En la Audiencia de Vigo se celebra desde este lunes el juicio por el cargamento de cocaína intervenido en el pesquero Simione, cuya segunda jornada, ayer martes 10 de marzo de 2026, estuvo protagonizada por las declaraciones de guardias civiles que participaron en la operación. Los agentes relataron las vigilancias, las intervenciones telefónicas y los registros tanto en alta mar como en tierra que siguieron al abordaje en aguas de Cabo Verde en diciembre de 2022, cuando se incautaron las alrededor de 2,8 toneladas de droga. El proceso sitúa en el banquillo a varios tripulantes y al armador vigués investigado por su presunta implicación en la ruta africana del narcotráfico.

La mayoría de los testigos que desfilaron el martes fueron propuestos por la defensa del principal acusado, que permanece en el banquillo junto al capitán y dos tripulantes que viajaban en el buque en el momento del operativo. Entre la documentación aportada figuran registros de escuchas que, según los agentes, permitieron seguir los movimientos del pesquero y la comunicación entre la embarcación y sus responsables en tierra. También comparecieron intérpretes y peritos que detallaron la secuencia del operativo policial que culminó con la incautación en aguas internacionales frente a Cabo Verde.

En la primera sesión, de carácter sorpresivo, el capitán exculpó públicamente al armador, una versión que contrastó con la hipótesis de la Fiscalía y que ahora vuelve a ser objeto de confrontación en sala. El principal acusado, identificado en la causa por sus iniciales como Pablo G.F., ha pedido declarar al final de la vista oral y, según fuentes próximas a su defensa, insistirá en que no tuvo vinculación con la mercancía intervenida. En su interrogatorio ante los investigadores tras la detención sustentó la misma tesis: que el viaje tenía un carácter técnico para reparar averías y no un propósito vinculado al tráfico de estupefacientes.

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La defensa ha planteado de forma consistente que el destino del pesquero era un astillero de Viana do Castelo, en Portugal, adonde supuestamente se dirigía para efectuar reparaciones. Los guardias civiles reconocieron que las conversaciones telefónicas intervenidas abordaban aspectos técnicos de la navegación y posibles fechas de llegada, si bien los investigadores interpretan esos intercambios como instrucciones logísticas relacionadas con la operación del envío de droga. La discrepancia entre la versión de la defensa y la lectura policial de las escuchas será uno de los ejes de la prueba que todavía debe desarrollarse en el juicio.

Varios agentes detallaron cómo se produjo el seguimiento del barco y las maniobras para documentar la cadena de custodia de las pruebas, desde las escuchas hasta el registro físico tras el abordaje. Relataron asimismo que en las transcripciones figuraban referencias a reparaciones y a la situación técnica de la embarcación, términos que la acusación vincula a la excusa dada por los implicados para justificar la travesía. Un guardia explicó que hubo comunicaciones que transmitían tranquilidad sobre el estado del viaje y que se descartaron problemas inminentes, mientras que para la investigación esos mensajes encubrían movimientos coordinados del grupo que organizó el envío.

Entre la prueba documental presentada en sede judicial aparece un SMS recuperado de la bandeja de salida del teléfono satelital del buque en el que se describe la sucesión de fallos en la maquinaria y la sensación entre la tripulación de que el barco daba problemas continuos. En ese mensaje se alude a la recuperación del timón y a nuevos fallos del generador, y se califica al pesquero con una expresión que los investigadores han reproducido en sala como reflejo de la precariedad técnica del Simione. Para la defensa, esos mensajes confirman la naturaleza técnica del viaje; para la acusación, forman parte del contexto que permitió la operación ilícita.

El juicio del Simione llega tras la instrucción y el enjuiciamiento de otro alijo importante, el del MV Karar, que ya fue sentenciado, y se inserta en la investigación más amplia sobre las redes que utilizan la ruta atlántica africana para el trasiego de cocaína hacia Europa. La relevancia de este procedimiento radica en la cantidad de droga intervenida y en la posible implicación de operadores portuarios y armadores que, según la Fiscalía, habrían facilitado la logística. La causa sigue abierta con diligencias complementarias y la comparecencia de más testigos y peritos en los próximos días.

La vista, que continuará con la declaración de testigos y con la previsión de que el acusado principal exponga su versión al final, marcará el calendario procesal de las próximas semanas en la sección penal de la Audiencia de Pontevedra. Tanto la acusación como las defensas apuestan a presentar informes periciales sobre la trazabilidad de la cocaína y la responsabilidad penal de cada uno de los encausados. La resolución del caso, una vez concluido el juicio oral, tendrá implicaciones para la investigación de otras operaciones en la zona y puede clarificar el grado de responsabilidad de quienes gestionaban la logística marítima del cargamento.