El Consejo de Ministros aprobó este martes 12 de marzo de 2026, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un Real Decreto destinado a preservar las praderas de fanerógamas marinas en aguas del canarias/" title="Mediterráneo">Mediterráneo español y en el archipiélago canario. La norma responde a la elevada presión que sufren estos hábitats por el fondeo masivo de embarcaciones, los vertidos, las infraestructuras marinas y el calentamiento de los océanos. El objetivo declarado es reducir y, cuando sea posible, eliminar las principales agresiones para garantizar su conservación a largo plazo. La medida introduce reglas específicas sobre fondeos, instalaciones y actividades cercanas a estos ecosistemas.

Entre las principales novedades figura la prohibición del fondeo sobre las praderas, así como el impulso de sistemas de amarre de bajo impacto para compatibilizar el uso recreativo con la protección del fondo marino. El decreto limita además la implantación de nuevas infraestructuras susceptibles de dañar estos hábitats, como gasoductos, oleoductos y cables submarinos, y establece restricciones a determinados vertidos líquidos o sólidos. También se contempla la regulación de la gestión de arribazones en las orillas para evitar daños colaterales. La intención es ordenar usos marítimos sin impedir por completo la actividad náutica, pero con límites claros.

La medida protege de forma expresa a las praderas de Posidonia oceanica, un bosque submarino emblemático del Mediterráneo, y a la Cymodocea nodosa, presente especialmente en Canarias y en otras zonas. Estos ecosistemas actúan como sumideros de carbono, mejoran la calidad del agua, sirven de refugio y área de cría para numerosas especies y ayudan a mantener la estabilidad de las playas. Su pérdida tendría efectos directos sobre la biodiversidad marina y, por extensión, sobre sectores económicos ligados al turismo y la pesca. La restauración de estas praderas, si se produce, puede requerir décadas.

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El decreto incorpora también medidas para mejorar el conocimiento científico y el seguimiento del estado de conservación de las praderas, con planes de vigilancia y actuaciones de restauración en zonas degradadas. El texto prevé la elaboración de cartografías y evaluaciones periódicas que permitan identificar las áreas de mayor valor y las más amenazadas. Asimismo, establece limitaciones a la ampliación de instalaciones de acuicultura y a la creación de puntos de vertido cercanos a estos hábitats. El Gobierno justifica estas medidas como necesarias para coordinar las políticas marinas y cumplir compromisos ambientales nacionales y europeos.

Las praderas de fanerógamas marinas son ecosistemas de alta biodiversidad cuya recuperación es lenta; por eso, las autoridades subrayan que prevenir el daño es más eficaz que intervenir después. Entre las amenazas citadas por el Ejecutivo están las anclas de embarcaciones que arrastran y fragmentan la pradera, vertidos fecales y contaminantes que alteran el equilibrio ecológico, y las consecuencias del calentamiento de las aguas sobre la resistencia de las plantas. En los últimos años se han documentado episodios de degradación graves en puntos del Mediterráneo, que han alertado a científicos y conservacionistas.

En el comunicado del Ministerio se defiende que las restricciones permitirán compatibilizar actividades náuticas y económicas con la conservación, gracias a tecnologías de amarre menos intrusivas y a la planificación de usos. Organizaciones medioambientales llevan años reclamando un marco normativo más estricto para proteger la posidonia, y la aprobación del decreto se presenta como una respuesta institucional a esas demandas. Las autoridades costeras y los ayuntamientos deberán ahora adaptar ordenanzas y planes locales para incorporar las nuevas obligaciones. La coordinación entre administraciones será clave para que las medidas sean efectivas en el litoral.

Desde el punto de vista jurídico, la norma limita el establecimiento de infraestructuras nuevas en zonas de pradera y regula actividades potencialmente contaminantes, en línea con la necesidad de preservar hábitats de interés comunitario. La protección reforzada podría influir en proyectos pendientes de permisos o autorización administrativa, que deberán someterse a las nuevas exigencias ambientales. El decreto también prevé mecanismos de seguimiento que permitan valorar su eficacia y, si procede, ajustar las medidas con base en la evidencia científica. Se abre así una fase de implementación y control por parte de las autoridades marítimas y ambientales.

Fuentes del ministerio señalan que, además de las prohibiciones y limitaciones, se impulsarán programas de restauración y campañas de sensibilización entre usuarios del mar para reducir impactos directos. El reto será articular soluciones técnicas y de gestión que permitan a empresarios, deportistas y comunidades locales convivir con la conservación de estos bienes comunes. Si las medidas se aplican con rigor, el decreto aspira a frenar la pérdida de praderas y a recuperar, con el tiempo, la capacidad de estos ecosistemas para ofrecer servicios ambientales esenciales. En los próximos meses se esperan desarrollos normativos y mapas que concreten las áreas sometidas a protección reforzada.