El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado a la Xunta el permiso para realizar batidas de lobo en los concellos de Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol, en una resolución fechada el 6 de marzo y difundida la semana pasada, al entender que la administración no aportó pruebas técnicas suficientes que avalen el aumento de ataques al ganado que motivaba la petición. La decisión paraliza las actuaciones solicitadas tras la suspensión cautelar de las batidas autorizadas con la reciente modificación de la normativa cinegética autonómica. El fallo subraya que el sacrificio de ejemplares sólo puede admitirse como medida excepcional y no como respuesta generalizada a la conflictividad con la ganadería.

La Xunta incorporó el pasado abril al lobo en el catálogo de especies cuya caza se autoriza mediante «esperas, batidas y monterías» cuando existan «daños constatados», con la salvedad de los meses de abril, mayo y junio. Tras esa reforma, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático solicitó permisos puntuales para controlar poblaciones en los tres municipios pontevedreses y coruñeses citados, alegando incremento de ataques al ganado en las zonas afectadas. La petición se formuló como contracautela ante la suspensión provisional de las batidas, pero el alto tribunal consideró que la documentación técnica aportada no acreditaba una variación suficiente de las circunstancias.

En el auto, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima que no se ha demostrado un cambio objetivo que permita modificar las medidas cautelares ya adoptadas y rechaza la contracautela presentada por la Consellería. Los magistrados advierten además de que las batidas solicitadas tendrían «evidentes consecuencias letales» para los ejemplares de lobo, sin que previamente se hubiera realizado el análisis requerido por el propio plan de conservación de la especie. La resolución sigue la línea de sentencias anteriores que exigen pruebas técnicas claras antes de autorizar actuaciones letales sobre fauna silvestre.

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La decisión del TSXG se enmarca en un contexto de tensión entre las administraciones autonómicas y los tribunales desde que el Congreso de los Diputados retiró al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), hace aproximadamente un año. Tras esa modificación legal, varias comunidades comenzaron a flexibilizar las autorizaciones de caza para intentar reducir los daños al ganado, estableciendo en ocasiones sistemas de cupos que las organizaciones conservacionistas han criticado como generalizadores. Los tribunales, sin embargo, vienen reiterando que la mortalidad de la especie debe ser la excepción y no la norma.

Fuentes de la Consellería han defendido que las medidas solicitadas responden a la necesidad de proteger la actividad ganadera y evitar pérdidas económicas para explotaciones afectadas por ataques de lobo, y sostienen que la administración sigue procedimientos administrativos para acreditar y documentar dichos daños. La petición ante el TSXG pretendía precisamente autorizar actuaciones puntuales en zonas donde los ganaderos alegan una mayor incidencia de depredación, según los argumentos presentados por el Gobierno autonómico.

Por su parte, colectivos conservacionistas y expertos en fauna salvaje han aplaudido la resolución y han insistido en la utilidad de soluciones alternativas a la caza. Estas fuentes reclaman un refuerzo de las medidas preventivas —como vallados, pastoreo adaptado, empleo de mastines y programas de compensación por daños— y una evaluación técnica rigurosa antes de autorizar cualquier acción letal. Denuncian que las respuestas basadas en el exterminio no resuelven los conflictos estructurales entre la protección de la biodiversidad y las necesidades del sector primario.

El fallo, que recoge también información difundida por EfeVerde, plantea un escenario jurídico en el que la Xunta deberá acreditar de manera más sólida los supuestos incrementos de ataques si pretende que futuras autorizaciones superen el filtro judicial. La sentencia puede marcar jurisprudencia en Galicia y condicionar la forma en que las administraciones articulen medidas de gestión de depredadores en el territorio, obligando a integrar análisis técnicos y alternativas no letales.

Mientras tanto, la controversia entre ganaderos, ecologistas y poderes públicos sigue abierta en el campo gallego. El TSXG recuerda con esta resolución que la defensa del patrimonio natural y la convivencia con las actividades rurales requieren pruebas fehacientes y proporcionalidad en las intervenciones, y deja claro que cualquier política de control del lobo tendrá que afrontar un escrutinio judicial estricto antes de ejecutarse.