El Gobierno ha enfriado la posibilidad de volver a imponer descuentos obligatorios en el precio de los carburantes y se inclina por aplicar rebajas fiscales de carácter temporal y focalizadas para mitigar el impacto de la reciente subida de precios. La decisión, adelantada el 12 de marzo de 2026, responde a la escalada de la tensión en Oriente Medio que ha disparado la volatilidad en los mercados energéticos y elevado el coste de la gasolina y el diésel en España. Fuentes del Ejecutivo aseguran que todas las opciones siguen sobre la mesa, pero que la preferencia actual es actuar mediante ajustes impositivos que puedan implementarse con mayor rapidez y menor complejidad administrativa. La medida pretende proteger tanto a los consumidores como a sectores productivos particularmente vulnerables.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció en la ronda de contactos con agentes sociales y representantes de los distintos sectores económicos que la mayoría de interlocutores piden no recuperar las bonificaciones directas en el surtidor, como las aplicadas durante la crisis por la invasión de Ucrania. Según el responsable económico, esas fuentes consideran que las rebajas fiscales son más sencillas de ejecutar y menos proclives a generar problemas prácticos en la cadena de suministro y en la facturación de las estaciones de servicio. El Ejecutivo mantiene, no obstante, la opción de combinar instrumentos si la evolución de los precios y la presión social lo requieren.

Por el momento, el Gobierno estudia fórmulas que abarcarían reducciones temporales en los impuestos que gravan los carburantes, con el objetivo de aliviar el precio final sin tener que establecer descuentos obligatorios en toda la red. La experiencia previa con la bonificación de 20 céntimos por litro durante la crisis anterior sirve como referencia sobre el coste presupuestario y los efectos indirectos de intervenir en el surtidor, pero también muestra la eficacia de medidas urgentes para contener los precios a corto plazo. Las alternativas que manejan los técnicos incluyen ajustes selectivos que beneficiarían de manera preferente a quienes más dependen del combustible en su actividad económica.

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Los sectores que el Gobierno contempla proteger de forma prioritaria son la agricultura y el transporte por carretera, considerados los más expuestos a un encarecimiento prolongado del carburante. Organizaciones agrarias y asociaciones de transportistas han transmitido en las reuniones su preocupación por el aumento de costes operativos, que repercute directamente en la rentabilidad y en los precios finales de productos básicos. El Ejecutivo quiere, según fuentes cercanas, articular medidas que combinen alivio fiscal con criterios de focalización para evitar que los apoyos acaben beneficiando de forma generalizada a consumidores que no los necesitan con la misma urgencia.

Una de las razones que explican la preferencia por las rebajas fiscales es la agilidad administrativa: alterar tipos impositivos o articular devoluciones desde la Agencia Tributaria suele requerir menos trámites que implementar descuentos obligatorios en cada estación de servicio y supervisar su cumplimiento. Además, desde el punto de vista político y presupuestario, el Gobierno valora la posibilidad de limitar la vigencia de las medidas a los meses más críticos y condicionar los apoyos a criterios sectoriales o territoriales. Esa flexibilidad resulta atractiva ante la incertidumbre sobre la duración de la crisis geopolítica y la reacción de los mercados.

La posible apuesta por medidas fiscales abre también el debate sobre el coste para las cuentas públicas y el impacto sobre la recaudación, algo que el Ejecutivo medirá frente a la necesidad de contener la inflación y proteger el poder adquisitivo. Economistas consultados en anteriores crisis alertan de que intervenciones prolongadas pueden aumentar el déficit si no van acompañadas de ahorro en otras partidas o de medidas compensatorias. El Gobierno, con la vista puesta en mantener la estabilidad macroeconómica, busca un equilibrio entre alivio inmediato y sostenibilidad fiscal.

En el terreno del mercado, la escalada bélica en Oriente Medio ha alimentado la subida del petróleo y la presión sobre los precios en las gasolineras, con estaciones en algunas localidades españolas donde la gasolina ya supera los dos euros por litro. Ese contexto alimenta la demanda ciudadana de respuestas rápidas por parte de las autoridades, pero también complica la previsión sobre la duración del alza internacional y sus efectos domésticos. El Ejecutivo insiste en que la coordinación europea y las decisiones de los principales productores seguirán marcando la evolución de los precios a corto plazo.

El calendario que maneja el Gobierno pasa por seguir las conversaciones con sindicatos, patronales y asociaciones sectoriales durante las próximas semanas para cerrar un paquete de medidas consensuado y con carácter temporal. Fuentes del Ejecutivo insisten en que no se descarta ninguna herramienta si la situación empeora, aunque la inclinación actual favorece ajustes fiscales dirigidos a los sectores más golpeados. En cualquier caso, la incertidumbre internacional obliga a mantener la flexibilidad en la respuesta y a preparar respuestas que sean rápidas, eficaces y focalizadas.