Cuatro mandos del Cuerpo General de la Policía Canaria están siendo investigados por presunto acoso laboral, agresión sexual, prevaricación administrativa y discriminación tras la denuncia presentada por una agente destinada en Gran Canaria, que sitúa los hechos desde agosto de 2023 y denuncia un patrón reiterado de trato degradante y comentarios sexistas. El caso se instruye en la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, bajo el juez instructor Florencio Barrera Espinel, y la denuncia detalla episodios de exclusión, menosprecio profesional y una supuesta agresión al término de una práctica de tiro. La agente, que considera su trabajo «excelente» en el escrito, acusa a sus superiores de promover un ambiente hostil que, según recoge la denuncia, incluía frases como «las mujeres tienen las limitaciones que tienen por naturaleza» o «las chicas tienen que ir con oficiales porque son el eslabón débil». Dos de los imputados ya han negado ante el magistrado haber cometido conductas ilícitas; la toma de declaración de los otros dos sigue pendiente.

Según la denuncia, los problemas comenzaron en agosto de 2023 cuando un superior identificado como A. N. A. le sugirió que abandonara la unidad y le advirtió que su expediente quedaría mejor si renunciaba antes que esperar a que la cesaran, a pesar de valorar positivamente su rendimiento. Ante el temor a perder la plaza, la agente decidió cambiar de grupo, aunque en enero de 2025 volvió a quedar bajo el mando de ese mismo inspector, que según la denunciante habría retomado un «patrón sistemático de acoso». La afectada relata que fue apartada de la formación física, relegada a tareas administrativas y tratada «como policía rasa» por algunos compañeros, con órdenes que le impedían integrarse en el equipo y la prohibición de colaborar habitualmente con determinados agentes.

La denuncia añade que, tras presentar en marzo una queja por la omisión en la persecución de un delito contra el oficial F. M. P., la agente fue convocada a una reunión junto al citado inspector y al coordinador J. P.

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V., en la que, al menos según su versión, éste último le dirigió «gritos vejatorios». Uno de sus compañeros habría oído los insultos desde el exterior del despacho, y desde entonces asegura la denunciante que los investigados la empezaron a marginar: se reunían entre ellos sin contar con ella y la excluían de decisiones propias de su rango. En una ocasión, añade el escrito, el oficial H. R. le impidió acudir a la base para realizar diligencias, con la finalidad, según la agente, de forzar a su grupo a acabar más tarde el servicio y perjudicar así su desempeño profesional.

La presunta agresión sexual que figura en la denuncia se remonta a abril, después de una práctica de tiro, cuando la denunciante afirma que uno de los inspectores se acercó a ella y, sin su consentimiento, realizó tocamientos en dos ocasiones. La descripción de esos hechos es uno de los ejes de la investigación penal abierta, que busca determinar la veracidad de las acusaciones y si hubo actuación delictiva por parte de los mandos implicados. El sumario incluye además la imputación por posible prevaricación administrativa, en relación con decisiones y directrices que, según la denunciante, vulneraron sus derechos laborales y profesionales.

El procedimiento judicial se combina con la investigación interna del propio Cuerpo, según fuentes consultadas, y plantea interrogantes sobre la cultura organizativa en la unidad afectada. La agente destaca en su denuncia que, pese a su buen expediente, fue sistemáticamente menospreciada y que los comentarios sobre la supuesta debilidad de las mujeres condicionaron su promoción y asignación de tareas. La instrucción buscará recabar pruebas, testimonios y cualquier registro que permita constatar o desmentir tanto las afirmaciones de la víctima como las defensas de los investigados.

Hasta el momento, dos de los mandos han declarado ante el juez y han rechazado haber incurrido en conducta ilícita, mientras que la comparecencia de los otros dos está pendiente de fijarse. El tribunal analizará las diligencias propuestas por la acusación y las pruebas aportadas, incluyendo posibles grabaciones, atestaciones y declaraciones de agentes presentes en los episodios relatados. En paralelo, la causa abre el debate sobre los mecanismos de protección y denuncia dentro de los cuerpos policiales para evitar que situaciones de acoso se reproduzcan o queden sin investigar.

La defensa de la presunta víctima y las acusaciones que formula se encuentran por ahora en la fase de instrucción, de modo que rige la presunción de inocencia para los cuatro investigados. Fuentes judiciales señalan que la complejidad del caso, que mezcla aspectos disciplinarios y penales, podría prolongar la instrucción hasta que se aclare la secuencia de hechos y se determine la existencia de indicios suficientes para llevar el asunto a juicio. Mientras tanto, la denuncia ha puesto el foco en la unidad de Gran Canaria y en la necesidad de garantizar entornos de trabajo libres de discriminación y violencia.

El caso se suma a otras investigaciones por conductas laborales y sexuales en instituciones públicas que en los últimos años han obligado a revisar protocolos y a reforzar canales de denuncia. Las diligencias en la Sección de Instrucción de Las Palmas continuarán en las próximas semanas con nuevas citaciones y la valoración de las pruebas recabadas, y de su resultado dependerá el posible impulso de un proceso penal contra los mandos señalados.