Bruselas lleva a España ante el TJUE por las aguas residuales: seis puntos críticos en Galicia

La Comisión Europea ha vuelto a apretar las tuercas a España en materia de depuración de aguas. Esta vez, la amenaza de multa llega por el incumplimiento de la directiva de aguas residuales urbanas, y Galicia aparece señalada con al menos seis localidades donde los sistemas de saneamiento no cumplen con los estándares exigidos. La Xunta, sin embargo, discrepa abiertamente con el diagnóstico de Bruselas y asegura que los problemas ya están resueltos o en vías de solución. El conflicto, enquistado desde hace años, vuelve a poner sobre la mesa una asignatura pendiente que afecta a la calidad del agua y al medio ambiente.

La denuncia, presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a finales de abril, identifica 114 puntos de incumplimiento en toda España. Galicia no está sola en este expediente, pero sí figura con varios focos que preocupan a las autoridades comunitarias. Mientras tanto, el Gobierno gallego insiste en que los datos no reflejan la realidad actual y que las inversiones realizadas en los últimos años han corregido buena parte de las deficiencias. ¿Quién tiene razón? Los plazos judiciales lo dirán.

Un expediente que viene de lejos

No es la primera vez que Bruselas llama la atención a España por este motivo. La directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, vigente desde 1991, exige que todas las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes dispongan de sistemas de recogida y tratamiento adecuados. El plazo límite para cumplir con los requisitos más estrictos expiró hace más de una década. Desde entonces, la Comisión ha ido acumulando expedientes y sentencias condenatorias. Ahora, el paso siguiente es la imposición de sanciones económicas.

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Conviene recordar que la UE ya condenó a España en 2024 por la contaminación por nitratos en cuatro comunidades autónomas. Aquella sentencia no afectaba a Galicia, pero el nuevo procedimiento sí la alcanza de lleno. Las autoridades europeas detectaron que, pese a los avances, todavía hay núcleos urbanos donde las aguas residuales no reciben el tratamiento exigido. Y la comunidad gallega, con su extensa costa y una densa red de ríos, resulta especialmente sensible a este tipo de incumplimientos.

Los focos gallegos: entre el diagnóstico y la realidad

La Comisión Europea ha identificado al menos seis puntos críticos en Galicia donde los sistemas de depuración no cumplen con la normativa. Aunque la Xunta no detalla públicamente la lista completa —algo que genera suspicacias entre los grupos ecologistas—, fuentes del sector apuntan a que se trata de instalaciones que arrastran problemas crónicos de capacidad, mantenimiento o diseño. Algunas de ellas están en zonas costeras de alta presión turística, donde el volumen de aguas residuales se dispara en verano. Otras, en áreas rurales donde la dispersión de la población encarece las soluciones.

Lo cierto es que el problema no es nuevo. Durante años, numerosos concellos gallegos han estado bajo la lupa de la UE por no cumplir con la directiva de depuración. En algunos casos, las estaciones de tratamiento han funcionado de forma intermitente o con rendimientos por debajo de lo exigido. La Xunta, por su parte, ha invertido millones de euros en modernizar infraestructuras, pero a juicio de Bruselas el esfuerzo no ha sido suficiente. Ahí está la clave del desencuentro: mientras la administración autonómica considera que los problemas están subsanados o en vías de solución, la Comisión Europea sostiene que los datos de control demuestran lo contrario.