La patronal de armadores del puerto de Vigo ha pedido medidas urgentes ante el fuerte encarecimiento del combustible que, desde principios de marzo, está poniendo en riesgo la continuidad de la actividad pesquera en Galicia. El aviso, formulado este 11 de marzo desde Pontevedra, llega después de una subida abrupta de precios impulsada por la guerra en Oriente Medio y problemas de suministro en algunos puertos europeos. Los armadores reclaman al Gobierno central actuaciones inmediatas para mitigar costes y evitar una paralización de flotas que afectaría a miles de empleos. El incremento de los precios y la falta de suministro amenazan tanto a la pesca de altura como a la artesanal, según los responsables del sector.

La organización empresarial Arvi ha solicitado a la Secretaría General de Pesca la puesta en marcha de mecanismos que permitan reducir el coste del combustible y activar fondos comunitarios para compensaciones. Entre las peticiones figura la posible movilización del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para aliviar el impacto económico sobre los buques. También plantean ayudas para paradas temporales de actividad y fórmulas de apoyo a organizaciones de productores mediante almacenamiento del producto. Como alternativa, reclaman mayor flexibilidad en la gestión de las cuotas para que las flotas puedan adaptarse a periodos de blindaje de costes.

Los armadores vigueses advierten que el precio del combustible sufrió un alza superior al 72 % en apenas una semana, al comparar las medias de meses anteriores con los picos registrados en los últimos días. Según sus cálculos, los costes por litro han pasado de cifras cercanas a 0,555 euros en 2025 a cotizaciones que superan los 1,10 euros en determinados puntos de Irlanda y alcanzan los 0,991 euros por litro en suministros localizados en Vigo. Ese repunte coloca a muchas embarcaciones en una situación económica similar o incluso más grave que la vivida durante la crisis energética de 2022. A ese aumento de la factura se suma además la percepción de riesgo por problemas de suministro que ya obligaron a repostajes parciales.

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El problema no es solo el precio: la disponibilidad de gasóleo en puertos extranjeros preocupa a las flotas que operan en caladeros lejanos. Arvi describe episodios recientes en los que barcos que faenan lejos de la costa tuvieron que limitar repostajes ante escasez o restricciones, una circunstancia que puede comprometer campañas enteras si se prolonga. Los armadores señalan que las flotas de altura y gran altura son las más vulnerables, porque dependen de abastecimientos programados y de una logística compleja. Si estos suministros se interrumpen o encarecen de forma persistente, la rentabilidad de los viajes queda en entredicho.

Además del gasóleo, la subida de precios del gas y la electricidad se suma como factor de presión sobre la cuenta de explotación de la pesca. Arvi advierte de que los costes vinculados al transporte marítimo, al almacenamiento frigorífico en puerto y a los contenedores refrigerados registrarán aumentos significativos, elevando el coste global de llevar pescado del caladero al mercado. Ese encarecimiento afectaría especialmente a las empresas que exportan o trabajan con cadenas logísticas internacionales. La combinación de estos factores podría forzar recortes de esfuerzo pesquero o cierres temporales de actividad en zonas concretas.

En paralelo, la Federación Galega de Confrarías ha emitido un comunicado en el que reclama también «medidas urgentes» para proteger al sector artesanal, que considera en una situación de extrema fragilidad. El presidente de la federación recuerda que la pesca artesanal llega debilitada tras un invierno de fuertes borrascas que ya había mermado ingresos y jornadas de pesca. Para los pescadores de costa, donde los márgenes son más estrechos, el aumento del carburante puede hacer inviable la salida diaria a faenar. La federación pide ayudas directas y medidas de alivio porque, subrayan, la pérdida de esa actividad tendría efectos sociales importantes en comunidades costeras.

Fuentes del sector consultadas en Vigo y Pontevedra insisten en la necesidad de combinar soluciones a corto plazo con cambios estructurales. A corto plazo plantean medidas como bonificaciones temporales del combustible, adelanto de ayudas europeas o líneas de liquidez para armadores. A medio y largo plazo, abogan por políticas que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles, por ejemplo mediante impulso a la eficiencia energética de las embarcaciones y la experimentación con energías alternativas. Estas soluciones, sin embargo, requieren inversiones y tiempos que los sectores dicen no tener si la escalada de precios continúa.

El impacto económico y social que describen los armadores no se limita al propio mar: la industria auxiliar —astilleros, transporte, lonjas y comercialización— también vería reducida su actividad si la flota se retrae. En municipios costeros, donde la economía local depende de la pesca y del empleo vinculado, la paralización de campañas afectaría a familias y comercios. Las demandas del sector pesquero han sido enviadas a las administraciones competentes; ahora será el Gobierno central, en coordinación con la Xunta y con la Unión Europea, quien deba valorar qué medidas aplicar para evitar que la crisis de precios derive en una crisis de actividad en los puertos gallegos.