La investigación sobre la tragedia causada por la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana sitúa ahora en el centro del proceso las comunicaciones entre responsables políticos. La Fiscalía Superior considera determinante conocer el contenido de las llamadas que madecen la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, así como los mensajes de WhatsApp intercambiados con su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, para decidir si procede su imputación por las 230 víctimas mortales.

En sus alegaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el Fiscal Superior sostiene que el esclarecimiento de esas conversaciones puede inclinar la balanza sobre la responsabilidad penal de Mazón durante la tarde fatídica, cuando desbordamientos en el barranco del Poyo y los ríos Magro y Túria arrasaron varias comarcas. El escrito subraya que todavía están pendientes de aportación los mensajes que Cuenca intercambió con otras seis personas implicadas en la gestión de la emergencia, una pieza que los investigadores consideran de alto valor probatorio.

El Fiscal Superior, José Francisco Ortiz Navarro, recoge en su exposición que la instrucción debe priorizar la verificación de instrucciones o requerimientos concretos que pudieran vincular a Mazón con decisiones operativas tomadas aquella tarde. Aunque la jueza instructora elevó una exposición razonada para que el TSJCV investigue al expresidente, Ortiz Navarro plantea que, en la fase actual, no se puede afirmar con certeza la existencia de dichas instrucciones, si bien no descarta que el panorama probatorio cambie a medida que se incorporen las comunicaciones pendientes.

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La Fiscalía aboga por descartar la calificación inicial de homicidio imprudente por omisión que había adoptado la jueza de Catarroja, y propone en cambio indagar si hubo un homicidio imprudente por acción, es decir, actuaciones concretas que hubieran podido agravar la situación. En ese análisis cobran especial importancia las llamadas registradas entre Mazón y Pradas —concretamente una alrededor de las 17:37, cuando la situación en Utiel ya era crítica— y otros contactos del expresidente con responsables presentes en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi).

El documento fiscal cita además comunicaciones telefónicas en torno a las 18:16, 18:25, 18:30 y 19:43, horas en las que la emergencia se encontraba en pleno desarrollo. Los investigadores también apuntan a otras llamadas con personas como el presidente de la Diputación, Mompó, cuyo contenido podría ayudar a reconstruir el flujo de información y las órdenes que se dieron o no se dieron en ese tramo horario. La llegada de Mazón al Cecopi esa noche se registra en los partes a las 20:28, cuando el desastre humano ya estaba consumado.

La abogada de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) defendió en su escrito que la causa debe volver al juzgado de Catarroja hasta que se completen las diligencias pendientes relacionadas con las decisiones del 29-O; petición que el Fiscal Superior incorpora en su razonamiento como argumento para no precipitar la resolución sobre la responsabilidad penal del expresidente. El TSJCV, en manos de una sala de cinco magistrados de lo Civil y lo Penal, deberá valorar ahora si recibe la exposición razonada de la jueza.

Fuentes judiciales recuerdan que la instrucción de un caso con estas dimensiones se apoya tanto en pruebas documentales como en testimonios. La posibilidad de que la exconsellera Pradas declare y aporte nuevos elementos, o que su exsecretario autonómico, Emilio Argüeso, también quede afectado por la investigación, mantiene abiertas varias vías procesales. La fiscalía enfatiza que, a día de hoy, la certeza sobre la existencia de instrucciones concretas no está acreditada, pero que la incorporación de los chats y llamadas pendientes podría modificar sustancialmente la apreciación delictiva.

El proceso entra ahora en una fase de espera hasta que se incorporen al sumario los mensajes reclamados y se pronuncie el TSJCV sobre la petición de apertura de investigación al expresidente. El resultado de ese trámite determinará si la causa sigue en los juzgados de Catarroja o si pasa a la jurisdicción del Tribunal Superior, y marcará el rumbo de una instrucción que busca dar respuesta a una de las peores catástrofes naturales recientes en la Comunitat Valenciana.