El presidente Pedro Sánchez anunció este miércoles en Madrid durante la inauguración del I Foro contra el Odio un proyecto para rastrear la llamada «huella del odio» en Internet con el objetivo de medir y nombrar públicamente la responsabilidad de las plataformas en la difusión de contenidos polarizantes. La iniciativa, bautizada como HODIO (Huella del Odio y la Polarización), prevé analizar la presencia de mensajes de odio y elaborar un ranking público que reclame cuentas a las empresas tecnológicas. El anuncio ha encendido las alarmas entre abogados especializados en derecho digital y libertad de expresión, que afirman que la propuesta carece por ahora de un texto normativo que delimite su alcance. Los expertos advierten de riesgos de censura, arbitrariedad y posible vulneración de derechos fundamentales si el Gobierno asume la definición y el control de esos indicadores.

En su intervención, el presidente comparó la medición del odio con la huella de carbono, una metáfora que, según el Ejecutivo, permitiría cuantificar y gestionar el impacto de la actividad en línea sobre la cohesión social. El plan contempla la creación de estadísticas y listados públicos que identifiquen a las plataformas con mayor capacidad de amplificar discursos polarizadores, con el propósito de obligarlas a «rendir cuentas». Sin embargo, las promesas sobre mano dura no están acompañadas por una propuesta legislativa concreta que explique metodología, criterios, órganos responsables ni garantías procesales.

La ausencia de un marco legal detallado es uno de los principales reproches de juristas y organizaciones que defienden la libertad de expresión. Temen que conceptos amplios como «odio» o «polarización» se utilicen sin definiciones claras, lo que abriría la puerta a la eliminación de contenidos legítimos y al silenciamiento de críticas incómodas para el poder. Además, alertan del peligro de que la medida se convierta en un instrumento de presión sobre las plataformas sin los controles judiciales o independientes necesarios para supervisar decisiones que afectan derechos fundamentales.

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El artículo 510 del Código Penal tipifica determinados delitos de odio centrados en la incitación a la violencia o la discriminación contra colectivos, pero la delimitación entre delito y opinión merece un análisis cuidadoso, subrayan los expertos. Organizaciones internacionales como Article 19 han denunciado en ocasiones que ciertas definiciones de «odio» pueden ser excesivamente amplias y facilitar intervenciones desproporcionadas. La cuestión central, dicen los juristas, es quién decide qué mensajes deben ser etiquetados y sancionados: si el Ejecutivo, un órgano independiente o los propios proveedores de servicios.

Joan Barata, del Center for Law, Democracy and Society de la Queen Mary University de Londres, critica abiertamente la comparación entre contaminación y libertad de expresión y advierte de las consecuencias autoritarias de esa lógica. Barata sostiene que equiparar la expresión de ideas con un daño medioambiental simplifica debates complejos y puede justificar monitorizaciones masivas. Para él, muchas manifestaciones que resultan ofensivas o perturbadoras están protegidas por las normas sobre libertad de expresión y suprimirlas, más allá de los supuestos penalmente tipificados, no es la solución.

Otro de los juristas consultados, el abogado experto en derecho digital Borja Adsuara, recuerda que el simple hecho de «odiar» o expresar una idea odiosa no constituye necesariamente un delito y alerta sobre el riesgo de criminalizar opiniones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que la protección de la libertad de expresión ampara también aquellas ideas que pueden chocar, inquietar o molestar, porque son parte del debate democrático. Adsuara considera que sin salvaguardas claras y procedimientos judiciales, la herramienta podría ejercer un efecto disuasorio sobre la participación pública en las redes.

Más allá de las consideraciones jurídicas, hay dudas técnicas sobre cómo se mediría esa huella del odio. Expertos en privacidad y tecnología recuerdan las limitaciones de los algoritmos, la tasa de falsos positivos y negativos y el sesgo inherente a modelos que pretenden identificar contenidos dañinos. La recolección y tratamiento de datos a gran escala también suscita preguntas sobre la protección de la privacidad de usuarios y la transparencia de los criterios utilizados, especialmente si se van a publicar rankings que puedan estigmatizar a empresas o comunidades.

El anuncio del Gobierno llega en un contexto de creciente preocupación por la polarización en redes, pero también de advertencias sobre la necesidad de mecanismos que garanticen la proporcionalidad y la supervisión independiente. Abogados y organizaciones civiles piden que cualquier iniciativa cuente con una regulación clara, control judicial y participación de expertos independientes antes de poner en marcha medidas que afecten derechos fundamentales. El debate, que comenzó en el foro de Madrid, promete continuar mientras el Ejecutivo no aporte el texto legal que aclare metodologías, responsabilidades y límites.