La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Provincial el sobreseimiento dictado por la jueza que archivó la investigación sobre la pancarta colocada frente al Congreso que calificaba de «corrupto» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En un informe fechado el 26 de febrero, el Ministerio Público considera que el archivo se produjo antes de completar diligencias pendientes, entre ellas un informe de la Brigada Provincial de la Policía. El recurso impugna la decisión adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción, María Dolores Baeza, y solicita que la causa vuelva a abrirse para que continúe la instrucción.

Los hechos investigados se remontan a la colocación de una lona frente al Congreso de los Diputados por parte de la organización Hazte Oír, que usó la imagen del presidente y lo calificó de corrupto, lo que motivó una denuncia por un presunto delito contra la integridad moral. La jueza decidió archivar la causa al entender que no concurrían elementos suficientes para mantener la investigación, pero la Fiscalía discrepa y reclama que antes de cerrar el procedimiento se practiquen todas las diligencias solicitadas por el Ministerio Público. Entre esas actuaciones figura el examen de una supuesta campaña paralela desarrollada a través de otros medios por la misma organización.

En su informe, el Ministerio Público califica de prematura la resolución judicial porque dejó sin practicar pruebas que podrían resultar relevantes para determinar si la conducta denunciada excede la protección de la libertad de expresión y constituye un ataque a la dignidad del afectado. La Brigada Provincial de la Policía debía emitir un informe sobre la campaña mediática atribuida a Hazte Oír, información que, según los fiscales, podría contextualizar la lona dentro de una estrategia más amplia. La ausencia de ese documento llevó a la Fiscalía a entender que no se había agotado la vía probatoria antes de decretar el sobreseimiento.

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El propio presidente Pedro Sánchez recurrió previamente el archivo, al considerar que la exhibición formaba parte de una «campaña de desprestigio y deshumanización» que supera los límites de la libertad de expresión, remedio que elevó el 17 de febrero ante la titular del juzgado. La representación procesal del presidente pidió que la investigación prosiguiera para clarificar la posible vinculación de la organización con otras acciones dirigidas contra su persona. Ese recurso se suma al del Ministerio Fiscal y refuerza la petición de reabrir diligencias.

Hazte Oír, organización ya personada en otros procedimientos contra el Ejecutivo, sostiene que sus actuaciones se enmarcan en el derecho a protestar y criticar a los responsables públicos. La disputa jurídica plantea la delicada línea entre el ejercicio legítimo de la crítica política y la protección frente a expresiones que puedan lesionarlo moralmente. Juristas consultados por diversos medios recuerdan que la jurisprudencia obliga a ponderar el contexto y la intensidad del ataque para decidir si concurren elementos delictivos en mensajes de fuerte contenido político.

Fuentes judiciales explican que el recurso de la Fiscalía no suspende de forma automática el archivo; corresponde ahora a la Audiencia Provincial valorar si admite a trámite el recurso y, en su caso, ordenar la reapertura de la instrucción o confirmar el sobreseimiento. Si la Sala estimara que hubo premura en el archivo, la jueza podría recibir instrucciones para practicar las diligencias pendientes, entre ellas la aportación del informe policial y otras pruebas de actividad mediática. El calendario procesal dependerá de la agenda de la Audiencia y de los plazos legales para resolver recursos.

El episodio añade tensión a un escenario político en el que la protesta ciudadana y las campañas organizadas se mezclan con la campaña judicial y mediática. La causa por la lona se inscribe además en un contexto más amplio de litigios y reclamaciones cruzadas entre colectivos conservadores y el Gobierno, en el que la calificación de los mensajes y la atribución de intencionalidad pesan tanto como los hechos materiales. La resolución de la Audiencia servirá para fijar criterios sobre cuándo una manifestación pública de rechazo se convierte en delito contra la integridad moral de un cargo público.

Por el momento, la causa permanece formalmente sobreseída hasta que la Audiencia resuelva el recurso de la Fiscalía o hasta que la propia jueza reconsiderara su decisión tras nuevas diligencias. Los plazos procesales marcarán si el procedimiento retoma la actividad investigadora y si se incorporan al sumario los informes y pruebas que la Fiscalía considera indispensables. Sea cual sea el desenlace, el caso volverá a situar en el debate público los límites entre crítica política y protección de la dignidad personal en la esfera pública.