Los vecinos de la aldea de San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras, denuncian que la escasez de empresas y mano de obra amenaza la reconstrucción de las casas arrasadas por el incendio que quemó más de 30.000 hectáreas en agosto de 2025. La misma carencia de contratistas dificulta la ejecución de proyectos municipales en la comarca, donde las licitaciones apenas reciben ofertas. Responsables locales y empresarios advierten de que, si no se corrige la situación, se pueden perder plazos de fondos europeos y gran parte de la inversión prevista.

Los afectados por el fuego dicen haber encontrado dificultades a la hora de localizar empresas dispuestas a afrontar trabajos de reparación y rehabilitación, una circunstancia que retrasa la vuelta a la normalidad de muchas familias. Así lo corroboran fuentes vecinales y empresas locales, que explican que los presupuestos tardan en llegar o directamente no se presentan. El presidente de la Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA), Carlos Terán Búa, reconoce que lleva meses esperando propuestas para una pequeña reforma en su vivienda porque los constructores están desbordados.

Promotores y contratistas atribuyen la falta de oferta a la ausencia de trabajadores en la comarca. Varias voces del sector señalan que hay pocas cuadrillas disponibles y que la única solución pasa por contratar mano de obra procedente de fuera de la zona, a veces de otros países, para cubrir la demanda. Esta necesidad de atraer a migrantes se ve condicionada por la competencia salarial y las dificultades logísticas para fijar a los trabajadores en proyectos dispersos geográficamente.

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Los ayuntamientos de la zona empiezan a percibir el impacto en sus convocatorias públicas. El alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, explicó que en la reciente licitación para la mejora de las instalaciones deportivas de Calabagueiros, que incluye la actualización de las pistas de atletismo, sólo se presentó una empresa. El presupuesto de esa obra asciende a 73.500 euros, según la documentación municipal, y la falta de concurrencia obligó al Concello a solicitar documentación adicional al único licitador.

En un proyecto de mayor envergadura, la reforma de la Praza Maior, la fuente, Porto da Barca y el Camino Real, con un presupuesto inicial de 476.500 euros, sólo concurrieron dos constructoras, una cifra que el alcalde consideró insuficiente para garantizar competitividad y agilidad en la ejecución. Estos ejemplos ilustran cómo la combinación de empresas saturadas y escasez de personal reduce la capacidad de los concellos para ejecutar actuaciones previstas, incluso cuando cuentan con financiación comprometida.

El problema no se limita a la disponibilidad de trabajadores. Los plazos asociados a fondos europeos introducen una presión adicional: si los proyectos no se licitan y ejecutan dentro de los calendarios establecidos, los municipios arriesgan la pérdida de subvenciones. El regidor de Rubiá, Elías Rodríguez, ya alertó sobre la rigidez de esos cronogramas y la posibilidad de que retrasos administrativos o de adjudicación provoquen la devolución de fondos o la imposibilidad de su aplicación.

La alcaldesa de A Rúa, María González Albert, resumió la preocupación de varios concellos: las pocas empresas que aún trabajan con la Administración están saturadas y resulta necesario rogar para que se presenten a las licitaciones. Recordó que hace años el municipio contaba con una docena de firmas que concurrían con regularidad y que hoy apenas queda una capaz de asumir contratos públicos. Esa contracción del tejido empresarial local está provocando un cuello de botella en la ejecución de obras que afecta por igual a particulares y a las arcas municipales.

Además de la escasez de mano de obra, los constructores reprochan que los precios incluidos en algunos pliegos son demasiado ajustados para asumir ciertos trabajos, lo que desalienta la presentación de ofertas. Fuentes del sector señalan que las tarifas fijadas por algunas entidades públicas sitúan márgenes que no permiten absorber costes variables ni cubrir la contratación de personal adicional. En este contexto, los ayuntamientos deben decidir si revisan sus condiciones económicas, buscan fórmulas contractuales alternativas o renuncian a proyectos ante el riesgo de que no salgan adelante.

Las consecuencias prácticas de esta confluencia de problemas son inmediatas: hogares que quieren rehabilitarse tras el incendio ven peligrar los plazos previstos para 2025, y las inversiones municipales —desde pistas deportivas hasta plazas y accesos— pueden demorarse o encarecerse. Para evitarlo, vecinos y responsables locales reclaman medidas coordinadas que incentiven la llegada de mano de obra, ajusten las condiciones de contratación y flexibilicen los procedimientos de los fondos europeos, de modo que la reconstrucción y las obras públicas no queden paralizadas por falta de personal.