Pedro Sánchez ha optado por reducir el rango de los foros institucionales a los que se somete el Gobierno para sortear la fragilidad de su minoría parlamentaria, una estrategia que se traduce en la suspensión del estado-de-la-nacionalidad-canaria-en-santa-cruz-de-tenerife/" title="Debate">debate del estado de la nación, la celebración de solo dos Conferencias de Presidentes en la legislatura y su ausencia continuada en el pleno del Senado. El presidente comparecerá en el Congreso el 25 de marzo para explicar la posición del Ejecutivo sobre la guerra en Irán, pero evitará someter a votación el posible envío de una fragata a Chipre, apostando por el formato sin límite de tiempo que le permite comparecer a su antojo. La maniobra, según fuentes de Moncloa, busca preservar la capacidad de gestión del Ejecutivo sin exponerle a derrotas parlamentarias. Para la oposición, en cambio, constituye una reiterada elusión del control democrático.

En el Gobierno subrayan que Sánchez es el presidente que más veces ha acudido al Congreso para dar explicaciones, aprovechando las comparecencias a petición propia que no están tasadas en tiempo y le permiten abordar asuntos de actualidad y política exterior con mayor margen. Ese mismo formato es el que se empleará en la sesión del 25 de marzo, una comparecencia diseñada más para la exposición que para la confrontación parlamentaria. No obstante, la estrategia también implica que decisiones con impacto militar o diplomático no pasen por votación en el pleno, una decisión que ha encendido las críticas de los grupos que reclaman mayor control sobre cuestiones de seguridad.

La relación de Sánchez con la Cámara Alta se ha tensado en los dos últimos años hasta adoptar una deriva de distanciamiento. El presidente no acude a un pleno del Senado desde hace dos años y su última sesión de control data del 12 de marzo de 2024, aunque el reglamento de la Cámara, modificado por el Grupo Popular en esta legislatura, marca la previsión de comparecencias mensuales. Tuvo que acudir en octubre al seno de una comisión de investigación vinculada al denominado caso Koldo, y desde la tribuna aprovechó para denunciar que la Cámara está siendo instrumentalizada por motivos partidistas, una crítica dura a la mayoría del PP en la Alta Ins­tancia.

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Los desencuentros institucionales se han traducido también en un incremento de los conflictos de atribuciones entre el Ejecutivo y el Senado. El último de ellos, el número doce desde que comenzó la legislatura, fue impulsado por la mayoría del PP tras la negativa del presidente a comparecer cuando fue citado para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios. Esa controversia se suma a otras iniciativas parlamentarias de la oposición que buscan obligar al Gobierno a rendir cuentas en foros donde la derecha tiene mayoría, una dinámica que aumenta la tensión entre las instituciones.

Igualmente llamativa ha sido la reducción de las reuniones multilaterales con los presidentes autonómicos, un foro que durante la pandemia multiplicó sus convocatorias y que ahora solo se ha celebrado en dos ocasiones en esta legislatura. La última Conferencia de Presidentes tuvo lugar en junio de 2025 en Barcelona, pese al reglamento que, tras los cambios introducidos por el Ejecutivo, fija al menos dos encuentros anuales. Fuentes gubernamentales justifican la demora en las convocatorias adicionales por el ciclo electoral, pero las comunidades y parte del arco político reclaman la recuperación de esos espacios como garantía de la representación territorial y del diálogo interinstitucional.

La renuncia al debate del estado de la nación, una tradición parlamentaria de alto simbolismo, ha sido otro de los gestos que evidencia la cautela del Gobierno a la hora de medirse con una mayoría opositora consolidada en algunas instituciones. Ese debate, que obliga a confrontar políticas y a someter programas a la valoración de la Cámara, se ha aparcado en un contexto en el que el Ejecutivo prefiere comparecencias controladas y encuentros bilaterales en vez de los grandes foros públicos donde el riesgo de derrota es mayor. Para analistas parlamentarios, la decisión empobrece los cauces de rendición de cuentas y alimenta la sensación de desinstitucionalización.

En el Gobierno se escudan en la pragmática necesidad de gobernar sin parálisis, y señalan que la agenda de comparecencias obedece a la gestión de prioridades ante crisis internacionales y económicas. La oposición, especialmente el PP y Vox, acusa a Sánchez de rehuir controles y de vaciar de contenido al Senado, que con la mayoría conservadora ha visto además cambiar su reglamento. El choque de narrativas augura más episodios de confrontación, con el 25 de marzo como próxima cita que podría intensificar la polémica en torno a la capacidad de control del Parlamento.

La suma de estos elementos —ausencia en el Senado, pocos encuentros con presidentes autonómicos y la paralización de debates de gran calado— dibuja una legislatura marcada por la inestabilidad y la conflictividad institucional. El Ejecutivo defiende su derecho a agotar fórmulas para gobernar en minoría, mientras la oposición reclama la restauración de mecanismos tradicionales de control. La próxima comparecencia en el Congreso será una prueba para calibrar si la estrategia de Sánchez consigue evitar confrontaciones decisivas o si, por el contrario, intensifica la presión política y parlamentaria sobre su Ejecutivo.