El nombre de Víctor de Aldama vuelve a sonar en los pasillos de la Audiencia Nacional, y esta vez el eco llega con fuerza hasta Galicia. La nueva investigación por un contrato presuntamente ficticio de 15 millones de euros vinculado a la hidroeléctrica de El Bosque ha reabierto un caso que ya hizo tambalear a la dirección federal del PSOE. Ahora bien, lo que en Madrid parece una crónica de gabinete, en la terra tiene lecturas mucho más próximas de lo que cabría pensar.
El juzgado que instruye el asunto amplió recientemente su investigación para esclarecer presuntos contratos irregulares entre empresas del entorno de Aldama y compañías vinculadas a cargos socialistas. Lo cierto es que varias de esas sociedades mercantiles mantienen actividad registrada en Galicia, desde oficinas en A Coruña hasta delegaciones en Vigo y Pontevedra, lo que convierte al caso en algo más que una lejanía judicial.
Contratos públicos con rastro gallego
La trama de Aldama, salpicada también por el llamado caso Koldo, se basaba presuntamente en facturación por servicios que nunca llegaron a prestarse. De hecho, algunos de los adjudicatarios o subcontratistas que aparecen en el sumario operan en el mercado gallego de obra pública y consultoría, un sector que en la comunidad mueve cifras superiores a los 2.500 millones anuales en licitaciones, según datos de la plataforma estatal de contratación.
Salado Golf & Beach Resort
Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.
Conoce más →Ese volumen explica la preocupación en el sector. Empresarios consultados por este medio reconocen, casi siempre en voz baja y con la retranca que nos caracteriza, que la competencia desleal de empresas infladas papelmente perjudica a quienes cumplen.
¿Necesitas hosting para tu web?
Hosting rápido y seguro en España desde 2,95€/mes. Soporte 24/7 en español.
Ver planes de hosting →«Cuando una empresa sin medios reales se lleva un contrato con precios imposibles, el daño lo paga todo el tejido productivo local», explica un directivo de una constructora con sede en Ourense.
Cabe recordar que la Xunta y las diputaciones provinciales licitan cada año miles de contratos menores y mayores. La mayoría cumplen escrupulosamente la ley, sí. Pero el caso Aldama reaviva el debate sobre los filtros de solvencia y la necesidad de blindar los mecanismos de supervisión en las mesas de contratación.
La reacción de los partidos gallegos
En el Parlamento gallego, el asunto ya ha calentado los turnos de palabra. El PPdeG ha pedido comparecencias y exige afeitar responsabilidades políticas, aprovechando que los supuestos pagos apuntan a la financiación del PSOE a nivel estatal. «No se puede mirar hacia otro lado», resumía su portavoz en la última sesión de control, cargando contra el PSdeG por las连接 between la federación gallega y Ferraz.
El PSdeG, por su parte, adopta la estrategia del deliberado distanciamiento. Sus responsables insisten en que la federación gallega no recibió fondos ni tuvo relación contractual con las empresas investigadas, y remiten todo a los tribunales. Ahora bien, fuentes internas reconocen que el desgaste mediático llega en el peor momento, justo cuando la formación intenta remontar en las encuestas tras las últimas citas electorales.
El BNG, por su parte, aprovecha para reivindicar lo que llama una reforma profunda de la contratación pública, con mayor transparencia y control nacionalista de las licitaciones. Su argumento de siempre: las tramas como esta alimentan la desafección ciudadana y perjudican el prestigio de las instituciones de la terra.
Qué viene ahora
La Audiencia Nacional seguirá practicando diligencias en las próximas semanas, con declaraciones de imputados y la posible incorporación de nueva documentación contable. El juez ya ha solicitado información a registro mercantil sobre las sociedades con domicilio en Galicia, un paso que podría ampliar el perímetro de la investigación hacia el territorio.
Los juristas que siguen el caso advierten de que habrá que esperar meses, quizá años, para saber si de las sospechas se pasa a acusaciones formales. Un letrado especializado en derecho penal económico lo resume así:
«Imputar es señalar, condenar es demostrar. Mientras tanto, las empresas gallegas señaladas sufren un coste reputacional que ningún juez les devolverá».
Mientras tanto, el caso Aldama seguirá dando que hablar en los medios gallegos y en los corrillos políticos. Porque si algo enseña esta historia es que los escándalos, como la morriña, siempre acaban llegando a casa.
Te puede interesar:
Turismo de Galicia — Rutas, playas y gastronomía
Imperial Perlas — Joyería y complementos
Albergue en Sarria — Camino de Santiago desde Sarria
