El Concello de Lugo ha logrado una nueva prórroga del Gobierno central para completar la instalación de las cámaras y la tecnología de control del tráfico en el casco histórico, cuyo sistema debía estar operativo el 30 de junio y ahora cuenta con un aplazamiento hasta el 30 de septiembre. La ampliación se concedió después de que la administración local justificara retrasos vinculados a una impugnación durante el proceso de adjudicación. El gobierno municipal, que dirige a día de hoy el alcalde Miguel Fernández, tiene ya preparado y aprobado por los servicios técnicos el nuevo pliego para sacar de nuevo a licitación el contrato.

El expediente recoge un contrato mixto que incluye el suministro de la solución tecnológica integral para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, las obras accesorias para la instalación de los equipos y el servicio de formación y resolución de incidencias. El valor de la contratación sale a licitación por 1.253.245 euros, una partida que se sufragará en gran medida con fondos europeos concedidos en mandatos anteriores para culminar la peatonalización del centro. Esos fondos fueron gestionados durante la etapa de la alcaldesa Lara Méndez y estaban previstos para facilitar la implantación de esta área de restricción de accesos.

Las zonas de bajas emisiones son hoy una obligación para las ciudades de más de 50.000 habitantes según normativa europea, y en teoría debían estar implantadas antes de finales de 2023; sin embargo, numerosas localidades han ido acumulando retrasos. En Lugo, el proceso se encajó en los trabajos de reordenación del tráfico y peatonalización del casco, que han cambiado la fisonomía de plazas y calles centrales y provocado que el control de accesos pase a depender de una red de cámaras y de una plataforma de gestión.

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El procedimiento de licitación fue paralizado meses atrás después de que una empresa presentara una queja sobre uno de los requisitos del pliego, relacionado con la integración del nuevo sistema en la plataforma municipal de gestión del tráfico. Ante esa reclamación, el gobierno local decidió matizar y precisar las bases para evitar futuras impugnaciones y garantizar la compatibilidad tecnológica, lo que obligó a suspender temporalmente la contratación hasta reeditar el pliego.

Según fuentes municipales, el nuevo documento ya cuenta con el visto bueno técnico y con la firma del alcalde, por lo que el Concello prevé convocar el concurso público en breve. La ampliación solicitada al Ministerio fue concedida tras justificar que la paralización obedeció a la impugnación administrativa y a la necesidad de adaptar los requisitos técnicos; así se evitó que el municipio incurriera en incumplimiento de plazos por causas ajenas al control del propio Ayuntamiento.

Paralelamente, el gobierno local tramita la ordenanza específica de circulación que regulará la zona de bajas emisiones y los criterios de acceso y sanción. En estos momentos la normativa se encuentra en fase de exposición pública para la presentación de alegaciones, un trámite que debe concluir antes de su aprobación definitiva y que condiciona la entrada en funcionamiento del sistema de cámaras y de control.

La peatonalización y la ordenación del tráfico han suscitado inquietud entre vecinos y críticas de colectivos. La asociación Lugo Monumental y el grupo municipal del Partido Popular han presentado alegaciones, algunas de las cuales no fueron admitidas en fases anteriores, y ambos han cuestionado tanto el coste de las actuaciones como el resultado final y la gestión del proceso. La controversia pone en evidencia el debate social en torno a la movilidad y el modelo de ciudad que impulsa el gobierno local.

El equipo municipal sostiene que completar la instalación de cámaras y la regulación del acceso es clave para consolidar la peatonalización y mejorar la calidad del aire en el centro histórico, además de garantizar el cumplimiento de la normativa europea. A corto plazo, el Ayuntamiento tiene como objetivo sacar a licitación el contrato revisado y aprovechar la extensión de plazos para que el sistema esté plenamente operativo dentro del nuevo calendario fijado por el Ministerio.

El resultado de esta segunda convocatoria y la resolución de las alegaciones a la ordenanza serán, en las próximas semanas, los hitos que marcarán el devenir del proyecto. Si se cumplen los plazos anunciados, el control telemático del tráfico en el casco histórico quedará instalado antes de que concluya el nuevo periodo autorizado por el Gobierno, aunque el proceso político y técnico seguirá sometido a escrutinio ciudadano y a posibles recursos.