Reacciones en Galicia a las palabras de Bolaños sobre la judicatura: ¿cómo afecta la tensión Gobierno-jueces a la justicia gallega?

Del debate nacional a los juzgados gallegos: la polémica de Bolaños y su eco en la terra

La última comparecencia de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha encendido un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el Gobierno central y la judicatura. Sus declaraciones, en las que acusaba a ciertos jueces de “politizar” sus resoluciones y reclamar una mayor “neutralidad”, han reavivado un debate que trasciende Madrid para instalarse de lleno en los tribunales gallegos. Pero, ¿qué impacto real tiene este clima de confrontación en la justicia de Galicia, y cómo lo perciben quienes cada día dictan y ejecutan sentencias desde A Coruña hasta Ourense?

Un contexto de fondo: justicia en la cuerda floja

No es la primera vez que la judicatura y el Ejecutivo cruzan reproches públicos en España, pero el tono de las palabras de Bolaños ha hecho que la respuesta del colectivo judicial sea más contundente que en otras ocasiones. Las asociaciones de jueces de toda España, incluida Galicia, han salido en bloque para defender la independencia judicial, que consideran puesta en entredicho por el propio Gobierno. De hecho, en la comunidad gallega, la Asociación Profesional de la Magistratura y Juezas y Jueces para la Democracia han trasladado su “preocupación” al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Ahora bien, la retranca gallega no falta entre los magistrados consultados. Como señala un juez destinado en Lugo,

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“La justicia gallega tiene sus propios problemas, que no siempre coinciden con los de Madrid. Aquí sufrimos falta de medios y sobrecarga, más que intromisiones políticas directas”

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. Esta afirmación pone el foco sobre una realidad menos ruidosa, pero más persistente: la estructura judicial gallega, con una plantilla de casi 500 jueces y magistrados, arrastra históricos déficits de personal y recursos, lo que condiciona tanto la celeridad como la calidad de la justicia.

El TSXG y la opinión de la judicatura gallega

En la sede del TSXG, presidida por José María Gómez y Díaz-Castroverde, se percibe cierta cautela ante el revuelo nacional. No se han hecho declaraciones oficiales, pero fuentes judiciales consultadas reconocen que “la politización del discurso desemboca, al final, en una desconfianza de la ciudadanía hacia la justicia, algo que se nota en los juzgados gallegos”. Según datos del propio TSXG, en 2023 se registró un incremento del 12 % en las quejas de ciudadanos sobre retrasos y resoluciones judiciales, un porcentaje que triplica la media nacional.

Lo cierto es que, aunque la tensión Gobierno-jueces parece a veces una pelea de alto nivel, sus ondas sí llegan a la terra. La morriña por una justicia más cercana y menos politizada se deja sentir en las declaraciones de magistrados gallegos, que piden “menos ruido” y más soluciones a los problemas concretos de la comunidad. Entre ellos, la falta de juzgados especializados en violencia de género en áreas rurales o la sobrecarga de los órganos de lo social, especialmente en ciudades como Vigo y A Coruña.

Repercusiones prácticas y mirada de futuro

A nivel práctico, fuentes del TSXG aseguran que no ha habido injerencias directas ni presiones en la toma de decisiones judiciales tras las palabras de Bolaños. Sin embargo, el clima de crispación sí inquieta. Como subraya una magistrada de Pontevedra,

“Lo que más nos preocupa es que la ciudadanía dude de la imparcialidad de sus jueces; la confianza cuesta años ganarla y minutos perderla”

.

En Galicia, donde la confianza institucional ya venía erosionada tras episodios como el colapso de los juzgados en Ferrol o la huelga de letrados, este tipo de polémicas no hace sino añadir leña al fuego. La percepción de parcialidad, aunque más leve que en otras comunidades, existe. Según una encuesta reciente del Consello da Avogacía Galega, un 41 % de los gallegos desconfía de la independencia judicial, una cifra que ha crecido ocho puntos respecto a hace tres años.

Al final, este cruce de declaraciones entre Gobierno y jueces parece quedar lejos de los pasillos de los juzgados de Lugo o Santiago, pero su eco resuena en la confianza social y en el ánimo de quienes cada día imparten justicia en Galicia. La justicia gallega, con retranca y morriña, sigue reclamando menos ruido y más soluciones a sus problemas diarios. Porque aquí, como tantas veces, el debate nacional se filtra en lo local casi sin darnos cuenta.