La Fiscalía solicita dos años de prisión y una multa de 6 euros diarios durante 18 meses para tres socios de una explotación ganadera de Abadín a quienes atribuye haber disuelto la primera sociedad y constituido otra para eludir el pago de una deuda de 38.015,34 euros. La vista previa celebrada este martes en el Juzgado de lo Penal de Lugo no terminó con acuerdo entre las partes, por lo que el procedimiento ha quedado señalado para juicio el 2 de julio. El ministerio público pide además que se declare nulo el cambio de titularidad que, según la acusación, se realizó en plena tramitación de una ejecución judicial.

Los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando la persona acreedora presentó demanda contra la ganadería reclamando la mencionada cantidad. En el Juzgado de Mondoñedo se alcanzó un acuerdo de pago en enero de 2021, pero la Fiscalía sostiene que los tres socios incumplieron voluntariamente ese pacto. La falta de cumplimiento motivó que el demandante promoviera una demanda de ejecución que desembocó en una orden general de ejecución en marzo de 2022.

Durante la tramitación de aquella ejecución, según el escrito del ministerio público, los acusados constituyeron una nueva entidad mercantil dedicada a la ganadería y transfirieron a la misma todos los bienes de la explotación original. Entre los activos trasladados figuran cabezas de ganado equino y bovino, explican las fuentes judiciales, y la actividad de la primera sociedad quedó en la práctica paralizada. Para la Fiscalía, ese trasvase de bienes se hizo con la finalidad directa de frustrar el embargo y evadir el cumplimiento de la obligación reconocida en el acuerdo previo.

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La acusación califica los hechos como un delito de frustración de la ejecución y solicita las penas por ello, además de la declaración de nulidad de las transmisiones que habrían impedido el embargo de los bienes reclamados. En la vista previa celebrada en Lugo no compareció ningún pacto entre defensa y Fiscalía, por lo que se fijó fecha para la celebración del juicio oral. Los tres imputados continúan vinculados al procedimiento mientras avanzan las diligencias y se prepara la causa para su enjuiciamiento.

En la sala no constan declaraciones públicas de los socios ni de sus abogados respecto a las acusaciones, y el auto que acuerda la apertura de juicio recoge los extremos alegados por la Fiscalía sin que, por ahora, conste la existencia de medidas cautelares adicionales. La defensa podrá presentar sus pruebas y excepciones en el juicio, donde corresponderá al tribunal valorar si la operación de reestructuración mercantil encaja en un delito penal o responde a una reorganización lícita de la actividad empresarial.

El caso coloca de nuevo en el foco judicial las dificultades que entraña ejecutar títulos judiciales contra explotaciones agrarias y ganaderas, sectores en los que la transmisión de activos y la constitución de nuevas sociedades suele plantear problemas probatorios complejos. Abadín, en la comarca de A Chaira, tiene una economía donde la ganadería ocupa un papel central, por lo que este procedimiento atrae la atención local por sus posibles efectos en puestos de trabajo y patrimonio rural.

El calendario procesal marca ahora la preparación del juicio para principios de julio, y los interesados en la causa —acreedor, acusación y defensa— dispondrán de plazo para aportar documentación y testigos. Si el tribunal siguiera la petición del Ministerio Fiscal, la sentencia podría imponer la pena de prisión solicitada, la multa diaria y la declaración de nulidad de las transmisiones, lo que abriría la vía para ejecutar los bienes sobre los que se reclama la deuda.

Mientras tanto, la instrucción y los trámites previos continúan en los juzgados lucenses, y la vista oral servirá para dirimir si la creación de la nueva sociedad fue un instrumento para eludir obligaciones o bien una operación empresarial con efectos jurídicos legítimos. El resultado del juicio, previsto para el 2 de julio, marcará el siguiente capítulo de esta reclamación económica que comenzó hace más de cinco años.