infundadas» y «difamatorias».

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó al Ejecutivo gallego de mantener un comportamiento opaco y de favorecer intereses privados por encima del interés público. Pontón afirmó que el archivo del expediente no despeja dudas y que la negativa a desclasificar los papeles demuestra un temor a que se conozcan detalles que, a su juicio, evidenciarían irregularidades y un trato privilegiado hacia la compañía.

Desde el PSdeG, la diputada Patricia Iglesias llegó a hablar de «posible tráfico de influencias» en la tramitación del proyecto y advirtió de que, si la Xunta sigue negando acceso a la documentación, su formación también estudiará recurrir a los tribunales. Iglesias subrayó la necesidad de aclarar si hubo concesiones administrativas o falta de control que pudieran justificar la intervención de los órganos judiciales y la fiscalización pública.

El proyecto de Altri en Palas de Rei, concebido como una gran planta de celulosa, desató desde el anuncio una movilización ciudadana y críticas de colectivos ecologistas y sociales por su impacto ambiental y por las condiciones técnicas necesarias, especialmente en lo relativo a la conexión eléctrica. La Xunta alegó problemas de suministro y falta de viabilidad de la conexión como argumentos para archivar la iniciativa, extremo sobre el que aún discuten administraciones y agentes implicados.

La votación de este martes pone de manifiesto la fuerza que otorga la mayoría parlamentaria al PPdeG para frenar iniciativas de investigación que incomodan al Ejecutivo autonómico, y acentúa la sensación de bloqueo entre las fuerzas de la oposición. En el trasfondo está la controversia sobre cláusulas de confidencialidad en acuerdos públicos-privados y la polémica sobre hasta qué punto esos acuerdos deben hacerse accesibles para garantizar el control democrático.

Con la causa admitida a trámite por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la jugada se traslada ahora al terreno judicial y a la arena pública, donde las plataformas ciudadanas y los grupos municipales seguirán exigiendo explicaciones. La oposición no obstante insiste en que la resolución definitiva pasa por conocer los documentos que la Xunta califica de reservados, y reclama que la pata judicial no sustituya a la rendición de cuentas política que demandan miles de personas afectadas y movilizadas por este conflicto.