Los abogados de los padres acusados en el juicio por el caso conocido como la llamada «Casa de los horrores» de Fitoria (Oviedo) afirmaron este jueves que el Estado y la propia sociedad han fallado tanto a los menores como a sus progenitores, y sostienen que la vía penal se ha usado de forma prematura y dañina. El proceso, que se celebra en la Audiencia Provincial de Oviedo, se encuentra en una fase decisiva: la declaración de los dos acusados y la práctica de las últimas pruebas periciales. Los acusados, un hombre de nacionalidad alemana y una mujer estadounidense, pasaron casi cuatro años aislados con sus tres hijos menores en un chalet de Fitoria y se enfrentan a una petición de pena que la defensa considera desproporcionada.

La defensa calificó de excesiva la actuación institucional que llevó a la intervención policial y al inicio de un procedimiento penal, cuando, según sus abogados, deberían haberse explorado otras respuestas sociales y administrativas. «La primera respuesta fue penal y eso fue un error», dijo a la entrada del juicio Javier Muñoz, letrado de la madre, quien remarcó que la llegada de las fuerzas de seguridad y el subsiguiente proceso judicial no hicieron sino agravar la situación de los menores y de la propia familia. Para Muñoz, la solicitud fiscal de 25 años de prisión resulta desmesurada en relación con los hechos que se les imputan.

Los acusados, un hombre de 53 años y una mujer de 48, declararán en inglés con apoyo de intérprete, previsiblemente en la sesión que ha centrado la atención de la jornada. Las defensas consideran que esa intervención es clave para que ambos puedan exponer su versión con detalle y sin el sesgo que, sostienen, marcó la fase de instrucción. Según los abogados, durante la investigación inicial pesó el relato y la valoración que hicieron los primeros agentes que acudieron al domicilio, una visión que habría condicionado la mentalidad con la que se abordó el caso.

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La abogada del padre, Elena González, aseguró a su llegada a la Audiencia que las pruebas practicadas en la vista oral refuerzan la tesis de inocencia de sus patrocinados y que, tras la declaración de los acusados, apenas restarán actuaciones para cerrar la causa. González explicó que únicamente quedan por resolver la pericial de la psicóloga clínica, el interrogatorio de los procesados y los alegatos finales de las partes, con lo que el juicio estaría en su recta final. Para la defensa, la acumulación de pruebas practicadas en la sala ha permitido matizar y corregir la version inicial que ofreció la Policía Local.

La fiscalía mantiene, sin embargo, una interpretación contraria y ha solicitado penas elevadas por los delitos que atribuye a la pareja, basándose en el presunto aislamiento prolongado de los menores entre 2018 y 2022. La acusación considera que las condiciones de vida en el chalé de Fitoria supusieron un grave menoscabo para el desarrollo de los niños, que hoy están bajo protección. En el juicio, los expertos llamados por la acusación han descrito elementos que, a juicio de la fiscalía, corroboran la existencia de esa situación de privación y aislamiento.

Las defensas replican que los elementos probatorios han sido interpretados de forma sesgada desde el inicio y que muchas de las afirmaciones que dieron lugar a la apertura del procedimiento penal no resisten un examen riguroso en la vista oral. Alegan que las pruebas practicadas en sala han mostrado matices y contextos que no se incluyeron en la presentación inicial del caso, y que la actuación social y administrativa habría sido la vía adecuada para abordar los problemas familiares. Afirman asimismo que la exposición mediática y el dramatismo del relato público han complicado aún más la posición de los acusados.

Durante las sesiones previas se han escuchado a profesionales y peritos que evaluaron el estado de los menores y las circunstancias del hogar, y sus informes serán determinantes para los argumentos definitivos de ambas partes. Las periciales psicológicas, en especial la realizada por la psicóloga clínica citada por la defensa, cobran relevancia por su capacidad para valorar el impacto en los niños. La sala deberá ponderar ahora esas valoraciones frente a las pruebas documentales y testimoniales aportadas por la fiscalía.

El juicio, que ha atraído la atención pública por la dureza de las acusaciones y por las condiciones en las que presuntamente vivieron los menores, continúa con la tensión entre una Fiscalía que reclama sanciones severas y unas defensas que piden una lectura más amplia de responsabilidades institucionales. Con la declaración de los acusados y las últimas pruebas pendientes, la vista entra en su fase decisiva, y la resolución que adopte la Audiencia marcará el cierre de un proceso que ya ha puesto en el debate público la respuesta de las instituciones ante situaciones familiares complejas.