La investigación sobre la dana que asoló la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024 y que se saldó con 230 fallecidos centra ahora su atención en las comunicaciones entre responsables políticos: la Fiscalía Superior cree que las llamadas que mantuvo Carlos Mazón con la entonces responsable de la emergencia y los mensajes que intercambió su exjefe de gabinete pueden ser determinantes para aclarar responsabilidades. El escrito fiscal, presentado como alegaciones a la exposición razonada que remitió la jueza al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, reclama obtener esos contenidos para dilucidar si hubo actuación dolosa o una mera omisión. La prioridad es establecer el alcance de la conducta del expresidente autonómico durante la tarde de la catástrofe.

En su escrito, el Fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro, cuestiona la vía procesal inicial que apuntaba a un homicidio imprudente por omisión y propone, en cambio, explorar indicios de un supuesto homicidio imprudente por acción, si los mensajes o las conversaciones desvelan decisiones concretas que hubieran acelerado o agravado el desenlace. Las alegaciones recogen la tesis de que no basta con la constatación de una inacción genérica, sino que sería necesario probar que las conductas u órdenes de los investigados tuvieron un papel activo en el resultado mortal. Esa matización técnica condiciona las diligencias pendientes y la posible imputación de cargos.

El Ministerio Público reclama expresamente acceder a los intercambios de WhatsApp y otras comunicaciones que mantuvo José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón y hoy asesor, con el expresidente y con otros seis protagonistas implicados en la gestión de la emergencia. Según la Fiscalía, esos mensajes podrían aclarar qué instrucciones se dieron, qué información recibió la cúpula de la Generalitat y en qué momento, datos que hasta ahora no constan en el sumario completo. La petición coincide con la solicitud de la Asociación Valenciana de Afectados de la Dana, que reclamó que la causa vuelva al juzgado de Catarroja mientras se tramitan estas diligencias esenciales.

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La figura de la exconsellera y mando único de la emergencia, Salomé Pradas, también aparece en el centro del procedimiento: la Fiscalía contempla que su declaración, y especialmente los mensajes que ella misma envió la tarde del 29 de octubre, podrían poner de manifiesto decisiones directas o conversaciones con el presidente que expliquen la dinámica de la gestión. En el escrito se incluye la posibilidad de que Pradas, si fuera requerido, añada datos que vinculen a Mazón con instrucciones concretas; del mismo modo, se considera la eventual implicación del exsecretario autonómico Emilio Argüeso en las decisiones adoptadas.

La exposición razonada fue remitida por la jueza de la causa, Nuria Ruiz Tobarra, al TSJCV para que la sala de lo Civil y lo Penal investigue al expresidente, pero será el tribunal —con cinco magistrados encargados de dirimir— quien decidirá si admite la cuestión y si mantiene o amplía las imputaciones propuestas. Previamente, seis magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Valencia sostuvieron la tesis de un homicidio imprudente por omisión, posición que el Fiscal Superior matiza en sus alegaciones. Esa divergencia sobre la tipificación del delito marca el debate jurídico y condiciona las pruebas que se consideren relevantes.

La cronología de la tarde fatídica es un elemento central para la instrucción: Mazón, que acudió al Centro de Coordinación de Emergencias con un jersey amarillo y llegó sobre las 20.28 horas, mantuvo diversas comunicaciones durante la jornada, según consta en el sumario. Lo que circulara en esos momentos entre su teléfono, el de su gabinete y los responsables de emergencia podría mostrar si se adoptaron órdenes operativas, si hubo alertas desatendidas o si las decisiones se limitaron a meras valoraciones públicas. La Fiscalía estima que la naturaleza y el contenido de las conversaciones son clave para fijar responsabilidades penales.

Familiares de las víctimas, asociaciones de afectados y buena parte del arco político vigilan de cerca el avance de las diligencias, conscientes de que la obtención de los mensajes y las declaraciones pendientes puede reabrir el debate sobre la gestión institucional del desastre. En la práctica, las pruebas reclamadas por la Fiscalía implican solicitudes formales a operadores, peritajes forenses de los teléfonos y la posible comparecencia de cargos públicos para ratificar lo declarado o aportar nueva información. Todas esas actuaciones pueden prolongar la instrucción antes de que los jueces tomen una decisión definitiva sobre posibles imputaciones.

El siguiente paso procesal corresponde ahora a la sala del TSJCV, que debe resolver si admite la exposición razonada y en qué términos, y a partir de ahí determinar si la causa regresa al juzgado de Catarroja para practicar las diligencias solicitadas o si continúa elevada. La Fiscalía ha dejado claro que su postura pivota sobre la prueba documental y telemática: sin el contenido de las llamadas y los mensajes no sería posible descartar ni afirmar con seguridad la existencia de una actuación determinante. En cualquier caso, el rumbo de la investigación dependerá en los próximos días del acceso a esas comunicaciones y de la valoración que hagan los magistrados.