El grupo municipal del Partido Popular ha registrado una enmienda a la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid para permitir que los vehículos sin distintivo medioambiental de la DGT vuelvan a circular dentro de la M‑30, siempre que se den determinadas condiciones y tras su aprobación en el pleno del 24 de marzo. La iniciativa plantea que la circulación quede condicionada a que la calidad del aire mantenga los niveles marcados por la normativa europea y que el vehículo esté empadronado en la capital. Si la propuesta prospera, dejaría de tratarse de una prórroga excepcional y convertiría la excepción en una regla sujeta a umbrales ambientales. El objetivo declarado del PP es flexibilizar la norma sin perder el criterio sanitario que motivó la creación de la zona de bajas emisiones.

En la actualidad, los coches sin pegatina no pueden circular por Madrid dentro de la M‑30 salvo en circunstancias muy concretas: vehículos históricos y algunos con empadronamiento en la zona se han beneficiado de moratorias y excepciones hasta ahora. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se implantó para recortar contaminantes y reducir riesgos para la salud y, desde 2025, endureció las restricciones para los modelos más antiguos. La enmienda presentada modifica el alcance de esas limitaciones al introducir un condicionante ligado a la calidad del aire, más allá del carácter temporal de las prórrogas anteriores.

Según el texto del PP, la excepción sería aplicable siempre que los niveles anuales de dióxido de nitrógeno se mantengan por debajo del umbral que fija la normativa europea. No obstante, la misma propuesta mantiene la posibilidad de restringir la circulación durante episodios de alta contaminación, por lo que no se trataría de una libre circulación incondicionada. La diferencia esencial para los conductores sería que los coches sin distintivo empadronados en Madrid podrían beneficiarse del permiso cuando la calidad del aire lo permita; los no empadronados quedarían fuera de la excepción.

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La discusión se enmarca en un pulso más amplio entre políticas de movilidad y exigencias sanitarias y legales. La Comisión Europea y las directivas sobre calidad del aire fijan límites que las ciudades deben respetar y que, en caso contrario, pueden dar lugar a sanciones o a requerimientos de corrección por parte de las autoridades autonómicas y europeas. Madrid ha sido en los últimos años objeto de atención por sus picos contaminantes y por las medidas locales para reducir el tráfico en el centro. La ordenanza ahora en tramitación pretende combinar control ambiental con cierta flexibilidad administrativa.

El Partido Popular justifica la enmienda subrayando la necesidad de evitar agravios para los vecinos empadronados y de ofrecer soluciones más matizadas que las prohibiciones absolutas, especialmente cuando la calidad del aire respete los límites legales. Desde el Ayuntamiento han señalado que la modificación debe valorar tanto la salud pública como la movilidad cotidiana de miles de vehículos que hasta hace poco contaban con prórrogas. El debate político, sin embargo, previsiblemente dividirá a grupos municipales y a colectivos que directamente conectan la movilidad con la salud urbana.

Organizaciones ecologistas y colectivos vecinales han anticipado su rechazo a una flexibilización que pueda suponer un incremento del parque circulante más contaminante en el ámbito urbano. Técnicos y expertos en calidad del aire recuerdan que un promedio anual por debajo del umbral no evita episodios puntuales con concentraciones nocivas y que el tráfico es uno de los principales emisores de NO2 en la ciudad. Por su parte, asociaciones de comerciantes y de pequeños transportistas podrían ver con buenos ojos medidas que amplíen la movilidad de clientes y vehículos en días con baja contaminación.

Desde el punto de vista práctico, la propuesta plantea retos de control y verificación: el empadronamiento como requisito obliga a sistemas de comprobación en tiempo real y a coordinación entre registros municipales y la gestión del tráfico. También dependerá de los sensores y del índice de calidad del aire municipal determinar cuándo se activa o suspende la excepción, con la consiguiente necesidad de comunicación clara a la ciudadanía. La previsión de episodios de contaminación y los umbrales que los disparan seguirán siendo claves a la hora de aplicar limitaciones temporales.

Si la enmienda es aprobada en el pleno del 24 de marzo, el cambio normativo abriría una nueva etapa en la gestión de la ZBE madrileña, con un matiz más dinámico vinculado a los indicadores ambientales. El impacto sobre la congestión, la salud pública y el cumplimiento de las obligaciones europeas dependerá de cómo se concreten los mecanismos de control y de la evolución real de los niveles de óxidos de nitrógeno. Los plazos y las condiciones exactas deberán fijarse en la redacción final de la ordenanza y en la normativa de desarrollo que establezca el Ayuntamiento.

La tramitación de la enmienda será seguida de cerca por residentes, juristas ambientales y operadores del sector del transporte, que esperan conocer el alcance definitivo antes de valorar sus efectos. En los próximos días, y con la sesión plenaria como fecha clave, se medirá la capacidad de los grupos municipales para conciliar el alivio solicitado por algunos conductores con la obligación de preservar la calidad del aire en la capital. Firma: Andrea Gil Modrego.