Carlos Cuerpo, ministro de Economía, anunció este miércoles que el Gobierno está diseñando un paquete de medidas para mitigar el efecto del reciente encarecimiento del crudo sobre los hogares y las empresas, tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo. La comunicación se produjo en una entrevista en TVE, en la que el responsable explicó que esta misma semana se celebrarán reuniones con agentes sociales y sectores económicos en Madrid y Barcelona para perfilar la respuesta. El Ejecutivo asegura que vigila la evolución de los mercados energéticos y que actúa para proteger el poder adquisitivo mientras estudia opciones conjuntas con los interlocutores sociales.

En su intervención, el ministro señaló que el Gobierno realiza un seguimiento pormenorizado del impacto sectorial y que este jueves está programado un encuentro de alto nivel entre las tres vicepresidentas del Ejecutivo, el propio ministerio y representantes sindicales y empresariales. El objetivo, según explicó, es consensuar medidas que puedan aplicarse con rapidez y que, en la medida de lo posible, eviten efectos distorsionadores en la competencia. Cuerpo subrayó que la situación es fluida y que cualquier decisión debe tomarse con datos actualizados sobre los costes y la cadena de suministro.

Sobre el traslado del aumento del petróleo a los surtidores, el ministro advirtió que ese proceso no es inmediato y que suele producirse con cierto desfase. Según explicó, el encarecimiento del barril y los márgenes de refino suelen tardar entre cuatro y diez días en traducirse plenamente en los precios de la gasolina y el diésel. Por eso el Gobierno ya analiza los efectos previstos en sectores con alta dependencia del combustible, como el transporte por carretera, la agricultura y la pesca, para explorar medidas de alivio específicas si fuese necesario.

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El Ejecutivo no descartó la adopción de ayudas directas o medidas regulatorias, aunque insistió en la voluntad de acordarlas con los agentes sociales. Cuerpo recordó las lecciones aprendidas durante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania y apuntó a un abanico de instrumentos que van desde intervenciones sobre precios hasta apoyos puntuales a la renta de familias o a la liquidez de empresas intensivas en energía. No obstante, insistió en la prudencia a la hora de activar medidas permanentes que puedan generar efectos adversos a medio plazo.

En cuanto a la fiscalidad del sector energético, el ministro descartó por el momento la implantación de un nuevo impuesto a las grandes compañías del ramo y aseguró que el Ejecutivo seguirá de cerca la evolución de los precios en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, Cuerpo remarcó la intención de combinar respuestas de corto plazo para proteger el bolsillo de los consumidores con políticas a medio y largo plazo orientadas a acelerar la electrificación de la economía y el despliegue de renovables.

En el plano político, el principal partido de la oposición ha presentado propuestas alternativas que pasan por una reducción del IRPF y medidas para abaratar la factura energética, planteamientos que el Gobierno tendrá en cuenta en las negociaciones con agentes sociales. La creciente volatilidad de los mercados y la rápida evolución del conflicto internacional han alimentado el debate sobre la mejor herramienta para sostener la actividad económica sin comprometer la estabilidad fiscal o la competencia en el mercado.

Desde el punto de vista operativo, el mensaje del Ejecutivo a consumidores y empresas es de cautela: las subidas podrían empezar a notarse en las estaciones de servicio en los próximos días, pero su alcance dependerá de la persistencia de las tensiones internacionales y de la respuesta de los mercados de refinado. El ministerio ha anunciado que publicará estimaciones periódicas sobre el traslado del precio del crudo a los combustibles y que mantendrá contactos con las asociaciones transportistas, cooperativas agrarias y el sector pesquero para calibrar ayudas focalizadas.

Las próximas decisiones se adoptarán tras las reuniones previstas esta semana y una evaluación detallada del impacto por parte del Gobierno y la CNMC. En un contexto marcado por la incertidumbre, el Ejecutivo busca combinar medidas inmediatas para aliviar la presión sobre los hogares con reformas estructurales que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles, aunque reconoció que cualquier iniciativa tendrá que ponderar eficacia, rapidez y sostenibilidad financiera.