El Colegio Oficial de Médicos de Ourense ha alertado del aumento de las agresiones a profesionales sanitarios en la provincia, que en 2025 concentró 11 de los 22 casos comunicados en Galicia, según los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial. La advertencia se hizo pública tras cerrarse el balance anual, que sitúa a España con 879 agresiones a personal sanitario en 2025. El incremento en Ourense, desde siete episodios en 2024 hasta once el año pasado, convierte a la provincia en el foco regional de esta problemática. Las autoridades colegiales señalan que el repunte coloca otra vez el problema de la violencia contra sanitarios en la agenda pública.

Los registros nacionales y autonómicos reflejan una tendencia mantenida desde que la OMC comenzó a recopilar datos en 2010: el acumulado se aproxima ya a las 9.000 agresiones, lo que para el colegio ourensano confirma que la violencia se ha instalado como un problema estructural del sistema sanitario. En Galicia hubo 22 agresiones entre los médicos colegiados, sobre una plantilla regional de 17.017 profesionales repartidos en cuatro colegios provinciales. A nivel estatal, además, se han contabilizado detenciones relacionadas con estos incidentes, una cifra que en 2025 alcanzó hasta 138 arrestos según fuentes vinculadas al informe.

El informe nacional del Observatorio apunta a la atención primaria como el ámbito donde más episodios se producen, concentrando el 58,6% de los casos en España. En Galicia la proporción es menor pero significativa: el 41% de las agresiones tuvieron lugar en centros de salud, seguidas por hospitales y servicios de urgencias. Los responsables del Colegio de Médicos de Ourense subrayan que la dispersión geográfica de la provincia y la dependencia de la atención primaria hacen más visibles los conflictos entre usuarios y profesionales.

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La mayor parte de los incidentes se producen durante la jornada laboral, un dato que, según los colegios, evidencia que la violencia está vinculada directamente al ejercicio clínico y no a situaciones puntuales fuera de la actividad profesional. Esto obliga a considerar medidas preventivas en el entorno laboral cotidiano, desde protocolos de actuación hasta refuerzos de seguridad en centros con mayor presión asistencial. Especialmente en consultas saturadas, la tensión entre pacientes y personal se convierte con frecuencia en el desencadenante de enfrentamientos verbales o físicos.

En cuanto a la naturaleza de las agresiones, en Galicia el 82% corresponden a conductas verbales o psicológicas —amenazas, insultos o coacciones— y el 18% restante fueron agresiones físicas. La estadística nacional muestra una leve alza de la violencia física, que representa ya el 19% del total, un incremento que preocupa a las organizaciones profesionales por su potencial de provocar daño real y efecto disuasorio sobre la permanencia de médicos en determinadas plazas.

El análisis del informe atribuye la mayoría de los episodios a conflictos relacionados con el propio proceso asistencial: discrepancias con la atención recibida, reclamaciones por decisiones clínicas, controversias derivadas de incapacidades temporales y solicitudes de informes o documentos que no se ajustan a la valoración del profesional. Estos desencuentros, explican los colegiados, se agravan en contextos de listas de espera, falta de recursos y comunicaciones insuficientes entre paciente y facultativo.

El documento también evidencia una brecha de género en las agresiones: las médicas soportan el 63,7% de los ataques a pesar de representar el 54,8% de la colegiación. Por edades, la franja más afectada se sitúa entre los 46 y los 55 años, profesionales en plena actividad asistencial que acumulan mayor exposición y responsabilidad. Estos datos han llevado a los colegios a reclamar políticas específicas de protección y apoyo que atiendan a la vulnerabilidad diferenciada según género y etapa profesional.

Ante el panorama, el Colegio Oficial de Médicos de Ourense ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, mejorar los canales de denuncia y garantizar recursos legales y psicosociales para las víctimas. Reclaman también formación en gestión de conflictos y campañas informativas dirigidas a la ciudadanía para recuperar el respeto hacia los profesionales y reducir la tolerancia social a las agresiones. Del mismo modo, piden coordinación con las fuerzas de seguridad y con las administraciones sanitarias para que las sanciones y la protección sean efectivas.

La concentración de la mitad de los casos gallegos en Ourense plantea además un reto local: identificar causas específicas que expliquen la mayor incidencia en la provincia y adaptar soluciones a su realidad demográfica y organizativa. Para los médicos ourensanos, el mensaje es claro: no solo se trata de contabilizar episodios, sino de transformar esos datos en respuestas concretas que garanticen la seguridad y la continuidad del cuidado en todos los niveles asistenciales.