Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, ha asegurado este miércoles, en una carta con motivo del octavo aniversario del hallazgo del cuerpo del menor, que seguirá “luchando” pese a tener que regresar a los tribunales para defender la integridad física y moral de su hijo y la suya propia. Ramírez critica la necesidad de acudir de nuevo a la justicia ante los procedimientos abiertos por supuestas amenazas y presuntos tratos de favor que implican a la reclusa que fue condenada por el crimen. La misiva llega cuando persisten diligencias judiciales relacionadas con la actividad de la presa y con comunicaciones y conductas internas en el centro penitenciario.

En la carta, la madre denuncia que la interna habría intentado desde la cárcel imponer una nueva versión de los hechos a través de la producción de un documental que, según la familia, vulneraría la normativa sobre la protección de la imagen de menores. Ramírez señala que esa iniciativa habría contado con la colaboración, presuntamente, de funcionarios penitenciarios que habrían facilitado la grabación y el acceso a teléfonos móviles. Estas afirmaciones forman parte de las pesquisas que, según fuentes judiciales, se investigan tanto en los juzgados de Ávila como en diligencias abiertas en Almería por posibles amenazas.

La madre del menor sostiene que la situación ha obligado a la familia a “denunciar el mal hacer” que, a su juicio, se está produciendo dentro y desde el centro penitenciario de Brieva (Ávila), y a reclamar que se aclaren eventuales tratos de favor a cambio de beneficios. Ramírez afirma que la dirección de la prisión y varios funcionarios habrían sido presuntamente coaccionados por la reclusa con la amenaza de “sacar todo” si no atendían sus peticiones, aunque lamenta que no se le haya informado de medidas concretas adoptadas en respuesta a esos hechos.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Además de las posibles maniobras para difundir una versión alternativa del caso, la madre expresa su inquietud por la falta de transparencia sobre el patrimonio y los bienes vinculados a la condenada, así como por la gestión de la liquidación de la pena. En la carta, critica lo que considera un “incumplimiento del reglamento penitenciario” relacionado con la introducción y uso ilícito de teléfonos móviles y con llamadas supuestamente utilizadas para hablar con periodistas. Estas irregularidades, sostiene, no han sido explicadas con claridad a la familia pese a constar en las diligencias judiciales en curso.

Pese al tono crítico, Ramírez subraya en su escrito el apoyo recibido desde la sociedad, al que califica como una “marea de buena gente” que ha empujado cambios normativos importantes. La madre recuerda que desde 2023 existe un refuerzo legal que exige consentimiento para el uso de la imagen de menores fallecidos, norma que ella considera un avance en la protección de las víctimas y de sus familias frente a usos comerciales o mediáticos indebidos. No obstante, reclama que la ley se aplique con rigor y que no se permita lucrarse con la historia de su hijo.

La misiva añade que, además de las investigaciones sobre los supuestos tratos de favor, hay diligencias abiertas por presuntas amenazas que, según la familia, proceden tanto de la reclusa como de su entorno más cercano. Ramírez indica que esa situación ha generado alarma y ha obligado a la familia a mantener una vigilancia legal continua para preservar su derecho al honor y a la imagen. En ese contexto, la madre pide a la ciudadanía que colabore denunciando perfiles falsos y usos indebidos del nombre de la asesina, que, según ella, se utilizan para difundir versiones que lesionan la memoria del menor.

Organizaciones y abogados que asesoran a la familia han trasladado ya estas inquietudes a las autoridades penitenciarias y a los tribunales, que analizan la documentación y las denuncias aportadas. Los procedimientos, según fuentes judiciales, buscan aclarar si hubo vulneraciones del régimen interno de la cárcel y si se facilitaron medios para la elaboración de contenidos que pudieran constituir un lucro indebido. Las investigaciones, de acuerdo con el entorno de la familia, siguen su curso y podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales si se acreditan las conductas alegadas.

En su carta, Patricia Ramírez reitera que, a pesar del “desolador escenario” que a veces contempla, mantiene la convicción de que la memoria de su hijo merece protección frente a quienes intentan instrumentalizar su imagen. La madre concluye prometiendo que continuará su batalla legal y social para que no se repitan abusos y para que las leyes de protección a la infancia se apliquen de manera efectiva. El anuncio coincide con el recuerdo de los hechos que conmocionaron al país hace ocho años, cuando la detención de la culpable marcó el inicio de un proceso judicial y mediático que aún tiene repercusiones.