Los letrados que defienden a la pareja juzgada en Oviedo solicitaron este martes la absolución de sus clientes por los hechos que se juzgan en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Se trata de un hombre de 53 años de nacionalidad alemana y de una mujer de 48 años con ciudadanía estadounidense y también alemana por matrimonio, a quienes la Fiscalía atribuye detención ilegal y violencia psicológica habitual en el ámbito familiar. Según la acusación, tres niños, con edades comprendidas entre los ocho y los diez años, permanecieron retenidos en un chalé de Fitoria durante casi cuatro años; por estos delitos el Ministerio Público reclama un total de 25 años y cuatro meses de prisión.

En la sesión inicial del juicio, la defensa negó que la vivienda fuera el calvario que describieron en su día los primeros agentes que accedieron al interior, en abril de 2025, y reclamó que se valore la prueba de forma exhaustiva antes de condenar. Los abogados sostuvieron que las imágenes y los testimonios que dieron pie a la denominación sensacionalista no reflejan la realidad y que existen dudas suficientes sobre la configuración de los delitos que imputa el fiscal. La petición de absolución es la respuesta procesal al relato de la acusación, que permanecerá ahora sujeta al desarrollo probatorio en la vista.

La Fiscalía, por su parte, mantiene que la conducta de los progenitores encajaría en los tipos penales de detención ilegal y de violencia psicológica habitual, al entender que los menores fueron privados de libertad y sometidos a un trato continuado que afectó a su salud mental. El dato de las penas solicitadas —25 años y cuatro meses— refleja la suma de los distintos años que se piden por cada conducta imputada, según explicó el Ministerio Público en su escrito de calificación. La acusación basa su relato en la investigación policial y en las exploraciones iniciales practicadas tras la entrada en la casa.

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La vivienda de Fitoria, en Oviedo, fue foco de atención mediática desde el momento en que los agentes accedieron a ella, y la denominación popular que entonces se extendió condicionó la percepción pública del caso. En el juicio, los defensores reclamaron separar la información sensacionalista del material probatorio que se aportará ante el tribunal y pidieron que se respete la presunción de inocencia de sus clientes. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, si las hubiere, expondrán ahora sus pruebas y testigos para sostener la acusación.

Fuentes de la causa confirmaron que son tres los menores implicados y que, al menos en la fase de instrucción, se recabaron informes que describen la situación en la que fueron localizados, aunque la defensa cuestiona la interpretación de esos informes. El procedimiento, de gran impacto social, ha abierto debates sobre la protección infantil y la intervención de los servicios sociales, cuestiones que pueden condicionar la valoración judicial más allá de la mera incriminación penal. El tribunal deberá dilucidar si concurre o no la tipicidad penal que plantea la acusación.

En la jornada de apertura no se produjeron declaraciones extensas por parte de los acusados, que acudieron acompañados de sus abogados al acto procesal para responder a las primeras cuestiones formales y escuchar los fundamentos de la acusación y de la defensa. El desarrollo del juicio exigirá la práctica de pruebas documentales y testificales, así como la valoración pericial de los informes relativos al estado de los menores. El resultado de esa instrucción judicial será determinante para que el tribunal adopte una resolución.

Juristas consultados subrayan que en procesos con fuerte carga mediática, como éste, el tribunal debe examinar con especial rigor la cadena de custodia de las pruebas y la posible influencia de la publicidad sobre los testimonios. En el caso concreto, la consideración de la habitualidad en la violencia psicológica y la acreditación de la restricción de la libertad son elementos clave para sostener las calificaciones penales que propone la Fiscalía. La defensa apuesta por desmontar esas afirmaciones para alcanzar la absolución reclamado.

La vista continúa abierta y la atención pública permanece centrada en las comparecencias y en la producción de prueba que se desarrollará en las próximas sesiones. Hasta que la Audiencia Provincial dicte una sentencia firme, los acusados mantienen la presunción de inocencia y el proceso seguirá su curso para determinar de forma motivada si procede imponer las penas solicitadas o absolver a la pareja de los cargos que se les imputan.