El Gobierno central ha decidido retirar el proyecto de la Variante Oeste de la N-640 en Caldas de Reis, confirmaron este miércoles en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno en Galicia. La decisión fue comunicada el 11 de marzo de 2026 por el delegado del Ejecutivo en la comunidad, Pedro Blanco, al alcalde del municipio pontevedrés, Jacobo Pérez, y a representantes de las plataformas vecinales, tras constatarse un amplio rechazo ciudadano durante el periodo de información pública. Más de 6.000 alegaciones contra la infraestructura motivaron la renuncia a continuar con el expediente tal y como estaba planteado.

El encuentro, en el que participaron también técnicos y representantes sociales, puso fin a meses de movilización y debate local sobre el impacto del trazado previsto. Según explicaron fuentes de la Delegación, la decisión responde a la necesidad de atender las preocupaciones expresadas por los vecinos y por el propio Ayuntamiento, que alertaron repetidamente sobre las afecciones ambientales, agrícolas y sociales que podría provocar la obra. La anulación se plantea como una respuesta a la presión vecinal acumulada durante el proceso administrativo.

Para que la medida sea operativa a nivel administrativo, el Ayuntamiento de Caldas de Reis deberá ahora formalizar su rechazo mediante un acuerdo plenario. Ese acuerdo será remitido a la Secretaría de Estado de Transportes para proceder al archivo definitivo del proyecto y cerrar el expediente abierto en torno a la variante. Hasta que no se complete ese trámite no se podrá hablar de la anulación como un hecho irreversible desde el punto de vista jurídico-administrativo.

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Representantes de las plataformas que se opusieron al trazado celebraron la noticia como una victoria del movimiento ciudadano, que durante semanas promovió alegaciones, concentraciones y contactos con la Corporación local. Desde la Delegación se destacó la disponibilidad del Ejecutivo para escuchar a la ciudadanía y el valor de incorporar esas aportaciones en decisiones de infraestructuras. Los opositores habían subrayado que la propuesta inicial comprometía terrenos agrícolas, espacios naturales y el tejido económico local, argumentos que finalmente pesaron en la decisión del Ministerio.

A pesar del archivo del proyecto concreto, el delegado del Gobierno insistió en que la intención del Ejecutivo no es renunciar a mejorar la movilidad en la comarca, sino replantear la solución. El objetivo sigue siendo desviar el tráfico de la N-640 fuera del núcleo urbano de Caldas para aumentar la seguridad vial y reducir la congestión, pero buscando alternativas menos agresivas para el territorio. El Gobierno propone mantener el diálogo con el Ayuntamiento y con las asociaciones vecinales para estudiar nuevas propuestas técnicas consensuadas.

En su intervención, Pedro Blanco puso en valor la labor del alcalde para canalizar las demandas municipales y la importancia de actuar con prudencia cuando se debe compatibilizar una infraestructura con el tejido social y rural. El regidor, Jacobo Pérez, reclamó desde el inicio más participación y transparencia en un proyecto que, en su opinión, no contó con el necesario consenso local. La comunicación mantiene ahora una vía abierta entre las administraciones para trabajar en alternativas que reduzcan el impacto sobre el medio rural.

La N-640 es una vía de comunicación de gran relevancia para la comarca que atraviesa el núcleo urbano y cuya presencia genera problemas de tráfico y seguridad vial. La variante propuesta pretendía aliviar esa presión, pero fue cuestionada por su trazado y por las afecciones a fincas, montes y actividades económicas locales. El debate técnico entre movilidad y conservación del territorio queda ahora abierto y deberá dirimirse en mesas técnicas y estudios que integren a las partes afectadas.

Los próximos pasos pasan por la celebración del pleno municipal que formalice el rechazo y por la apertura de una nueva fase de trabajo entre el Ministerio y el Ayuntamiento. Los portavoces locales esperan que cualquier alternativa se diseñe con participación vecinal y con criterios de menor impacto ambiental y social. La retirada del proyecto supone, además, un precedente sobre la influencia de la movilización ciudadana en las decisiones de planificación de infraestructuras y marca un punto de partida para buscar soluciones consensuadas en la comarca.