Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Tarragona contra la decisión del juez Rubén Rus de prolongar hasta el 26 de julio la instrucción abierta por presunto tráfico de influencias. La prórroga fue acordada tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción para ampliar las diligencias y analizar los bienes del exministro y de su esposa. En su escrito, el abogado del exdirigente reclama la nulidad de la ampliación y sostiene que no existen indicios racionales que justifiquen mantener la investigación abierta. La defensa considera que la prolongación convierte la instrucción en una pesquisa de carácter prospectivo, prohibida por el ordenamiento jurídico.

El recurso, firmado por el letrado Javier Gómez-Ferrer y fechado el 4 de febrero, censura con dureza la argumentación de la Fiscalía, que llegó a plantear la posibilidad de que Montoro hubiera percibido comisiones por facilitar la aprobación de normas en beneficio de empresas del sector gasista. La defensa reinterpreta esas afirmaciones como meras conjeturas, que, a su juicio, no superan el umbral exigido para mantener medidas cautelares o para prolongar la fase de instrucción. El escrito administrativo al que ha tenido acceso esta redacción reclama que, ante la falta de pruebas, no proceda la continuación de actuaciones que solo persigan la obtención de indicios.

La investigación —iniciada tras denuncias que afectan también a otros excargos públicos y a los responsables del despacho profesional Equipo Económico, fundado por Montoro en 2006— indaga si se produjeron maniobras destinadas a favorecer intereses empresariales a cambio de contraprestaciones. El juez Rus avaló en una resolución la solicitud fiscal para ampliar el plazo de investigación hasta finales de julio y autorizar diligencias patrimoniales sobre el patrimonio del exministro y su mujer. La defensa denuncia que muchas de las actuaciones solicitadas por el Ministerio Fiscal responden a un «rastreo» sin anclaje probatorio, y pide que se impida el uso de la instrucción como mecanismo de tanteo.

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Desde el entorno de la Fiscalía Anticorrupción se defendió la necesidad de explorar el origen y el destino de posibles flujos económicos que pudieran estar vinculados a decisiones legislativas en las que Montoro tuvo protagonismo mientras ocupó cargos públicos. Los investigadores sostienen que existen indicios que justifican el examen de movimientos patrimoniales y de relaciones profesionales, aunque la defensa subraya que dichos indicios no han sido aún acreditados con pruebas objetivas. El choque entre ambas posiciones ha llevado a situar el conflicto en el terreno procesal de la fase de instrucción, cuya extensión es ahora el foco del pleito.

Para la representación legal del exministro, prolongar la instrucción en ausencia de elementos probatorios claros vulnera principios procesales básicos y acarrea un perjuicio reputacional difícil de reparar. El escrito remitido a la Audiencia recalca que la prórroga solicitada por la Fiscalía convierte la investigación en una búsqueda de delitos que no cuenta con razonamientos sólidos que la sostengan. La defensa advierte de que esta táctica prolonga indefinidamente la incertidumbre y pone en riesgo la garantía de una pronta administración de justicia.

El Tribunal Provincial tendrá que decidir ahora si confirma la prórroga acordada por el titular del juzgado de instrucción y las diligencias patrimoniales autorizadas, o si estima la apelación de Montoro y limita el alcance de la investigación. La decisión de la Audiencia marcará los ritmos del caso y la posibilidad de que se practiquen nuevas pruebas dirigidas a esclarecer movimientos económicos o relaciones profesionales vinculadas al exministro. Mientras tanto, la causa seguirá su curso en el juzgado señalado hasta que exista un pronunciamiento firme.

El caso vuelve a situar a Montoro, figura destacada del PP durante años al frente del Ministerio de Hacienda, en el centro de una indagación que combina elementos administrativos y penales. Tras dejar la política activa, Montoro mantuvo su vinculación profesional con el despacho que fundó, circunstancia que ahora está bajo escrutinio judicial. Fuentes judiciales recuerdan que, en esta fase, la existencia de diligencias de investigación no equivale a la imputación definitiva de delitos y que la instrucción sirve para contrastar o descartar hypotheses.

Mientras la Audiencia Provincial de Tarragona tramita el recurso, la causa permanece en la instrucción y las partes se preparan para argumentar ante los magistrados el alcance de la prórroga. Si la Sala revoca la decisión del juez, algunas diligencias podrán ser paralizadas; si la confirma, la investigación continuará hasta la fecha fijada por Rus. En cualquier caso, la resolución que adopte el tribunal será determinante para el ritmo procesal y para la estrategia de defensa de Montoro en los próximos meses.