En la sesión de control del Parlamento de Galicia celebrada el 12 de marzo de 2026, el presidente autonómico Alfonso Rueda defendió el balance de la Xunta en materia de vivienda y anunció que todas las ayudas previstas para 2026 estarán convocadas en el primer trimestre. La intervención se produjo como respuesta a las críticas del grupo del PSdeG sobre el acceso a la vivienda en la comunidad, que sostienen que la situación empeora tras años de políticas insuficientes. Rueda vinculó además las quejas de la oposición a instrucciones del PSOE estatal y reprochó al Gobierno central su escasa implicación. El debate tuvo lugar en una sesión que también guardó un minuto de silencio por el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, al cumplirse 22 años de los atentados del 11-M.

El secretario xeral y portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, planteó en el hemiciclo que la falta de una política pública eficaz deja a una «generación entera» sin opciones para acceder a una vivienda en condiciones asumibles. Como dato, el portavoz socialista recordó que el registro de demandantes de vivienda pública ha pasado de alrededor de 15.000 al inicio de la legislatura a casi 31.000 en la actualidad, una cifra que, según su grupo, evidencia el agravamiento del problema. Besteiro instó al presidente a explicitar qué medidas concretas piensa adoptar la Xunta para revertir esa tendencia y acelerar el acceso de jóvenes y hogares con menos recursos.

Rueda respondió cuestionando la motivación política de la pregunta y sugirió que la iniciativa del PSdeG obedecía a un impulso desde Ferraz, en referencia a la dirección nacional del PSOE. El presidente autonómico puso en duda la utilidad del Ministerio de Vivienda si, a su juicio, no se aprecia coordinación ni aportación efectiva desde el Estado. Insistió en que, si la vivienda fuera una responsabilidad exclusiva de las comunidades, los anuncios periódicos del Gobierno central sobre grandes cifras de producción de vivienda deberían haberse traducido ya en resultados palpables.

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El jefe del Ejecutivo gallego invitó a los portavoces del PSdeG y del BNG a comprobar en persona las actuaciones de la Administración autonómica y defendió la inversión presupuestaria de la Xunta. Rueda aseguró que este año la comunidad destina 500 millones de euros a políticas de vivienda y detalló que, según su explicación, la financiación procede mayoritariamente de la propia Xunta y de fondos europeos, pero no del Estado central. Con ese argumento, volvió a plantear el desacuerdo territorial sobre competencias y recursos para abordar el acceso a la vivienda.

En su réplica, el presidente censuró lo que calificó de «propaganda» del Ejecutivo central y acusó al Gobierno de prometer sin ejecutar, aludiendo a anuncios periódicos sobre la construcción de cientos de miles de viviendas que, a su juicio, no se materializan. El tono del debate fue de confrontación sobre quién asume la responsabilidad real y sobre la eficacia de las políticas anunciadas desde Madrid. La acusación central de Rueda fue que la Xunta sí está actuando y que el balance se podrá comprobar en las convocatorias y en las obras en marcha.

Entre las medidas concretas anunciadas por el presidente autonómico figura la convocatoria en el primer trimestre de todas las ayudas de 2026, así como una nueva línea de incentivos por valor de 2 millones de euros destinada al acceso a la vivienda en propiedad, con especial atención a la juventud y un máximo de 20.000 euros por hogar. Rueda también recordó el compromiso de la Xunta de levantar 4.000 viviendas públicas en el presente mandato y hasta 10.000 en torno a 2030, metas que vinculó a la planificación y a la ejecución autonómica más que a anuncios estatales.

Sobre la ejecución de proyectos, el presidente afirmó que unas 3.000 viviendas ya se encuentran en distintas fases de tramitación y construcción y que las primeras promociones de la legislatura se entregarán este año en municipios como Pontevedra, Santiago y Mos. El calendario de entregas y plazos será, según Rueda, el termómetro para valorar el éxito de las políticas públicas en esta materia. La oposición, por su parte, mantiene el escepticismo y pide transparencia sobre los plazos reales y las listas de adjudicación.

La líder del BNG, Ana Pontón, fue mencionada por Rueda en la invitación a visitar las actuaciones de la Xunta, aunque desde su formación se reclamó un debate más amplio y transversal sobre la vivienda que incluya criterios sociales y no sólo cifras de producción. El cruce de reproches entre partidos reflejó el peso del problema en la agenda gallega, donde el acceso a la vivienda mantiene su protagonismo entre demandas ciudadanas y prioridades políticas.

El intercambio en el Parlamento deja en primer plano la pugna por la financiación y la ejecución de políticas efectivas: la Xunta promete convocatorias y entregas inminentes, mientras que la oposición apela a los datos de demanda y a la necesidad de mayor intervención estatal. En las próximas semanas, la puesta en marcha de las ayudas anunciadas y el ritmo de las obras servirán para comprobar si las promesas se traducen en soluciones tangibles para quienes aspiran a una vivienda en Galicia.