Elena Villanueva. La Audiencia ha decidido mantener en prisión a uno de los presuntos autores del secuestro y la posterior extorsión de dos hombres de origen africano ocurrido en Vigo, en un caso que comenzó en noviembre de 2024 y cuya detención se produjo en marzo de 2025. Los magistrados alegan la gravedad de los hechos y una acumulación de indicios —reconocimiento de las víctimas, posicionamiento GPS y llamadas telefónicas— que justifican la medida cautelar. El detenido sostiene haber sido víctima de una estafa conocida como el timo de los «billetes tintados» y rechaza la acusación de secuestro.

Según el sumario, los dos afectados fueron introducidos en los maleteros de varios vehículos, maniatados y trasladados inicialmente a la zona de O Vao y, posteriormente, hasta territorio portugués, antes de ser liberados en el barrio de Guixar. Durante el cautiverio, los agresores habrían contactado con familiares de las víctimas para exigir rescates que, según la investigación, llegaron a alcanzar la cifra de 500.000 euros. Además de la acusación por secuestro, la causa incluye delitos de lesiones, robo con violencia y extorsión.

Los investigadores sostienen que la instrucción reúne pruebas que vinculan a los arrestados con los hechos: una de las víctimas reconoció a uno de los imputados, el posicionamiento de los teléfonos móviles coincide con los desplazamientos denunciados y existen llamadas al número de la mujer de uno de los secuestrados en las que se reclamaba el pago del rescate. Con esos elementos, la Audiencia rechazó la petición de libertad provisional formulada por la defensa.

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La versión del hombre que permanece en prisión difiere radicalmente. El detenido, que según la investigación residía entre Vigo y Cangas, declara ante la policía que fue él quien fue estafado y que los dos hombres africanos son los verdaderos autores de una estafa agravada. Relata que se reunió con las víctimas en Valencia y Madrid para efectuar un engaño conocido como el método de los billetes tintados, y que, tras una discusión, no se produjo ningún secuestro sino un enfrentamiento derivado del supuesto timo.

La defensa ha solicitado que no prevalezca de forma automática la narrativa de los denunciantes y ha reclamado que se investigue a las dos personas liberadas por la posible comisión de la estafa. El abogado del investigado sostiene que las diligencias deben ampliar el foco y examinar la conducta de todos los implicados, mientras la Fiscalía y los magistrados mantienen que las pruebas disponibles justifican la prisión provisional por riesgo procesal y por la gravedad de los delitos.

Los arrestos se llevaron a cabo tras un operativo policial en el que los agentes registraron viviendas y practicaron detenciones, actuaciones que en parte han sido documentadas por la Guardia Civil. Los mandatos de entrada y detención se ejecutaron en marzo de 2025, casi cuatro meses después de la fecha en la que se denunció el rapto, lo que, según fuentes judiciales, permitió acumular indicios incriminatorios antes de dar por culminada la investigación inicial.

Fuentes próximas al caso subrayan la complejidad de las pesquisas, que combinan pruebas periciales, localizaciones por GPS y las conversaciones telefónicas que habrían servido para coordinar los raptos y las peticiones de dinero. La movilización de los imputados por distintos municipios de la ría y el paso por la frontera con Portugal añadieron además competencias y diligencias conjuntas con fuerzas del otro lado de la frontera, según las mismas fuentes.

El timo de los «billetes tintados» consiste en convencer a la víctima de que, aplicando un supuesto producto químico a papeles o cartulinas, estos se convierten en billetes auténticos o de apariencia casi perfecta. Las denuncias por este tipo de estafa han proliferado en los últimos años y configuran, a juicio de la defensa, el contexto en el que se produjo el episodio que ahora está en los tribunales. La jueza instructora deberá valorar si la imputación por secuestro se mantiene o si las pesquisas terminan reconduciéndose hacia una causa por estafa.

Mientras la causa continúa su tramitación, las partes remitidas a la Audiencia guardan la presunción de inocencia y el derecho a probar sus versiones. Los próximos pasos judiciales incluyen la continuación de las diligencias de investigación y la vista en la que se decidirá la posible conversión de las medidas cautelares, frente a una instrucción que, por ahora, mantiene a uno de los acusados en prisión provisional por la gravedad de los indicios acumulados.