Sumar afea a Moncloa la tardanza en aprobar el escudo social y reclama un impuesto a grandes supermercados y recuperar la ayuda de 20 céntimos a los carburantes

Sumar urgió este martes al Ejecutivo a tramitar de inmediato el decreto del escudo social para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo, que ya se deja notar en la gasolina y el diésel, y reclamó medidas concretas como un impuesto a las grandes cadenas de alimentación y la reapertura de la subvención a los carburantes. La petición se produjo tras la reunión del Consejo de Ministros, que no incluyó por ahora el paquete de protección social, y fue expuesta por los portavoces del grupo en el Congreso y en el propio Gobierno. La coalición minoritaria atribuye a Moncloa demora injustificada ante la subida de precios y pide una respuesta inmediata para sectores especialmente afectados, como el transporte.

Desde Sumar insistieron en que el decreto debía llevarse ya al Consejo de Ministros y censuraron la falta de una fecha concreta. Uno de los dirigentes consultados señaló que la respuesta no puede demorarse porque las subidas energéticas tensan las cuentas de empresas y hogares, y porque medidas retrasadas pierden eficacia cuando los precios suben de forma acelerada. La formación apela a la urgencia como argumento de fondo para forzar una decisión política que, dicen, está preparada.

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La portavoz de Comuns-Sumar en el Congreso, Aina Vidal, reclamó públicamente que el escudo social vaya “mucho más allá” de medidas puntuales y que el Gobierno socialista presente el paquete cuanto antes para que el resto de fuerzas se retraten en la votación. Vidal defendió que el Ejecutivo debe garantizar protección a los colectivos más vulnerables y a los sectores intensivos en combustible, y emplazó a los socialistas a no escudarse en los trámites técnicos para posponer la aprobación. En su intervención subrayó la necesidad de un marco amplio que combine ayudas directas y actuaciones sobre precios.

El diputado de Compromís en el grupo parlamentario Sumar, Alberto Ibáñez, también reprochó la tardanza y exigió iniciativas concretas desde Moncloa, como la implantación de un nuevo gravamen sobre las grandes cadenas de alimentación y la instauración de topes en los precios de los combustibles similares a la llamada “excepción croata”. Ibáñez planteó además la alternativa de recuperar la ayuda directa por litro de carburante aprobada en marzo de 2022 si no prospera la limitación de márgenes. Estos planteamientos buscan, según él, repartir el coste de la contención entre los grandes beneficiarios y aliviar a consumidores y empresas.

Entre las propuestas concretas que maneja Sumar figura la creación de un impuesto dirigido a las cadenas con mayores beneficios, que la formación sitúa en aquellas empresas que obtienen más de 100 millones de euros anuales, como una fuente para financiar la rebaja del IVA en productos de primera necesidad. En los documentos que circulan en la coalición se alude también a una tasa sobre beneficios empresariales en torno a porcentajes modestos para sufragar medidas sociales, aunque la fijación exacta de esos porcentajes es objeto de negociación interna. La intención es combinar una actuación sobre precios con medidas redistributivas para evitar que el coste recaiga solo en los consumidores.

Fuentes del ala socialista del Gobierno responden que están estudiando diferentes fórmulas para atajar el efecto de la crisis internacional en la economía doméstica, pero subrayan que cualquier medida requerirá el acuerdo de los socios para garantizar su viabilidad y su aprobación en el Congreso. En esa línea, desde Moncloa se insiste en la prudencia fiscal y en la necesidad de calibrar el impacto presupuestario y legal de intervenciones sobre precios o impuestos sectoriales. Los socialistas reclaman tiempo para perfilar un paquete que no genere efectos indeseados en la cadena de suministro.

El telón de fondo es la incertidumbre alimentada por el conflicto en Oriente Próximo, que ha tensionado los mercados energéticos y disparado el coste de los carburantes en los últimos días, con repercusiones directas sobre el transporte de mercancías y el transporte por carretera. Economistas y agentes sociales advierten de que un encarecimiento sostenido puede trasladarse rápidamente a la inflación general y empeorar la situación de las familias con menos recursos. Las medidas de 2022, incluida la ayuda por litro, sirvieron entonces para amortiguar el golpe, pero su coste y efectos a medio plazo siguen en debate.

La pugna interna dentro del Ejecutivo por la velocidad y el alcance de las medidas plantea un test político para la coalición. Sumar busca presionar a los socialistas para que el escudo social salga cuanto antes y obligue a otras fuerzas a posicionarse; el PSOE prefiere cerrar un acuerdo previo para evitar votaciones fragmentadas. En los próximos días, la agenda política marcará si la propuesta de Sumar se traduce en un decreto inmediato o si las discusiones técnicas y políticas alargarán la espera, con el mercado de carburantes atento a cada paso.