Editorial: la amnistía del procés divide a Galicia — el coste político de un debate ajeno

Editorial: la amnistía del procés divide a Galicia — el coste político de un debate que no es nuestro

La aplicación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo ha abierto una brecha en la política gallega que promete ensancharse en los próximos meses. El PP gallego rechaza frontalmente la medida y la califica de ataque al Estado de Derecho. El BNG la respalda, aunque con matices, condicionando su apoyo a que se extienda a todos los encausados. El PSdeG, atrapado entre la disciplina de su partido a nivel federal y el rechazo mayoritario que la amnistía genera en la sociedad gallega, opta por el silencio y los gestos ambiguos. Tres posturas distintas para un debate que, en puridad, no debería estar en el centro de la agenda política gallega.

Porque la amnistía del procés es un problema de la política española, no de la gallega. Galicia no tuvo un 1-O, no tuvo una declaración unilateral de independencia, no tuvo una fuga de sus líderes políticos al extranjero. La amnistía es una respuesta jurídica y política a un conflicto territorial que se ha librado en Cataluña, y que por mucho que los partidos gallegos intenten capitalizarlo en clave electoral, no forma parte de la realidad inmediata de los gallegos. Sin embargo, los partidos gallegos se enredan en este debate mientras los problemas reales de la comunidad —la despoblación, la financiación autonómica, la crisis del sector primario, la sanidad rural— siguen sin solución.

El PP gallego, liderado por Alfonso Rueda, ha convertido la amnistía en su principal caballo de batalla. Pero la estrategia tiene un riesgo: saturar la agenda con un debate que no moviliza al electorado gallego más allá del núcleo duro. El BNG, por su parte, juega con fuego al respaldar una medida que la mayoría de los gallegos rechaza, arriesgándose a un desgaste entre el electorado moderado que necesita para crecer. Y el PSdeG, instalado en la ambigüedad, corre el riesgo de quedar atrapado en una posición que no satisface a nadie: ni a los que defienden la amnistía ni a los que la rechazan.

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Lo preocupante no es que los partidos gallegos tengan posturas distintas sobre la amnistía. Es que la amnistía ocupe todo el espacio político en una comunidad que tiene debates pendientes mucho más urgentes. Mientras los partidos se enredan en la política española, el rural gallego sigue perdiendo población, los hospitales del interior acumulan listas de espera, y la comunidad sigue sin resolver su déficit de financiación autonómica. La amnistía divide a Galicia, sí. Pero el verdadero problema es que nos distrae de lo que realmente importa.

Galicia necesita un debate político centrado en sus problemas, no en los de otros. Y necesita partidos que sepan poner los intereses de la comunidad por delante de las estrategias de sus direcciones nacionales. La amnistía pasará. Los problemas estructurales de Galicia, si los seguimos ignorando, no.