La Guardia Civil, al frente de la operación internacional denominada Custos Viridis y coordinada por Europol, ha puesto al descubierto una compleja trama de tráfico ilícito de residuos desarrollada durante 2025 y oficialmente difundida en marzo de 2026. La actuación ha afectado a múltiples países y puertos, entre ellos el de Valencia, y perseguía frenar la exportación fraudulenta de materiales peligrosos y el comercio ilegal de gases refrigerantes. Las fuerzas implicadas concluyen que la actuación era necesaria para detener el daño ambiental y romper cadenas criminales que operaban desde y hacia España. El operativo ha tenido consecuencias penales y administrativas tanto a nivel global como en el territorio nacional.

A escala internacional, la investigación, que contó con la colaboración de 71 países y organismos como Europol e Interpol, se saldó con 337 detenciones tras más de 1.048 inspecciones. Las autoridades calcularon la incautación de 127.149 toneladas de residuos, con un valor de mercado estimado en 31 millones de euros, además de la retirada de 602 toneladas de sustancias contaminantes que incluyen mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero. La operación también permitió bloquear casi 10 millones de euros en efectivo y en cuentas bancarias, y la intervención de centenares de vehículos y bienes vinculados a la actividad ilícita.

En España, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ejecutó 23 operaciones específicas contra estas redes y contra el mercado ilegal de gases refrigerantes. En el país se detuvo o investiga a 41 personas y se detectaron irregularidades en la gestión de 77.410 kilogramos de residuos. Los agentes localizaron 250 vehículos importados de forma fraudulenta y descubrieron la falsificación de más de 3.000 certificados de descontaminación de vehículos, una práctica que facilita la salida ilegal de automóviles al final de su vida útil.

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Asimismo, las actuaciones en territorio español permitieron la intervención de 5.400 kilogramos de gases refrigerantes de efecto invernadero y la incautación de numerosos medios materiales usados por las redes. Las pesquisas identificaron puntos críticos de entrada y salida en puertos como Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander, así como en los pasos fronterizos de Irún y La Junquera, que jugaban un papel clave en la logística para mover residuos hacia otros países europeos y terceros destinos.

Fuentes de la investigación describen modos operandi sofisticados basados en la falsificación documental, el uso de empresas pantalla y rutas marítimas y terrestres que camuflaban el destino real de las mercancías. Las redes canalizaban desde gases refrigerantes procedentes de Asia hasta residuos electrónicos y textiles con destino a África, Asia e Iberoamérica, aprovechando lagunas regulatorias y la falta de coordinación internacional en puntos críticos. Este entramado dificulta la trazabilidad y multiplica el riesgo de que materiales peligrosos terminen gestionados sin garantías ambientales.

El volumen y la peligrosidad de los materiales intervenidos subrayan los riesgos para la salud pública y los ecosistemas. El mercurio y algunos fitosanitarios requisados son altamente tóxicos, y los gases refrigerantes actúan como potentes agentes de calentamiento global si se liberan a la atmósfera. Las autoridades ambientales recuerdan que un control insuficiente en puertos y pasos fronterizos contribuye a externalizar costes y daños a regiones receptoras menos reguladas, agravando problemáticas preexistentes.

La Guardia Civil y sus socios internacionales destacan la operación como ejemplo de la necesidad de cooperación transnacional para desarticular cadenas criminales que explotan el comercio global. Según las mismas fuentes, la combinación de inteligencia policial, inspecciones in situ y análisis documental fue determinante para desmontar estructuras que actuaban en varios continentes y para reunir pruebas que ahora alimentan procedimientos penales y administrativos.

Las investigaciones continúan abiertas y se anuncian nuevas medidas para reforzar los controles en los puntos identificados y mejorar los mecanismos de intercambio de información entre países. En España, los responsables prometen intensificar las inspecciones y elevar la coordinación con puertos y aduanas, mientras que las organizaciones internacionales que participaron en la operación subrayan la necesidad de actualizar normativas y sanciones para cortar de raíz el negocio ilícito de los residuos.