La reciente escalada de ataques con drones en la región del Golfo ha provocado la salida precipitada de numerosos residentes extranjeros de Dubái y otros emiratos, entre ellos ciudadanos que se trasladaron allá atraídos por la exención fiscal. En las últimas semanas, la alarma por la seguridad ha llevado a turistas y a residentes con medios a buscar evacuación o volver temporalmente a sus países de origen. En España, la tertuliana Alba Carrillo ha puesto el foco en el caso del extenista Fernando Verdasco y su esposa Ana Boyer, que figuran entre los españoles con residencia en Emiratos Árabes Unidos. El éxodo forzado por el riesgo bélico ha reabierto preguntas sobre quién asume los costes de rescate y asistencia cuando esas personas regresan.

El fenómeno, bautizado en algunos medios como el de los “expat” fiscales, agrupa a influencers, deportistas, banqueros, nómadas digitales e inversores en criptomonedas que residieron fuera de su país para reducir su carga impositiva. Muchos eligieron Dubái por la ausencia de impuesto sobre la renta y por un estilo de vida que combina servicios de lujo con condiciones favorables para el capital. Sin embargo, la súbita percepción de inseguridad ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de esa estrategia cuando la geopolítica se vuelve inestable. La contradicción entre la búsqueda de condiciones fiscales y la dependencia de servicios públicos al retornar genera malestar en la opinión pública.

En el Reino Unido, la polémica ha adoptado un tono más cerrado: el dirigente liberal demócrata Ed Davey se ha manifestado en contra de que los costes de repatriación o la atención se carguen íntegramente al erario si los implicados han eludido obligaciones fiscales. Su posición refleja la preocupación de sectores políticos por evitar que fondos públicos cubran rescates o sanidad de quienes buscaron tributación reducida en el extranjero. En España, voces en programas de debate reclamaron explicaciones sobre la corresponsabilidad y la reciprocidad en el uso de servicios sociales. Esas críticas han alimentado una conversación más amplia sobre justicia fiscal y solidaridad ciudadana.

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Los retornos por motivos de salud son otro capítulo que alimenta la controversia: no es infrecuente que expatriados que renunciaron a tributar en su país acudan después a la sanidad pública para recibir tratamientos costosos. Ese escenario despierta indignación entre contribuyentes que sostienen el sistema, y pone en evidencia lagunas en la regulación internacional sobre cobertura y derechos sanitarios. Las instituciones suelen responder que la asistencia humanitaria y las obligaciones internacionales priman en situaciones de emergencia, pero la percepción pública tiende a ver una injusticia cuando el resultado es el uso gratuito de servicios pagados por otros.

El impacto humanitario de la crisis en Oriente Próximo ha sido tangible: en las últimas semanas se realizaron evacuaciones organizadas por Estados y por compañías privadas, y la llegada a España de cientos de compatriotas evacuados sirvió para recordar la magnitud del problema. Estas operaciones, en muchos casos, se han financiado con fondos públicos o mediante acuerdos bilaterales, independientemente del historial fiscal de quienes regresan. La discusión, por tanto, no solo es legal sino también política y moral: ¿debe un país priorizar la protección de todos sus nacionales, con independencia de dónde hayan pagado impuestos?

Desde el prisma económico, Dubái y otros emiratos han capitalizado décadas de políticas de bajos impuestos para atraer talento y capital. La oferta resulta atractiva para perfiles móviles que valoran la optimización fiscal y la ausencia de trabas a la movilidad internacional. No obstante, la reciente inestabilidad recuerda que la seguridad y la estabilidad institucional también forman parte del paquete que valora cualquier residente. Cuando estos elementos fallan, la lógica de la expatriación por motivos exclusivamente fiscales se resquebraja.

Expertos en derecho internacional y fiscal señalan que las opciones legales para sancionar o recobrar costes son limitadas y complejas. La imposición de recargos por repatriación o la denegación de asistencia humanitaria chocaría con normas y convenios de protección consular. Además, la practicidad de aplicar medidas punitivas retroactivas contra quienes ya retornan por urgencia resulta discutible desde el punto de vista operativo y ético. Por ello, la mayoría de los gobiernos opta por medidas preventivas y por reforzar controles fiscales antes que por penalizar rescates.

En el terreno político la crisis ofrece munición a diferentes posiciones: para algunos, la prioridad debe ser endurecer la fiscalidad sobre patrimonios y establecer reglas más rígidas para la residencia fiscal; para otros, la defensa incondicional de ciudadanos en peligro no puede supeditarse a consideraciones contributivas. Lo que sí parece claro es que la combinación de movilidad global, fiscalidad competitiva y riesgo geopolítico exige nuevas respuestas multilaterales. La pandemia y la reciente oleada de conflictos han demostrado que las fronteras fiscales no son impermeables a la geopolítica.

La retirada temporal o permanente de expatriados hacia sus países de origen ante situaciones de riesgo relanza un debate que trasciende casos concretos. Frente a episodios puntuales como el vivido en el Golfo, las sociedades deberán decidir si priorizan la ayuda universal por encima de la justicia contributiva o si buscan fórmulas intermedias que garanticen la solidaridad sin premiar el oportunismo fiscal. La discusión continuará en los próximos meses, mientras muchos observan con atención cómo se resuelven repatriaciones y responsabilidades en este nuevo capítulo de la movilidad global.