El Ayuntamiento de Monforte se enfrenta a un desembolso de cerca de 900.000 euros tras la reclamación de una familia propietaria de una finca de 2.200 metros cuadrados en el monte San Vicente. La ley ampara la solicitud de expropiación, que se remonta a 2020 y ya cuenta con resolución firme, aunque el Consistorio ha recurrido la valoración fijada por la Comisión Académica encargada de tasar los bienes.
Un procedimiento que arrancó en plena pandemia
Todo empezó el 19 de octubre de 2020. Ese día, la familia solicitó al Consistorio la apertura de un procedimiento de expropiación automática amparado en el artículo 86 de la Lei do Solo de Galicia. El motivo: sus parcelas quedaron afectadas por determinaciones urbanísticas que impiden urbanizarlas, una carga que la norma reconoce con derecho a compensación.
No es una afectación reciente ni puntual. Los terrenos arrastran restricciones desde las normas subsidiarias de planeamiento de 1987, y después también quedaron sujetos al plan especial de protección del conjunto histórico de la ciudad. Casi cuatro décadas de limitaciones que ahora la propiedad reclama monetizar. Demasiado tiempo para muchos propietarios gallegos que viven situaciones similares.
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Conoce más →La batalla por la cifra
Lo cierto es que el procedimiento administrativo, pese a lo largo que ha sido, ya ha alcanzado la firmeza de resolución. La controversia se centra en el precio. La Comisión Académica encargada de valorar los bienes fijó el importe mediante la figura denominada Ministerio de la Ley, y el Ayuntamiento, según recoge la prensa local, recurrió la decisión al no compartir la tasación resultante.
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Hosting WordPress →La primera teniente de alcalde y responsable de Hacienda local ha sido la encargada de llevar la voz del gobierno municipal en este asunto, solicitando la revisión de los importes. Sin embargo, el escrito de reclamación presentado en nombre propio y en representación de los hermanos propietarios recuerda que el amparo legal es claro: la expropiación forzosa por vía automática procede cuando las determinaciones urbanísticas hacen imposible el aprovechamiento del terreno.
El monte San Vicente, bajo la sombra del Parador
La zona en litigio no es cualquier rincón del municipio. El monte San Vicente corona Monforte, con la Torre da Homenaxe y el Parador como hitos visibles desde prácticamente toda la Ribeira Sacra. Un emplazamiento así, dentro del entorno del conjunto histórico, explica tanto las restricciones urbanísticas como el elevado valor asignado a los terrenos.
A nadie se le escapa que este caso se suma a los retos de conservación que arrastra el patrimonio monfortino. La propia muralla medieval de la ciudad permanece pendiente de atención, según se ha señalado en fechas recientes. Patrimonio protegido y propiedades afectadas por protección forman un binomio incómodo para las arcas municipales.
El interés público detrás del pleito
Más allá del caso concreto, la cuestión toca un problema estructural del urbanismo gallego. Miles de fincas en toda la comunidad quedan afectadas por planeamientos que congelan su uso, y la Lei do Solo de Galicia ofrece a los propietarios una herramienta para reclamar esa pérdida de aprovechamiento. Cuando el propietario la activa, el ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado: debe pagar o devolver la edificabilidad al terreno.
Para las arcas de un municipio de tamaño medio como Monforte, casi un millón de euros no es una cantidad menor. La cifra habla por sí sola. Y la pregunta que flota en el aire es cuántos expedientes similares podrían venir detrás, porque si una familia ha logrado activar la expropiación automática, otras propiedades afectadas desde 1987 podrían seguir el mismo camino.
¿Están preparados los ayuntamientos gallegos para asumir el coste de sus planeamientos de hace cuarenta años? La respuesta, en Monforte, ya tiene un precio: 900.000 euros.
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