La Agencia Tributaria ha anunciado que reforzará durante 2026 el control sobre los establecimientos que no aceptan pagos con tarjeta como parte de su Plan de control tributario y aduanero, publicado el 12 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo es detectar ventas en efectivo no declaradas y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en comercios de todo el país. La medida se enmarca en una estrategia más amplia contra la economía sumergida y se aplicará de manera prioritaria a determinados sectores y a contribuyentes con indicadores de riesgo. Hacienda justifica la actuación por la persistencia de conductas que facilitan el fraude y la elusión fiscal.

El plan identifica expresamente dos ámbitos considerados estratégicos: el comercio electrónico y las actividades vinculadas a la construcción e inmobiliaria, que, según el Ministerio, presentan riesgos fiscales específicos. En el sector inmobiliario, la inspección incidirá en cuestiones como la deducción indebida de gastos financieros, la utilización abusiva de subcontratas y la correcta valoración de inmuebles en el momento de su transmisión. En paralelo, el arrendamiento de viviendas, especialmente cuando se gestiona a través de plataformas digitales, será objeto de supervisión reforzada para comprobar la adecuada declaración de ingresos y para detectar alojamientos usados con fines distintos a los declarados, en especial el alquiler turístico.

Entre las prioridades del organismo figura la atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta, un indicador que Hacienda considera útil para localizar posibles ventas en efectivo no registradas. La medida persigue tanto comercios con volumen de caja significativo como pequeños negocios cuyo patrón de cobros no se corresponde con la actividad declarada. Además de las inspecciones físicas, la Agencia Tributaria utilizará cruces de información y análisis de datos para identificar discrepancias entre consumo, facturación y patrimonio. La iniciativa pretende reducir la ventaja competitiva que, según el Gobierno, disfrutan quienes operan al margen del sistema fiscal.

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El plan recoge también un refuerzo de la vigilancia sobre sociedades instrumentales y estructuras societarias utilizadas para eludir impuestos, así como el control de grupos empresariales cuyos ingresos resulten «llamativamente» bajos en relación con su estructura y actividad. Asimismo, se atiende al fraude en la matriculación de vehículos en otros países, un fenómeno que, subraya el texto oficial, puede servir para reducir gravámenes y esquivar obligaciones fiscales. Estas líneas de actuación se suman a los habituales procedimientos de inspección, ampliando el catálogo de señales de alarma que permiten a Hacienda priorizar actuaciones.

La Agencia Tributaria pone además el foco en nuevos modelos de negocio surgidos en redes sociales y plataformas digitales, donde proliferan ventas y prestaciones de servicios cuyo tratamiento fiscal no siempre está claro. El organismo verificará la residencia fiscal de los creadores de contenido y vendedores online, así como la correcta integración de sus ingresos en la declaración del IRPF o en el impuesto sobre sociedades. Entre las razones de esta atención especial, Hacienda cita la atomización de operaciones, la utilización de canales digitales y la posible prevalencia de pagos en efectivo o por vías no trasparentes.

En el ámbito operativo, el plan contempla una gestión más intensa de la información que aportan terceros, como entidades financieras, plataformas de alquiler y operadores digitales, y la coordinación con otras administraciones e instituciones. La Agencia Tributaria pretende así agilizar el intercambio de datos y aplicar técnicas de análisis avanzado para detectar patrones irregulares. Estas herramientas permitirán, según el documento, focalizar las inspecciones en los supuestos de mayor riesgo y minimizar la carga sobre contribuyentes cumplidores.

La repercusión de estas medidas afecta tanto a grandes empresas como a autónomos y pequeños comercios, y obliga a los profesionales a revisar sus sistemas de cobro y registro contable. En localidades como Lugo se observa una creciente implantación de datáfonos incluso para importes simbólicos, una tendencia que refuerza la posibilidad de fiscalizar pagos y reduce el recurso al efectivo. Para los negocios que aún no aceptan tarjeta, la intensificación de controles supone la necesidad de justificar sus prácticas de cobro y mantener una trazabilidad adecuada de las operaciones.

El plan de 2026, según Hacienda, pretende equilibrar la batalla contra el fraude con la protección de los derechos de los contribuyentes y la eficiencia en la actuación inspectora. Las inspecciones anunciadas buscarán identificar irregularidades, pero también disuadir comportamientos que distorsionan la competencia en el mercado. Para las empresas y profesionales, la recomendación implícita es adaptar sus sistemas y documentación a la normativa vigente para evitar sanciones y contribuir a una economía más transparente.