Las asociaciones de víctimas de abusos sexuales infantiles han enviado una carta al líder del Partido Popular para solicitarle una reunión urgente y reclamar que su grupo respalde la imprescriptibilidad de estos delitos en el Congreso. La misiva, enviada en los últimos días y registrada ante la dirección nacional del partido, responde a la preocupación por una enmienda del PP a la norma impulsada desde Cataluña que propone limitar los plazos para denunciar. Los firmantes avisan de que, si se aceptan las modificaciones populares, la iniciativa quedaría diluida y no resolvería lo que definen como un problema de justicia y reconocimiento para las víctimas.

El escrito está firmado, entre otros, por Miguel Hurtado, primer denunciante del conocido como ‘caso Montserrat’ y portavoz del colectivo promotor de la llamada ley de la imprescriptibilidad. Hurtado reclama una audiencia personal con Alberto Núñez Feijóo y su equipo, a imagen del encuentro que mantuvieron con el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia tras la presentación de un acuerdo con la Iglesia sobre mecanismos extrajudiciales de reparación. En aquella reunión, los interlocutores del Ejecutivo se comprometieron a escuchar las demandas de las víctimas; ahora éstas buscan el mismo canal con la dirección del principal partido de la oposición.

La polémica se centra en la enmienda que el PP ha presentado a la norma catalana, conocida como ley del ‘derecho al tiempo’, y que está siendo tramitada en el Congreso porque supone una reforma del Código Penal. El grupo popular rechaza que los delitos sexuales contra menores no prescriban de forma absoluta y plantea un sistema con topes temporales: permitiría denunciar violaciones infantiles hasta los 60 años —y hasta los 65 en los casos más graves—, mientras que en el caso de adolescentes de 16 y 17 años víctimas de agresiones sin penetración el límite se reduciría a los 50 años.

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Para las víctimas, esa fórmula supone una merma frente a la petición de imprescriptibilidad que impulsa la iniciativa catalana. En la carta expresan su temor a que una ampliación de plazos sin abolición de la prescripción acabe siendo un parche que traslade el problema a futuras legislaturas, una dinámica que, aseguran, ya se vio con la llamada ‘ley Rhodes’, que en el periodo anterior elevó los márgenes de denuncia hasta situarlos entre los 40 y los 55 años según la gravedad.

El colectivo reclama además que el PP alcance un pacto de Estado con el PSOE, partido que públicamente defiende la imprescriptibilidad aunque, según las víctimas, ha presentado enmiendas que rebajan la ambición de la propuesta catalana. Los firmantes subrayan la necesidad de un acuerdo amplio que no deje la cuestión a vaivenes partidistas y que garantice la reparación y el acceso a la justicia sin depender de la fecha en que se produjo el delito.

La iniciativa impulsada en el Parlament catalán busca precisamente que determinados delitos sexuales contra menores dejen de prescribir, una fórmula que las asociaciones consideran imprescindible para víctimas que, por razones de edad, miedo o control, tardan décadas en denunciar. La tramitación en Madrid ha abierto un debate jurídico y político sobre cómo conciliar el derecho de las víctimas a la reparación con las garantías procesales y la seguridad jurídica que alegan los críticos.

Las movilizaciones y concentraciones de víctimas ante el Congreso han puesto la cuestión en el foco público y las organizaciones sostienen que su objetivo es presionar para que la normativa que finalmente llegue a las Cortes no devuelva el problema a la casilla de salida. En su carta recuerdan el coste personal que ha supuesto para muchos supervivientes sacar adelante sus denuncias y piden medidas que eviten que el paso del tiempo les cierre las puertas de la justicia.

Por el momento, el PP mantiene su enmienda y no consta que haya aceptado la solicitud de reunión, mientras que los plazos de tramitación en el Congreso fijarán el calendario político de la discusión. Las víctimas insisten en que cualquier reforma del Código Penal debe ser evaluada también desde la óptica de la reparación y la protección de menores, y advierten de que seguirán reclamando un debate parlamentario que permita avanzar hacia una solución de consenso.